Antioquia: entre el abandono estatal y los grupos armados

Por: Yurany Alzate (@yuranyAlzate1)

Antioquia, 5 octubre de 2021.- Antioquia ha sido uno de los departamentos del país en el cual la disputa por el control de los territorios, que se libra entre guerrillas, paramilitares y bandas criminales organizadas, es una constante. Primero porque tiene zonas muy estratégicas, por ejemplo, al estar cerca de la Serranía de San Lucas y el Nudo de Paramillo, se convierte en uno de los territorios más deseados para los grupos armados, además de eso, hay lugares que sirven como vía de acceso al Urabá antioqueño: la salida al mar. Así mismo, mediante esas disputas, los diferentes grupos armados buscan el dominio de rentas ilegales como el microtráfico, los cultivos ilícitos y la extorsión a la minería.

Desde esa mirada, es necesario establecer que la presencia de actores armados, los cultivos de uso ilícito, la ruptura de alianzas criminales, la minería a gran escala, el microtráfico, la construcción de megaproyectos y la débil presencia estatal, hacen que la violencia sea evidente en Antioquia y que las comunidades que habitan el territorio queden en medio de un conflicto que, aunque no es de ellos, los expone constantemente. 

Si bien en el departamento hay diferentes grupos armados al margen de la ley, es importante resaltar que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también llamadas Clan del Golfo son quienes mayor presencia tienen en el territorio antioqueño, tanto así que militan en las 9 subregiones.

En el Norte, según fuentes consultadas por Análisis Urbano, este grupo tiene el control de los cultivos de coca y del microtráfico; en el Nordeste y en el Occidente, se disputan el control de la minería.

Así mismo, otros actores que también ejercen el control en Antioquia es el Ejército Nacional de Liberación —ELN—, con presencia en el Nordeste y el Bajo Cauca; las disidencias de las Farc, con el Frente 18 y 36 en el Norte; y bandas delincuenciales como Los Pachelly, que igual a los demás grupos se pelean el control de las rentas ilegales.

Según la investigación realizada por la Universidad de Antioquia, llamada Territorio de Plomo, una década de homicidios en Antioquia “Entre 2010 y 2018, en Colombia hubo 122 mil homicidios aproximadamente. En Antioquia se cometieron 23.422 homicidios, 19 por ciento del total nacional. Este departamento es el segundo con más asesinatos del país durante este periodo. El primero es el Valle del Cauca.”

Problemáticas en las subregiones de Antioquia

El departamento tiene nueve subregiones, en todas existen grupos armados que afectan la vida y la integridad física y psicológica de la población.  Ellas son:

Occidente: cuenta con 7.361 Km2 de extensión, los cuales representan el 11.6% de este territorio con 19 municipios. De acuerdo con el último censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2018, la población de esta subregión asciende a 185.467 personas. Las principales actividades productivas son: la ganadería, el cultivo de frutas, la explotación de madera, la minería, la industria avícola y el turismo.

El estudio del Instituto de Estudios Regionales (INER), titulado “Occidente Desarrollo regional: una tarea común Universidad-región”, establece que la violencia en el Occidente antioqueño se puede dividir en tres momentos fundamentales.

El primero va desde el 1960 hasta el 1985, época en que surgió, circuló y hubo un dominio de las guerrillas en ese territorio. Al ser una zona tan estratégica y al tener diferentes características naturales se convirtió en un lugar apropiado para estos grupos armados. Es decir, vieron en ella un espacio para refugiarse, descansar y sobre todo moverse con seguridad. 

El segundo momento va desde el 1985 hasta el 1995, cuando llegaron los primeros paramilitares a la zona lo cual causó enfrentamientos con las guerrillas. En ese tiempo, se incrementó la violencia en el Occidente, hubo asesinatos selectivos, masacres, desapariciones, ataques a líderes. Esto se dio principalmente en el norte de la subregión y en los municipios del anillo turístico.

El último momento que plantea el estudio, va desde el 1996 y 2004, periodo en el que los paramilitares se disputaron el territorio y fortalecieron su presencia. También incrementaron los cultivos de coca, especialmente en Dabeiba, que pasó de 14 hectáreas en el año 2000 a 40 en el 2001, según el Observatorio de Drogas de Colombia.

Además de ello, se incrementó la minería ilegal, en especial en los municipios de Buriticá y Giraldo, lo que generó que diferentes bandas criminales hicieran presencia en esta zona. El Clan del Golfo es uno de los grupos con más fuerza allí.

De hecho, desde 2010 hasta 2018 se presentaron en el occidente antioqueño 850 homicidios, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forensis.

Ese panorama en la actualidad no cambia, eso se evidencia con el informe que en junio de 2021 los misioneros de la Red de Solidaridad Interreligiosa en las zonas de conflicto de Colombia enviaron a la Agencia Fides. Allí señalaban que los principales problemas del (occidente no va en mayúscula porque no es una entidad) Occidente antioqueño era el reclutamiento de menores, la instalación de minas antipersonal, amenazas a líderes y comunidades, asesinatos selectivos, desplazamientos, confinamiento y abuso sexual contra civiles.

Las organizaciones de la Red mencionada anteriormente, pidieron al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a los diversos actores armados respetar el derecho internacional humanitario y poner fin a la instalación de minas antipersonal, dadas las graves consecuencias que esto conlleva para las víctimas de estos artefactos.

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Oriente: Es la segunda subregión más poblada del departamento de Antioquia, después del Valle de Aburrá, y le sigue a esta en importancia económica. Cuenta con 7.021 KM2 y con 582.424 habitantes según el último censo poblacional. Tiene una gran producción de hortalizas, papa, fríjol y café. También se destaca por su vocación ganadera y ha tenido un gran impulso en la construcción de obras de infraestructura y con proyectos de generación de energía.

Esta subregión, empieza a adquirir importancia económica a partir de la década de 1960 con la construcción de las hidroeléctricas de Guatapé, San Carlos, de Jaguas y Calderas, la extensión de las líneas de energía y la construcción de la autopista Medellín-Bogotá. Sin embargo, el manejo excluyente que se ha dado a estos proyectos los ha convertido en fuente de conflicto, así lo afirma el estudio llamado Oriente antioqueño: Análisis de la conflictividad, realizado por Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación en 2010.

Indicaron en el informe citado, que desde el 1960, llegaron proyectos que afectaron a las y los campesinos a raíz del proceso de industrialización y de la construcción de las hidroeléctricas y de la autopista. “Por una parte, porque dejar el campo era más que dejar su alimento y su trabajo. Indicaron en este informe que “En torno a la economía campesina se habían tejido también su identidad, su cultura y sus formas de socialización. Por otro lado, porque estos megaproyectos, que provocaron una gran inversión económica, fueron diseñados desde Medellín –la capital del departamento- sin tener en cuenta a los pobladores de los municipios en los cuales se desarrollarían”.

También cabe resaltar que los años 80 fueron importantes para el movimiento social en el oriente ya que se conformaron organizaciones para defender los intereses de quienes habían permanecido excluidos en el territorio. Eso llevó a que la lucha en contra de los intereses económicos y políticos de las élites fuera muy fuerte, pero esa situación generó una ola de violencia en contra de los líderes de dichos movimientos.

Además, con la llegada de diferentes grupos armados al territorio la comunidad se vio expuesta. Por ejemplo, con el frente IX de las Farc, que se asentó en San Rafael y San Carlos y luego se extendió a San Luis, Cocorná, Concepción y Alejandría; y con el frente 47, que empezó a operar en el sur de la región, en Argelia, Nariño, Sonsón y San Francisco se desató una época de combates con el Ejército en las áreas rurales de estos municipios.

También el estudio ya citado, Oriente antioqueño: Análisis de la conflictividad, señala que, “Las acciones guerrilleras se manifestaron en homicidios, secuestros, tomas de pueblos –entre las cuales están las de Nariño y la de Granada–, desaparición forzada de personas, siembra de minas, desplazamiento forzado y terror en la autopista Medellín-Bogotá, sobre la que realizaban retenes ilegales conocidos como “pescas milagrosas”. Los combates entre el Ejército y las FARC en San Rafael provocaron el desplazamiento de 250 campesinos hacia la cabecera en 2001

A esos hechos se le suma que el oriente, también sufrió la presencia paramilitar, podemos recordar, por ejemplo, las masacres en San Rafael (2000), San Carlos (1998) y en vereda La Esperanza de El Carmen de Viboral (1996), seguidas de asesinatos selectivos y más masacres. Su incursión y expansión trajo graves violaciones de los derechos humanos. Solo en 2004, se presentaron cinco masacres en la región, en los municipios de Argelia, Cocorná, San Luis, Granada y San Carlos, y las organizaciones de víctimas estiman en 413 las víctimas directas de desaparición forzada.

