Redacción Análisis Urbano
A diez meses del asesinato de Viviana Agudelo Zapata, edil de la Junta Administradora Local (JAL) de San Antonio de Prado, corregimiento de Medellín, otro edil vuelve a ser amenazado por pedir fortalecer la seguridad en este territorio.
En su papel de líder comunitario, Brahian Alexis Bedoya Muñoz, un joven de 19 años que también fue electo para hacer parte de la JAL de San Antonio de Prado, asistió el pasado domingo, 21 de febrero, a la reunión que sostuvo el Alcalde Federico Gutiérrez y su gabinete con la comunidad del corregimiento, con el fin de discutir el plan de desarrollo de los próximos cuatro años.
En el encuentro, Brahian, que también es el coordinador de la mesa de Gobernabilidad, le manifestó al alcalde Gutiérrez la necesidad de reforzar la seguridad del territorio y de aumentar presencia de la fuerza pública en el corregimiento. El edil hizo esta petición en público, lo cual le valió una amenaza al cerrar el día.
Después de terminado el evento y de haber tertuliado un poco con los amigos, pasadas las 11 de la noche, Brahian regresó a su casa ubicada en el barrio Palo Blanco, y justo cuando estaba a tres casas de su vivienda, fue interceptado por dos sujetos en una moto que lo cercaron y, sin quitarse los cascos, lo amenazaron: “Si va a seguir ‘güevoniando’ con esos temas, avise. Nosotros sabemos usted qué hace desde por la mañana hasta por la noche. Sabemos que se relaciona con soldados y policías. Si no renuncia a esos temas, su familia lo va a tener que ir a rezar”.
Esto le dijeron a Brahian mientras lo arrinconaban con una moto DT roja, cuyas placas no pudo ver. Cuando terminaron, el edil salió de la encerrona por un lado de la moto y se dirigió a su casa al mismo tiempo que los dos sujetos pusieron la moto en marcha y desviaron por un callejón.
Edil, amenazado y sin protección
Al día siguiente de la amenaza, el lunes 22 de febrero, Brahian fue a renunciar a su trabajo, cuya empresa está ubicada en el parque central del corregimiento. Fue retirarse en silencio para poderse ir del barrio, a nadie había dado aviso de la amenaza por temor a represalias. No obstante, y aún sin comentar que se iba del territorio, esa misma noche se reunió con otros líderes comunales para discutir algunos proyectos.
Al martes siguiente, con la cabeza un poco más fría, se dirigió a hablar con una abogada del corregidor para que le orientara sobre qué hacer y ésta le aconsejó que fuera a hablar con el teniente Alejandro Rivas ubicado en la estación de policía de San Antonio de Prado. El edil así lo hizo.
Al salir de la casa de gobierno local se dirigió a la estación de policía y denunció su situación al teniente Rivas; como respuesta, el uniformado le dijo: “¿Cómo así, hermano? Cuídese. Pero no le esté diciendo esto a nadie, no haga bulla con esto. Cuídese”.
Brahian, preocupado, regresó nuevamente en la noche para hablar con el teniente Rivas y no obtuvo recomendación diferente a “cuídese”. “Aunque se veía preocupado, el teniente no me recomendó ni siquiera que pusiera una denuncia”, manifiesta, con asombro, el edil en entrevista con Análisis Urbano.
Esa noche, en su casa y sin aguantar más, el joven le contó a su mamá sobre las amenazas y esta rompió a llorar. Desesperado, llamó a Carlos Hurtado, edil de la comuna diez, y le contó la situación; el colega, en acto coherente, le dijo que sin perder tiempo al día siguiente se reunieran para entablar la denuncia.
Al miércoles, 24 de febrero, se dirigieron hacia la Alcaldía y llegaron al despacho del Secretario Privado del Alcalde y la guardia no los dejó pasar. Los integrantes de la JAL le comunicaron la amenaza y, como respuesta, el guardia contestó: “Tienen que pedir una cita para hablar con el secretario”. El edil Carlos Hurtado, enojado, dijo: “¡Listo! Pero si algo le pasa a este muchacho que quede constancia de que vinimos a tocar puertas y no nos abrieron”.
