Santiago de Chile, 6 de julio de 2022.- La organización Amnistía Internacional (AI) inició este miércoles una campaña a favor de aprobar la propuesta de nueva Constitución en Chile, documento que será sometido a plebiscito el próximo 4 de septiembre y que busca reemplazar la ley fundamental heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
“En septiembre nos enfrentaremos a dos opciones que van a determinar el futuro de las actuales y futuras generaciones. Por un lado, la ciudadanía podrá aprobar y abrir la puerta a una Constitución que favorece la igualdad de derechos, o bien rechazar y quedarse con la actual que ha demostrado que favorece a unos por sobre otros», afirmó el director ejecutivo de AI Chile, Rodrigo Bustos.
«Amnistía Internacional ha decidido ponerse en el camino de la justicia y la dignidad, por eso va por el apruebo”, agregó el directivo.
Según la organización internacional, la actual carta magna del país suramericano «no contribuye a disminuir las desigualdades, la precariedad y los abusos que afectan a la gran mayoría de la población», siendo más bien un «obstáculo» para avanzar hacia una sociedad «más justa».
«Los ojos del mundo están sobre Chile. La población tiene una oportunidad histórica para corregir el camino de desigualdades e injusticias de muchas décadas, y consagrar los derechos humanos en una nueva Constitución representativa e inclusiva, como primer paso para construir un país más justo y libre para todas las personas”, señaló la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.
Pese a ser reformada decenas de veces, modificando más de 200 artículos entre 1989 y 2005, el origen de la Constitución vigente -en plena dictadura y aprobada sin registros electorales en medio de una represión brutal- sigue siendo el principal blanco de sus cuestionamientos, además de resquicios aún vigentes desde 1980.
Para AI, la propuesta de nueva ley fundamental, redactada durante un año por una convención paritaria e integrada por 154 representantes electos, incluyendo escaños indígenas, «consagrará de manera más robusta los derechos fundamentales» y «repercute directamente en la vida cotidiana de las personas abriendo paso a mayores niveles de igualdad y justicia».
El texto vigente, afirma AI, «no incluye determinados derechos que son vitales, como, por ejemplo, el derecho a la vivienda, al agua, a la alimentación, o los considera, pero de manera muy deficiente, como ocurre con el derecho a la salud y la seguridad social».
«“La nueva Constitución no es el punto de llegada, sino que es un punto de partida para construir ese camino de mayor igualdad. Aprobar es humano y es la puerta a una sociedad más justa y solidaria”, concluyó Rodrigo Bustos.
El proceso constituyente se abrió en octubre 2020, con el respaldo de casi el 80 % de los ciudadanos en un histórico plebiscito y después de más de un año de masivas protestas por la igualdad, que dejaron una treintena de fallecidos y miles de heridos.
A partir del pasado lunes, los chilenos tendrán dos meses para estudiar el texto, que declara a Chile un Estado social de derecho, y decidir en un referéndum si están satisfechos con él o si prefieren otra vía para el cambio.
EFE
