San José, 24 de septiembre de 2021 – Analistas internacionales calificaron este viernes como «ilegítimas» y una «farsa» las elecciones del próximo 7 de noviembre en Nicaragua, un país en el que denunciaron que se ha instaurado una «dictadura» que viola los derechos humanos al mando del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
«Un demócrata, ya sea de izquierda o de derecha, debe reconocer que en Nicaragua existe una dictadura en todas sus dimensiones, donde la separación de poderes ha desaparecido, donde los líderes de oposición son presos políticos», expresó el expresidente costarricense y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, durante el foro «Elecciones Nicaragua 7/11: Un proceso ilegítimo».
En la actividad, que se realizó de manera virtual, participaron también la activista de Human Rights Fundation Bianca Jagger y el director ejecutivo de la organización Transparencia Electoral, Leandro Querido.
Además intervinieron la directora para América Latina del Wilson Center, Cynthia Arnson; la analista para América Latina y el Caribe de The Carter Center, Jennie Lincoln, y la periodista nicaragüense Berta Valle, quien es esposa del precandidato presidencial encarcelado, Félix Maradiaga.
Los participantes en el foro coincidieron en tildar al Gobierno de Ortega como una dictadura que se encamina a unas elecciones ilegítimas y exigieron la liberación de los «presos políticos».
«En Nicaragua hay elecciones pero se eliminan partidos de oposición, se restringe la libertad de expresión o de desplazamiento; las Fuerzas Armadas están adheridas al poder oficial y ahí de nada vale la formalidad electoral. La existencia de un tribunal de elecciones y el ejercicio ritual del sufragio son manipulaciones y un medio para que el sistema totalitario se disfrace de democracia. Se trata de una farsa», expresó Arias.
Por su parte, Valle, quien vive en el exilio, relató que en Nicaragua hay al menos 130 «presos políticos» a quienes las autoridades no permiten visitas de familiares, médicos y abogados, lo que eleva su riesgo de indefensión y de sufrir daños severos en su salud física y mental.
«La oposición nicaragüense está secuestrada y quienes no lo están, se han visto obligados a salir al exilio», manifestó Valle.
El 7 de noviembre próximo Nicaragua celebrará elecciones presidenciales en medio de una ola de arrestos que ha llevado a prisión a 37 líderes opositores, entre ellos candidatos presidenciales, así como a profesionales independientes, empresarios y periodistas, por delitos como lavado de dinero, traición a la patria y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
En dichas elecciones Ortega buscará su tercera reelección consecutiva, para un cuarto mandato de cinco años y segundo con su esposa como vicepresidenta
«Los familiares de los presos políticos decimos que estas elecciones son completamente ilegítimas porque tienen presas a personas que estaban dispuestas a participar en el ámbito público y que el régimen decidió secuestrar para conformar unas elecciones de partido único. En Nicaragua no pueden haber elecciones creíbles y no deberían ser respaldadas por la comunidad internacional», apuntó Valle.
Por su parte, Querido manifestó que Nicaragua va hacia unas «lecciones ‘fake’, prefabricadas» y que la comunidad internacional debe «denunciar todos los atropellos y presionar al régimen para que libere a los presos políticos».
Los participantes en el foro expresaron la urgencia de que los presos sean liberados, de que las elecciones no sean reconocidas por la comunidad internacional, e incluso algunos se mostraron a favor de que se endurezcan sanciones internacionales para los integrantes del Gobierno nicaragüense.
«La situación es horripilante. Hay una responsabilidad moral de la comunidad internacional para ayudar a Nicaragua para salir de este hueco», comentó Lincoln, quien afirmó que el Gobierno deberá «sufrir las consecuencias de esta derrota para la democracia nicaragüense».
El foro se llevó a cabo de manera virtual y fue organizado por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Nexo Sur-Norte y la Fundación Bianca Jagger para los Derechos Humanos.
EFE