Tanto la guerrilla como los paramilitares han tenido incidencia en los procesos electorales de esta subregión, es decir, eran esos grupos armados los que ponían o quitaban un mandatario. De hecho, las personas dejaban de votar o de aspirar a un cargo público por el peligro que eso generaba. 

Actualmente, la situación no cambia mucho. Continúa la disputa por el territorio entre grupos armados y los asesinados están en aumento. Según la Gobernación, hay un aumento del 56.8% en los homicidios perpetrados en esta subregión, al pasar de 81 casos documentados a esta fecha en 2020, a 127 en lo que va del presente año.

La problemática está concentrada en tres municipios: Sonsón, que subió de una a 18 muertes violentas en ese periodo; La Unión, que pasó de cero a nueve; y Nariño, que aumentó de tres a siete.

Norte: Cuenta con 7390 KM2 y tiene alrededor de 259.700 habitantes. Las principales actividades productivas son: la ganadería, la cría de cerdos, los cultivos de alimentos y el desarrollo industrial está conformado por fábricas de lácteos y carnes. También algunos municipios han impulsado la creación de fábricas de confección.

Entre 2010 y 2018 hubo en esa zona de Antioquia 1.526 homicidios, según cifras de Medicina Legal y la Policía. La mayoría de muertes se registraron durante los años 2010, 2011, 2012 y 2018, en los cuales las cifras estuvieron por encima de 200.

Según organizaciones defensoras de derechos humanos como lo es el Procesos Social de Garantías, la ola de violencia en esta subregión se debe principalmente al pulso entre diferentes grupos armados. Hay bandas criminales como el Clan del Golfo, Pachelly y Los Chatas, también disidencias del frente 36 de las Farc y miembros del ELN.

En el Norte, las Farc-Ep ejercieron el dominio durante décadas en zonas de municipios como Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Briceño, Campamento y algunas zonas rurales de Valdivia y veredas como La Estrella, Canoas y Cañaveral de Yarumal, tenían todo el poder y con la dejación de sus armas, los habitantes de la región pensaron que había llegado el tiempo de la paz y la tranquilidad, pero no fue así.

Según la alerta 003 de febrero de 2017 y la 037 de agosto del mismo año emitidas por la Defensoría del Pueblo, hay una progresiva expansión de las estructuras ‘gaitanistas’ hacia los territorios que dejaron las Farc.  Situación que elevó el nivel de riesgo para las comunidades campesinas, las organizaciones sociales y los líderes del proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos pactado con las Farc en la firma del Acuerdo de Paz que se dio en 2016. 

Así mismo, indican las alertas emitidas por la Defensoría que “Los Pachelly” controlan algunos lugares de la zona urbana y semiurbana del Norte Antioqueño, lo cual genera riesgo para las comunidades ya que están en constante enfrentamientos por el control de la economía ilegal como lo es el microtráfico.

Según la Fundación Paz y Reconciliación, en el artículo  llamado Ituango: entre la violencia y la ola invernal, en la actualidad, este es uno de los municipios del Norte que presenta mayores problemas de seguridad. “Las tasas de homicidio en Ituango, durante los años 2019 y 2020, fueron de 116,70 y 165,53 por cada 100.00 habitantes. Del 1 de enero al 30 de junio de 2021, el Instituto Nacional de Medicina Legal ha registrado 20 homicidios en Ituango que representan una tasa de homicidios de 70.87 por cada 100.000 habitantes.»

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También el Registro Único de Víctimas (RUV), indica que entre los años 2019 y 2020, en Ituango se han registrado 2.669 personas desplazadas (cifra que ya fue superada con los dos desplazamientos masivos que se han presentado en 2021).