Como no obtuvieron respuesta, se encaminaron hacia las instalaciones del Concejo Municipal y les comentaron la situación a los seis concejales del Centro Democrático, ya que este es el partido que respaldó sus candidaturas como ediles en sus respectivas JAL. No obstante, todos le dijeron lo mismo: cuídese. Jaime Mejía, aparte de “cuídese”, agregó que iba a denunciar el problema en el debate que estaba por iniciar, pero no lo hizo. Ninguno de los políticos buscó a Brahian después de la sesión del Concejo.
Juan Carlos Vélez Uribe, ex candidato a la Alcaldía de Medellín por el Centro Democrático, fue el único que denunció y lo hizo en las redes sociales:
Ese mismo miércoles, casi a las 4 de la tarde, Brahian Alexis Bedoya, el edil amenazado, sin que nadie lo hubiera orientado formalmente, se dirigió a la Fiscalía e interpuso la denuncia formal que fue registrada por la fiscal Alba Lucía González Restrepo.
La copia de la denuncia, la cual está en posesión de Análisis Urbano, está mal diligenciada lo cual demuestra la negligencia de la Fiscalía para atender los casos de las personas amenazadas, incluso cuando se trata de personas que representan a comunidades enteras y que fueron elegidas por voto popular, como es el caso de Brahian.
El documento registra el 13 de octubre de 2015 como fecha de comisión de los hechos y los ubica en el barrio El Limonar, pese a que el edil denunciante deja claro en el “relato de los hechos” que estos ocurrieron el 21 de febrero de 2016 y en el barrio Palo Blanco. La copia de la denuncia no la entregaron firmada ni por la fiscal que registra ni por el funcionario que recibe la denuncia, acto negligente que Brahian, de 19 años, y poco conocedor de este tipo de trámites, se inhibió de reclamar.
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“Vaya y mire que la poliza del seguro la esté cotizando”
El jueves 25 de febrero, Brahian se dirigió a la Secretaria de Participación Ciudadana para comentar su caso y el funcionario que lo atendió le dijo: “Muy mal hecho que le dijeran a Juan Carlos Vélez y que el ‘tuiteara’ la amenaza. Muy mal hecho”. El edil, confundido, preguntó por qué y el funcionario agregó que esto alertaría a los “muchachos” de allá y estos podrían tomar represalias.
Cuando salieron de la Secretaria, se toparon con Juan de Dios Graciano, Subsecretario de Organizaciones Sociales, y este le dijo a Brahian: “Va a sonar muy feo y todo, pero es la verdad. Vaya y mire que la poliza de seguro (seguro de vida) la esté cotizando. Y que esté al día en salud y pensión”.
Brahian se asustó más, la poliza a la que se refirió el subsecretario Graciano es el seguro de vida que adquieren todos los ediles, valorado en 300 millones de pesos; este monto iría a la familia en caso de que al edil le sucediera algo.
De ahí se dirigió a la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde relató los hechos, y luego partió a la Personería, pero antes atendió la llamaba al celular que le hizo una teniente de la policía y que lo citó al comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval) a las 3 de la tarde.
En la personería le dieron una cita para el día siguiente. En la Meval no lo atendió la teniente que lo citó sino el subintendente de Derechos Humanos, el cual le dio un documento que contiene una serie de medidas de seguridad personal para seguir “en su residencia”, “en la calle”, “ante el secuestro”, y unas recomendaciones “en caso de un posible secuestro”. Circular informativa que Brahian debía comprometerse a seguir y a dejarlo manifiesto por medio de su firma en el texto.
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El subintendente le dijo que iba a repartir esas circulares en la estación de policía de San Antonio de Prado y que iba a informar a los compañeros de allá de la situación del edil para que le dieran acompañamiento.
“Venga en estos días que estemos más desocupados”: Fiscalía
El viernes 26 de febrero, Brahian asistió a la cita con la Personería y allí le dijeron que pasara al Colegio Mayor a reclamar una asistencia humanitaria que le daba el gobierno por su desplazamiento forzado (desde el miércoles 23 de febrero no sube a su barrio), la cual consistía en un mercado y 90 mil pesos.
