Las AGC continúan desarrollando operaciones de tipo paramilitar en los territorios colectivos de Curvaradó y su entorno con los llamados “Puntos”, la presión psicológica con intimidaciones, amenazas y operaciones de circulación y desplazamientos forzados de los pobladores.
El pasado sábado 1 de septiembre entre las 11.00 am y 5.00 p.m. un integrante de la AGC vestidos de civil ingresó a la Zona de Biodiversidad “El Paraíso”, de la familia Cabezas, ubicada en Apartadocito.
El AGC llamado “Marcelino” abordó a la familia Cabezas preguntándoles por el proceso de devolución de las tierras, cuestionando las reclamaciones que están haciendo a integrantes de las comunidades.
Al parecer el sucesor del hoy detenido alias “Patotas” antiguo mando de las AGC en Apartadocito, expresó su malestar por las órdenes de desalojo de los empresarios Darío Montoya y William Ramírez.
Los familiares expresaron que son órdenes de la Corte Constitucional y que a pesar de las amenazas de paramilitares y de trabajadores de los empresarios como Tordecillas, se espera que se respeten las actuaciones en derecho.
Afirmó el llamado Marcelino que Tordecillas recibió 60 millones de pesos para realizar acciones de presión sobre las comunidades.
Días antes en las actuaciones del Inspector ad hoc en cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional para la identificación de los predios despojados a la familia Cabezas, el empresario ocupante de mala fe, Darío Montoya, nuevamente amenazó a Enrique Cabezas ordenando a un trabajador que le tomara fotografías que ya sabían qué hacer con ese material.
El AGC cuestionó a los integrantes del Consejo Comunitario él que se estuvieran tomando las propiedades de los empresarios ocupantes de mala fe, beneficiarios de operaciones paramilitares de desplazamiento en 1996 y 1997 con la complicidad de la brigada 17.
Después de las cinco de la tarde el AGC de la Zona de Biodiversidad “El Paraíso” se retiró.
El AGC ha realizado visitas a la casi totalidad de los reclamantes de tierras como parte de una operación psicológica y de control social territorial.
En este mismo contexto de devolución de predios pobladores afirman que Germán Marmolejo, representante legal del Consejo Comunitario de Curvaradó, obstaculizó el desalojo de predios que afectaban al empresario William Ramírez, beneficiario de desplazamientos forzados.
Simultáneamente, días antes en desarrollo de otro tipo de operación armada de las AGC en medio de la incapacidad del Estado para asegurar la vida e integridad y libertades de los reclamantes de tierras.
El miércoles 29 de agosto, a las 4.00 p.m. en la propiedad de Yomaira Mendoza, en Apartadocito, territorio colectivo Curvaradó, una veintena de hombres con armas largas y cortas, radios de comunicación y algunos vestidos de camuflado abordaron a la despojada territorial.
Los paramilitares de las AGC preguntaron cuánto tiempo llevaba en la parcela que estaba destinada para otros negocios.
Agregaron los armados, que semanalmente se movilizan a través de la propiedad de la lideresa, provenientes de los predios despojados por Serafín Orozco y Antonio Lopera en dirección a Jiguamiandó, que no perdiera el tiempo con denuncias. “Nosotros estamos en todas partes” (…) “tenemos contactos en todas las dependencias” (…) Militares y policías nos dicen quién los denuncia.
Las AGC anunciaron que la situación se iba a poner caliente por que iban a enfrentar al ELN y que debía irse de la zona.
La lideresa cuenta con un escolta sin vehículo, éste nunca permanece con ella.
Las familias de los consejos comunitarios reclamantes de tierras se encuentran sin medidas excepcionales de protección y una política eficaz que asegure sus libertades y garantías para el uso y goce del territorio en medio de cambiantes tácticas de presión de las AGC, las presiones de empresarios criminales, la tolerancia de la fuerza pública con estructuras criminales y las eventuales confrontaciones con el ELN.
Tomado de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz