Un sistema judicial que ha encontrado innumerables obstáculos para transformarse, unas relaciones con el Congreso por recomponer y unas cárceles atestadas de detenidos en condiciones inhumanas, son solo algunos elementos del complejo panorama que desde el pasado 11 de junio enfrenta la exmagistrada Margarita Cabello, al convertirse en la cuarta mujer en asumir como ministra de Justicia de Colombia.
Con una vasta experiencia como integrante de la Rama Judicial, Cabello es la carta que se jugó el presidente Iván Duque para imprimirle carácter a una cartera que tiene en sus manos definir temas trascendentales para su Gobierno y su partido político, como la reforma a la Justicia y el proyecto de doble instancia retroactiva para aforados, que beneficia al exministro Andrés Felipe Arias. Ella, sin embargo, es enfática en señalar que su propósito es acercar la justicia al ciudadano y que esa será su lucha.
El periódico El Colombiano entrevistó a la ministra y esto fue lo que le preguntó:
Hablemos de cárceles. Se cumplieron 20 años de la crisis y no cabe un preso más, ¿qué hará?
“La angustia por el hacinamiento no es nueva, hay noticias de que en 1929 ya en el país se reclamaba por el hacinamiento. Hoy se tocó fondo de tal manera que hay que enfrentarlo y el Gobierno está dispuesto, pero también les pedimos a todas las entidades que de una u otra forma tienen incidencia frente a esta problemática colaboren con nosotros en las soluciones. Hay unas 130.000 personas en las cárceles y de ellas, unas 50.000 son personas procesadas o sindicadas, el resto son condenadas. La responsabilidad de los condenados es de la Nación y la responsabilidad de los sindicados o procesados es de los entes territoriales. Si vemos una proporción, hoy las penitenciarías tienen cerca de 80.000 cupos, es decir, que si habláramos del deber ser, no habría hacinamiento, por lo menos en lo que al Estado le correspondería”.
¿La solución la deben encontrar las entidades?
“Es en equipo. Ahí estamos nosotros diciéndoles que estamos ayudando en los diferentes sitios y acorde con el presupuesto que tenemos, hemos hecho planes específicos de crear cupos en un plazo de nueve meses. Queremos ofrecerles a alcaldes y gobernadores que hagan proyectos y los ayudamos a hacerlos, ellos ponen los terrenos y nosotros podemos ayudarlos. Qué queremos: que todos estos candidatos actuales a las elecciones de octubre no se olviden que ya hoy, por ser un problema tan grave, deben meter en sus proyectos y planes de campaña algo para ayudar también a solucionar entre todos el hacinamiento”.
Otro ingrediente de la crisis es la reiterada corrupción en la Uspec, ¿la liquidará?
“Esa es una entidad relativamente nueva, que surgió en el 2014. No quiero opinar si esa división entre el Inpec y la Uspec fue buena o mala. Apenas se posesionó hace un par de semanas el nuevo director de la Uspec, Ricardo Varela. Traje a alguien que ha trabajado mucho en la empresa privada, quise manejarlo de esa manera, un poco más limpia y mirar qué podemos salvar. En tres meses que llevo hemos analizado mucho y el panorama es bastante preocupante, hoy no llega a un 25 % de ejecución presupuestal, pero no hay que dejar perder esos presupuestos. El primer favor que le pedí al nuevo director es que logre una relación armónica con el Inpec porque es quien sabe de las necesidades y las problemáticas”.
Ante la magnitud del problema carcelario, ¿no es contradictorio impulsar la cadena perpetua?
“La posición del Gobierno y fue campaña del presidente Duque, es que haya cadena perpetua para violadores o de temas gravísimos, no para todos los condenados. Ahí hay una presión social: 90 % de las personas en las encuestas dicen que quieren prisión perpetua y eso crea una tensión axiológica con la academia, que no la recomienda. Qué ha dicho el presidente, que hay que dar el debate en el Congreso y dentro de las posibilidades planteadas está que sea revisable para respetar los derechos humanos del que está siendo condenado. Es una figura que no es extraña en el ordenamiento jurídico mundial y lo que queremos es entender que es una reclamación social”.
