Amnistía alerta sobre las «barreras» para abortar en sanidad privada de Argentina

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Buenos Aires, 28 de septiembre de 2022.- Con la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a finales del 2020, Argentina se convirtió en un «ejemplo en el reconocimiento de la autonomía reproductiva», pero todavía persisten «barreras» en el acceso al aborto, especialmente en el sector privado, advirtió este miércoles Amnistía Internacional.

En un informe difundido con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Legal, que se celebra este 28 de septiembre, la organización de derechos humanos señaló que el sector público de salud de Argentina practicó un total de 73.487 interrupciones del embarazo bajo la nueva legislación, al tiempo que aumentó en 420 la cantidad de profesionales que garantizan esta práctica.

Sin embargo, la entidad no ha podido determinar el número de abortos garantizados hasta el momento por el sector privado (prepagas médicas) y el de la seguridad social (obras sociales), en los que ha identificado «barreras» a la interrupción del embarazo.

Según Amnistía, «cientos de usuarias» se han topado con «graves obstáculos» de acceso al aborto en estos sectores: un 35 % de las reclamaciones ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y un 54 % de las quejas ante la Dirección Nacional de Defensa de las y los Consumidores «denunciaron que se le negó el acceso a la práctica».

La cuarta parte de esos reclamos se resolvieron en el sistema público de salud, indicó la organización, «aumentando el colapso» y los cuellos de botella que, en algunos casos, encuentran los profesionales de la sanidad pública.

«Las obras sociales y empresas de medicina prepaga deben brindar a sus afiliadas la cobertura integral obligatoria de la IVE e ILE (interrupción legal del embarazo), mediando un trato digno y pleno acceso a la información», aseguró Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, en declaraciones recogidas por la entidad.

En opinión de Belski, las autoridades deben «fortalecer» los equipos de trabajo que resuelven este tipo de reclamaciones, aplicar las sanciones correspondientes frente a incumplimientos y exigir «garantías de no repetición» para que ninguna otra mujer «tenga que enfrentar nuevamente barreras en el ejercicio de derechos».

MARCHAS EN LAS CALLES

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que protagonizó durante varios años la lucha en las calles por la aprobación de la ley, realizará este miércoles una movilización en Buenos Aires, concretamente ante la sede del Parlamento nacional, para «reafirmar la vigencia» de su «lucha global» por el reconocimiento del aborto legal.

Desde su entrada en vigor a principios del 2021, la ley de interrupción voluntaria del embarazo de Argentina permite interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 14 de gestación de forma segura, legal y gratuita, siempre en un máximo de diez días desde su requerimiento.

Más allá de esas 14 semanas de plazo, el aborto sólo se permite bajo dos causales que rigen desde la aprobación del Código Penal en 1921: cuando corra peligro la vida de la mujer o si el embarazo fue producto de una violación.

EFE

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