Acto seguido, el edil se dirigió a la Fiscalía a reclamar la orden para medidas de protección, papel que no le dieron el día que interpuso la denuncia formal y por eso se acercó el viernes a reclamarlo. Alba Lucía González Restrepo, quien figura en la copia como fiscal que registró la denuncia del edil, le dijo que esperara un momento. Al poco tiempo, la funcionaria regresó y esta vez le manifestó que en ese momento no le podía entregar ese papel.
Brahian, preocupado, le dijo que lo necesitaba urgente, que si no había otro fiscal o funcionario que se lo pudiera entregar. La fiscal contesto: “Acá todos los casos son urgentes. Venga en estos días que estemos más desocupados”, y con eso cerró la conversación y el joven edil se retiró del lugar.
Ese mismo viernes tenía reunión con Héctor Henry Ramírez, coordinador de Unidad Nacional de Protección (UNP) en Medellín, pero ante la demora de Brahian en la Fiscalía, Ramírez le dijo que ya no alcanzaba, que ya iba de salida y que mejor se reunieran el lunes. Así fue.
De la UNP no han llamado al edil amenazado
El sábado Brahian subió a San Antonio de Prado para recoger ropa, avisó a estación de policía y un teniente le dijo que cuando tomara el colectivo lo llamara y le informara las placas del vehículo y si iba por la vía vieja o la nueva que lleva al corregimiento. El edil hizo lo propio cuando abordó el transporte público: informó y a la entrada de San Antonio de Prado una patrulla de la policía lo esperaba.
La patrulla siguió el colectivo y cuando Brahian descendió del vehículo un uniformado se le acercó y le preguntó: “¿usted es el dichoso edil?”. El joven lo confirmó y entonces fue escoltado por los policías a reclamar la liquidación de su trabajo, en la empresa que queda ahí mismo en el parque, y luego abordó un taxi directo a su casa. La patrulla lo escoltó.
Una vez llegó a su casa, los policías se despidieron y le dijeron que cualquier cosa los llamara. Esa noche, Brahian recogió ropa y abandonó su hogar a escondidas, oficialmente se sintió un desplazado más de su territorio.
Ayer, lunes 29 de febrero, el edil supo que el mandatario de Medellín iba a hablar en la plazoleta de La Alpujarra, así que asistió allí, atravesó la multitud y alcanzó a Federico Gutiérrez: “Alcalde, yo soy Brahian, el edil amenazado”, dijo.
Gutiérrez le dijo que conocía su caso y le preguntó si ya había hablado con Gustavo Villegas, secretario de Seguridad. Brahian dijo que sí, pero que se sentía inseguro todavía. El mandatario agregó: “yo voy a hablar con él también y le aviso”. Luego se despidieron.
También fue a la reunión con Héctor Henry Ramírez, coordinador UNP Medellín, y allí le hicieron llenar un formulario. Al finalizar, le dijeron: “Este pendiente que lo vamos a llamar”.
Hoy, martes 1 de marzo de 2016, nadie ha llamado a Brahian. Él está sólo, sin mercado y sin plata -porque aún no le han dado la asistencia-, y con miedo. Sólo pide medidas de seguridad reales en un territorio que ya cuenta con una edil asesinada.
De todas las gestiones que ha hecho, solo tiene más de 30 hojas acumuladas de la papelería que le dan en todos los lugares: “yo no sé si es que creen que me voy a poner una hoja adelante y otra detrás y con eso me voy a proteger de un ataque. Hoy que voy a sacar la circular que me dio la policía y se la voy a leer al atacante, o le voy a decir que me espere mientras yo la leo”.
A la pregunta de si va a renunciar a ser edil, contesta: “No. Nunca. Porque eso es darle gusto a ellos. Voy a seguir asistiendo a las reuniones de la JAL así me toque vía Skype. Es triste. Tengo rabia: no es justo que hablen de seguridad si no dan seguridad”.