Es decir, la paz que soñaba el norte con la firma del Acuerdo de Paz es una utopía. El abandono estatal y las pocas garantías que brinda el Gobierno Nacional para los habitantes de esa subregión del departamento los deja en las mismas condiciones que hace décadas: en medio de una guerra que no les pertenece.

Nordeste: Cuenta con 8544km2 y 186.534 habitantes. La principal actividad económica de esta subregión es la minería aurífera; después del Bajo Cauca, es la segunda región productora de oro en Antioquia. 

Esta zona de Antioquia es un corredor para las bandas criminales. Está conformada por 10 municipios, 385 veredas y 18 corregimientos. Se localiza sobre la margen oriental de la cordillera central. Al norte limita con el Bajo Cauca, al nordeste con el Sur de Bolívar, al oriente con el Magdalena Medio, al sur con el Oriente antioqueño, al suroeste con el Valle de Aburrá y al occidente con el Norte.

Es importante resaltar que el Nordeste antioqueño en un inicio fue territorio de trabajo político y de acciones militares de dos organizaciones guerrilleras: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), pero años después aterrizaron los paramilitares de las AUC y gracias a ello los asesinatos selectivos, el desplazamiento forzado, las masacres, amenazas y a diferentes dinámicas de violación a los derechos humanos estuvo expuesta la comunidad durante décadas.

Han sido dos municipios de esa subregión los más afectados por el conflicto armado: Segovia y Remedios. Según indica Verdad Abierta, entre 1982 y 1997 se cometieron 14 masacres y centenares de asesinatos selectivos en ambas localidades. La escalada criminal fue contra activistas políticos, líderes sociales y defensores de derechos humanos (…) y afirman, que, estos hechos de violencia masiva contaron con la participación directa o indirecta de miembros de la Fuerza Pública.

Aunque la subregión vivió un periodo de relativa tranquilidad tras la entrega de armas de 1.900 hombres pertenecientes al Bloque Central Bolívar de las AUC, en 2005, dos años después explotó de nuevo la guerra y la razón es la misma, la disputa por el territorio, en esta ocasión entre exintegrantes de Bloque Central Bolívar, los “Urabeños” y el grupo emergente denominado Héroes del Nordeste.

Entre 2010 y 2018, se presentaron 1.459 homicidios en el Nordeste, de los cuales, según un estudio realizado por Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA) “la mayoría de las víctimas de homicidios han sido mineros, mototaxistas o personas desconocidas que llegan a trabajar en minería y que en los retenes ilegales son interceptados y luego asesinados por considerarlos como informantes, colaboradores o miembros del grupo armado ilegal contendiente”.

Informe sobre la situación … by Análisis Urbano Medellín

Además, desde CAHUCOPANA afirman que la guerra por el oro se agudizó en el Nordeste desde el 2012. En concreto, la lucha se da entre el ELN, Héroes del Nordeste y ‘Clan del Golfo’.

Además, según el Observatorio de Drogas de Colombia, en toda la subregión abunda la coca. En Anorí, Amalfi, Segovia, Yalí, Vegachí y Remedios se concentra la mayoría de cultivos. Anorí, por ejemplo, hay 1.312 hectáreas.  

Bajo Cauca: Tiene una extensión de 8.485 KM2 y alrededor de 225.269 habitantes. Este territorio corresponde a un 13.5% de Antioquia y concreta el 4,68% de la población del departamento. La minería puede considerarse la actividad más importante de la economía de esta subregión. Actualmente, en esta zona, se adelantan proyectos de generación de energía.

La violencia aún azota al Bajo Cauca antioqueño, según datos de la Unidad de Víctimas, los seis municipios que conforman el Bajo Cauca sumaron 203.318 casos de personas afectadas por el conflicto hasta octubre de 2020.

Grupos armados como el ELN, EPL, las FARC y paramilitares han hecho presencia en el Bajo Cauca y la batalla ha sido por el control de la economía de la coca y el oro, nos cuentan habitantes del territorio. A pesar de los procesos de paz con las AUC y las FARC, persiste la violencia en esta zona del departamento.

Los grupos armados se han reconfigurado y la presencia del Estado es nula, dicen habitantes del territorio. Por esa razón, continúa en aumento del desplazamiento forzado, las masacres y las diferentes prácticas de control social. En la actualidad delinquen Los Caparros, las Autodefensas Gaitanistas, ambos de origen paramilitar, así como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.

