Por Juan Pablo Sepúlveda.
No, Uribe no va a ir a la cárcel. La decisión de la Corte Suprema de Justicia, no obstante, asegura que el senador va a encarar un proceso largo y que no va a poder evitar las cortes.
Tarde pero llegó. Aun con pruebas concluyentes como audios y videos, la Corte Suprema, máxima instancia jurídica colombiana, tardó un año para tomar la decisión de decretar medida de aseguramiento contra Uribe.
El senador podrá pasar este proceso en su residencia sin tener esposas ni barrotes, pero la decisión que comunica la corte implica que, como lo explica la abogada Angélica Díaz se cumplieron las condiciones para que Uribe o «no obstruya a la justicia, o no constituya un peligro para la sociedad o las víctimas o para evitar que no comparezca al proceso».
Otro abogado con experiencia en procesos penales, Jerónimo Quitero, opina que el de Uribe ha sido un proceso judicial tortuoso, cuyas decisiones «no han estado apegadas al derecho, y cuya mayoría de pruebas ha sido invalidad por tecnicismos».
Quintero también opina sobre todo este asunto que, desde la rama judicial, se ha manejado como si fuera una telenovela. El tiempo de la corte para dar a conocer las decisiones, dice Quintero, no ha sido el ideal, y quizás incluso se han usado a manera de jugada política para las emociones en la opinión pública. También hay que decir que en su vida política, Álvaro Uribe ha sido tratado con un fuero insólito que lo ha hecho esquivar las cortes varias veces ya.
El problema de fondo con todo esto para Quintero es que va a ser un proceso jurídico lleno de curvas, y sea Uribe declarado inocente o culpable la Corte Suprema sufrirá un proceso de desgaste que quizás la dejará sin gasolina para seguir los demás procesos que puedan adelantar contra otras personas luego de las declaraciones de Uribe en las cortes.
«En otro país, un presidente (Duque) habría respaldado a la corte así le estuvieran juzgando a la mamá. Aquí el presidente tampoco ayuda», concluye Quintero.
Pero y… ¿el presidente qué?
Iván Duque, como lo ha hecho en ocasiones previas, se manisfestó asegurando que defiende la «honorabilidad» de Uribe. Esto puede ser una declaración prudente porque su mentor aún cuenta con la presunción de inocencia, pero también demuestra un problema de fondo que tiene que ver con la gobernabilidad del actual presidente.
La crisis de gobernabilidad que se avizora no tiene que ver solo con las inclinaciones políticas de Duque —que ya son evidentes hace años—, sino con que una sola declaración para defender a Uribe, Iván Duque como presidente contradice a la corte más poderosa que tiene el país.
Aquí, una vez más, se puede venir una crisis de poderes en Colombia y un choque de caminos entre la rama judicial, la legislativa y la ejecutiva.
Emociones de un país pasional
Por supuesto, es de esperarse que una decisión así provoque un huracán en las emociones de los colombianos. Por un lado están quienes quieren defender Uribe hasta las últimas consecuencias, y por el otro están quienes parecen desear que al senador se le mande al paredón sin si quiera un juicio.
Desde que se conoció la noticia, se produjeron las ya normales en Twitter gente amenazando con armarse. Líderes de opinión celebrando la decisión como si Álvaro Uribe no fuera un ciudadano colombiano con derechos y garantías, y como si el sistema penitenciario y jurídico del país no estuviera casi podrido para Uribe o para cualquier otro ciudadano.
También, claro, han aparecido en las redes sociales aquellos líderes de opinión que sugieren resolver las cosas al estilo colombiano: plomo y olvido. Y no, así tampoco es.
Ya por otro lado, una acérrima defensora de Uribe como lo es Paloma Valencia, sugirió de manera acertada que el expresidente fuera a la Jep. Es cierto, Uribe puede solicitar que su proceso se lleve en la Jurisdicción Especial de Paz, pero bien es cierto que eso lo podría haber hecho hace años.
