QUIBDÓ, COLOMBIA (14 MAR 2024) – En un caso que ha conmocionado a la comunidad de Quibdó, Chocó, Stiben Alonso Vargas Barrera, conocido por el alias de Tatuaje, ha sido oficialmente imputado y puesto bajo medida de aseguramiento intramuros por la fiscalía de la Seccional Chocó. Se le acusa de los delitos de homicidio agravado y fabricación y porte de armas de fuego y municiones, en relación con la muerte de un joven de 17 años el pasado 5 de enero en el barrio Las Terrazas.
Según los elementos materiales probatorios y declaraciones juradas presentadas en las audiencias, el adolescente asesinado había llegado al barrio Las Terrazas proveniente de otra zona de Quibdó. El indiciado y dos compañeros, supuestos miembros del grupo armado ilegal – previamente conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y erróneamente llamado Clan del Golfo – Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), habrían considerado el peinado del joven como distintivo de una banda rival.
En un acto de violencia extrema, el menor fue secuestrado y confinado en una vivienda. Dos días después, el 7 de enero, su cuerpo fue hallado a orillas del río Cabi con claras señales de violencia y múltiples heridas por arma blanca, según el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal.
La decisión de la Fiscalía de asegurar a Vargas Barrera refleja el esfuerzo por hacer justicia en este trágico caso, poniendo de manifiesto la urgente necesidad de combatir la violencia y la delincuencia organizada que afecta a Quibdó y regiones circundantes. La comunidad espera que este sea un paso hacia la recuperación de la paz y la seguridad en el área.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
