El concejal del municipio de El Bagre por el Partido de la U, Julio César Sampayo Llorente, fue objeto de amenazas de muerte que lo obligaron a abandonar la localidad para proteger su vida y la de su familia.
El pasado jueves 11 de octubre, a través de una llamada telefónica, un hombre que se presenta con el alias de “Jerónimo Valencia, afirmando ser el comandante del Bloque Nororiental del Ejército de Liberación Nacional, ELN, le comunicó que antes de las 14:00 horas del mismo día debía abandonar el municipio y cesar en el trabajo que desarrolla como concejal, que ha tenido entre sus principales funciones el control político y las denuncias sobre presuntos hechos de corrupción, especialmente del actual alcalde de El Bagre, Ángel Mesa Castro.
Mesa Castro, quien fue elegido en octubre de 2015, está siendo investigado disciplinariamente en la Procuraduría Provincial de Yarumal por haber realizado la concesión del alumbrado público, estando cuestionada la transparencia del negocio.
El concejal Sampayo Llorente ha hecho peticiones de información a diferentes entes descentralizado del municipio de El Bagre, entre ellas la ESE Hospital Nuestra Señora de El Carmen y la Empresa Aguas de El Bagre (administra Acueducto, Alcantarillado y Aseo), para realizar debates de control político sobre presuntos actos de corrupción.
Recientemente, según denunció el concejal, se encontraba indagando por la concentración de la contratación pública en la alcaldía, en donde aparece como contratista Gonzalo Alberto Londoño Rendón, quien desde el año 2016 al parecer ha acaparado los contratos de suministros, servicio de transporte y papelería.
Actualmente el Concejo de El Bagre se encuentra discutiendo el proyecto de acuerdo –presentado por el alcalde-, quien solicita se le otorguen “facultades” para “conformar una empresa prestadora del servicio de aseo público-privada”, en donde el municipio tendría el 30 % y el “socio privado/operador estratégico” el 70 %.
Este proyecto habría sido presentado meses atrás a la corporación, siendo estudiado por la comisión integrada por los concejales Julio Sampayo Llorente y Jorge Eliécer Isaza, quienes dieron un concepto negativo para que el proyecto fuera archivado, al no haber estudios de costos que sustentaran el negocio que el alcalde buscaba celebrar.
Aunque el concejal ya puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación dichas amenazas, y notificó a la Unidad Nacional de Protección su riesgo, no ha podido asistir de manera presencial a las sesiones extraordinarias en donde se socializada el proyecto, por lo que su participación ha sido vía telefónica.