Otro tema coyuntural es el uso de glifosato, ¿cómo se prepara para cumplir los requisitos que definió la Corte Constitucional?
“No ha salido el contenido del auto pero salió la parte resolutiva, que nos abrió un camino. Este es un tema también de tensión axiológica. El crecimiento exponencial de hectáreas sembradas de coca entre 2015 y 2018 nos generó una preocupación porque origina toda una problemática de seguridad nacional alrededor de la siembra. De otro lado está el problema de los bosques, los ríos, las contaminaciones y la salud humana. Con erradicación manual no vamos a terminar nunca y esto crece y crece. Entonces la Corte Constitucional hizo esa ponderación y nos permitió como herramienta adicional, como una más de todas las que estamos utilizando en esta cadena, la posibilidad de asperjar”.
Pero eso tiene unos requisitos especiales…
“Sí, estableció unos presupuestos que venían de una sentencia anterior, de 2016, entonces el Gobierno está preparando un documento en el que podamos mirar cómo vamos a cumplir todos esos presupuestos. Estamos analizando y estableciendo cómo hay que actuar el día que se vaya a asperjar: cómo vamos a cumplir con las quejas posibles; si es una población, cómo vamos a trabajar la consulta previa; si no es población, cómo se puede hacer. A su vez, el Minsalud y las otras carteras están haciendo los estudios y analizando cómo se van a minimizar los riesgos, que fue lo que nos pidieron. Una vez hecho eso, todo lo debemos llevar al Consejo Nacional de Estupefacientes para que allí tomemos la decisión para entonces levantar la prohibición”.
¿Por qué la llegada de Andrés Felipe Arias al país pareció tan oculta, tan poco transparente?
“El tema de Andrés Felipe Arias es distinto a muchos otros que se han visto y que son más publicitados, porque es una extradición, no una deportación. Fue Estados Unidos el que lo trajo en un avión particular, el que hizo todo el procedimiento y lo entregó al Inpec. En cuanto a que está en la Escuela de Caballería, el director del Inpec tomó una medida que a mi manera de ver me pareció tranquila, no le dio más ni le dio menos de lo que tenía antes de ir a Estados Unidos. Arias ya estuvo antes en la Escuela de Caballería y nadie dijo nada, a todos les pareció perfecto, pero ahora que está de nuevo allá les parece que hay exceso de cuidado y de beneficios para él”.
Pero está el proyecto de la “Ley Arias”…
“Cuando Andrés Felipe Arias es condenado en única instancia, un mes después sale la sentencia de la Corte Constitucional que autoriza la doble instancia. Él la pide por tutela y por otros mecanismos. Hoy la discusión no solo es de doble conformidad y doble instancia para los aforados, sino un derecho internacional para todos los ciudadanos. El problema aquí es la relevancia del personaje. Durante el debate en la Corte Suprema sobre la tutela que él presentó, yo era magistrada y debo ser honesta, yo salvé voto porque considero que él tiene derecho y que el país tiene que cumplir con los tratados internacionales del tema”
Pequeñas reformas
Bajo la premisa de acercar la justicia al ciudadano, la ministra Margarita Cabello señaló que en lugar de presentar una gran reforma a la justicia, el Gobierno ha decidido impulsar cambios sustanciales radicando proyectos de ley para cada tema. Afirmó que espera que este mecanismo facilite los debates y permitan introducir la renovación que el país necesita en materia judicial. Al inicio de la actual legislatura, la ministra radicó los primeros tres proyectos, que incluyen la modificación del Estatuto de Arbitraje, la regulación de los consultorios jurídicos y la reforma al Código Contencioso Administrativo.
Tomado de El Colombiano