Esta subregión, afirman desde la Fundación Paz y Reconciliación, es un ejemplo claro del fracaso institucional, no ha conocido la paz. De hecho “los 6 municipios que la componen, son el  epicentro de múltiples violaciones a los DDHH y al DIH, es así como en el año 2020 cuando a nivel nacional en Colombia se alcanzó la tasa más baja de homicidios de los últimos 46 años (23.79) cuatro de los municipios de Bajo Cauca tuvieron tasas mayores que las registradas en el año 2019 (Cáceres, El Bagre, Zaragozá y Nechí), también el municipio de Ituango en el Norte de Antioquia; al igual que los municipios de Puerto Libertador y Tierralta en el Sur de Córdoba”.  

El panorama actual es desolador, entre enero y octubre de 2020 fueron desplazados, según el Registro Único de Víctimas -RUV- 3340 personas en los seis (6) municipios del Bajo Cauca. Las denuncias contra la violación a los derechos humanos continúan y aún no hay respuesta institucional ante los llamados que hacen tanto las y los líderes sociales, como las organizaciones defensoras.

“La mayoría de estos desplazamientos ocurrieron a causa de los constantes enfrentamientos que sostiene el Clan del Golfo y los Caparrós en Bajo Cauca y Sur de Córdoba y los combates registrados entre las disidencias de los frentes 18 y 36 de las FARC y el Clan del Golfo en el Norte de Antioquia. Las constantes amenazas a las que son sometidos los ciudadanos de estos municipios por alguno de los actores armados ilegales también han contribuido a que las personas se vean obligadas a abandonar sus hogares”, indica el informe presentado por Pares.

Bajo Cauca o el retrato del fracaso gubernamental

Magdalena Medio: Ocupa el 7,6 % del área del departamento de Antioquia y concreta el 1,8% de su población con 115.662 habitantes. Se destacan actividades como la minería, la explotación carbonífera y la extracción de calizas, calcáreos, cuarzo y mármoles.

Las víctimas de la violencia paramilitar en esta subregión de Antioquia, fueron principalmente las y los defensores de derechos humanos, las asociaciones de mujeres, los líderes comunitarios y los sindicalistas. Esas personas solo por pertenecer a alguna organización social fueron señalados como guerrilleros.

Entre 1998 y 2005, los paramilitares del Bloque Central Bolívar que eran comandados por ‘Julián Bolívar’, Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ e Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, montaron una estrategia de terror con la que pretendieron intimidar a la población y exterminar todo tipo de participación de la comunidad, indican desde la Organización de Naciones Unidas.

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Defender los derechos humanos en el Magdalena Medio era y aún es un riesgo para la vida. Con amenazas, persecuciones, masacres, homicidios selectivos, torturas, violencia sexual, desplazamiento y limpiezas sociales, dominan la región y silencian a sus habitantes. 

Suroeste: Cuenta con 6.513 KM2 y con una población de 372.665 habitantes. Su principal actividad económica es el cultivo y la producción de café. Además de la industria maderera y el comercio.

El silencio y el miedo reinan en esta subregión de Antioquia que registra 125.078 víctimas del conflicto armado desde 1985, según datos del Registro Único de Víctimas.  A ello, se le debe agregar que en los últimos años en el territorio resurgió la violencia asociada a la disputa entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y bandas criminales adscritas a La Oficina.

Esas confrontaciones han generado asesinatos selectivos y masacres, ejemplo la del 10 de enero de 2021 en el municipio de Betania, donde hombres armados asesinaron a tres personas en una finca, y la registrada el 17 de febrero en el corregimiento Tapartó del municipio de Andes, donde fueron asesinadas cinco personas.

Es importante resaltar que esta zona del departamento es una de las subregiones donde el conflicto estuvo con mayor intensidad y donde hicieron presencia los distintos actores armados. Paramilitares, que conformaron el bloque Suroeste de las AUC, también el Frente 34 de las Farc en los municipios de Urrao, Ciudad Bolívar, Salgar, Betulia, Andes, Concordia, Caramanta, Jardín y Támesis; el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el Frente Che Guevara en Andes, Jardín, Betania, Jericó, Valparaíso, Montebello, Tarso, Santa Bárbara, Salgar y Ciudad Bolívar; el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento 19 de Abril (M-19).

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Urabá: Es la región costera de Antioquia, sobre el mar Caribe. Cuenta con 11.664 KM2 de extensión y alrededor de 560.000 habitantes. Los cultivos de plátano y banano son una insignia de esta zona del departamento.

Las guerrillas de las Farc y el Epl, tomaron el control de la región desde la década del 70. La ubicación y las condiciones del Urabá antioqueño permitieron que se convirtiera en un lugar estratégico para las rutas del tráfico ilegal de drogas y armas. Allí la guerra ha sido una constante.

En 1995, este territorio vivió uno de los periodos más difíciles del conflicto armado, 66 personas murieron en una serie de masacres en cuatro municipios. La razón: una guerra de exterminio declarada entre los Comandos Populares, como se llamó la disidencia del Epl que volvió a las armas, las Farc y los paramilitares que habían empezado asentarse en Urabá.

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Ese panorama violento no ha cambiado mucho en la actualidad, según el estudio llamado ¿En qué va la implementación del Acuerdo de Paz en el Urabá antioqueño?, del 2021, en ese territorio “persiste la violencia y que, para que haya una paz completa, es necesario que el Gobierno Nacional genere escenarios de diálogo con los grupos armados ilegales y proteja a las comunidades. Para algunas autoridades locales y organizaciones de cooperación internacional, estos grupos representan uno de los principales retos para la implementación del Acuerdo de Paz en la subregión”.

A pesar de que las AUC ya no existen y las FARC entregaron las armas, las condiciones de Urabá siguen permitiendo que grupos armados busquen tener el control de la codiciada región dejando en el medio a la comunidad.

Todo por una ausencia notable del Estado esta subregión ha crecido bajo lógicas de violencia e ilegalidad y ha sido, por acción y por omisión.

Valle de Aburrá: Cuenta con 3.817.740 habitantes y una extensión de 1.157 KM2. Su actividad económica es principalmente la industria manufacturera y servicios financieros, empresariales, inmobiliarios y de alquiler.

La seguridad ciudadana es el tema que más preocupa en la mayoría de municipios que integran el Valle de Aburrá; muchos de estos territorios atacan el problema de violencia sin analizar el contexto, historia e intensidad; lo que propone soluciones particulares para cada territorio. Es decir, no es lo mismo atender las problemáticas de Medellín que atender las de Barbosa o Girardota.

Según indica la Universidad Nacional de Colombia “el Valle de Aburrá, cuenta con dos grandes fuerzas criminales con más de 350 combos que trafican con drogas, roban, extorsionan, violan y desplazan; son más de 3.8 millones de habitantes en 10 municipios que están atormentados por estos tipos de violencias”.

Así mismo indican (quienes) que “La primera de las fuerzas que rigen a esas facciones es ‘la Oficina’, con una historia delincuencial que ajusta tres décadas; la otra es ‘los Urabeños’, cuya influencia en el área metropolitana se hizo tangible en 2012. Estos combos se han dividido el Valle de Aburrá cuadra por cuadra y cuando se violan acuerdos, se encienden las disputas armadas dejando inocentes en su camino como ha sucedido en Bello (donde se enfrentan ‘los Chatas’, ‘el Mesa’ y ‘Pachelly’), Castilla (‘los Matecaña’, ‘Nuevo México’ y ‘el Hueco de la Candelaria’) y el sector La Loma del corregimiento San Cristóbal (‘la Loma’, “’San Pedro’ y ‘Peñitas’)”.

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Aunque los municipios que pertenecen al Valle de Aburrá están un poco más en la centralidad, es decir, tienen más presencia estatal y diferentes maneras de denunciar los hechos violentos, las cifras de homicidios, huertos y violación a los derechos humanos continúan estando presentes en las denuncias que realizan las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Este análisis del departamento de Antioquia demuestra que el territorio, continúa siendo violento y que las comunidades aún están en un riesgo latente y a merced de los diferentes grupos armados que se disputan cada lugar con tal de obtener el control de la zona y así generar ingresos monetarios de las economías ilegales para afianzar su poder.

Se pensaba que, con la firma del Acuerdo de Paz, algunos territorios cambiarían su dinámica de violencia o al menos disminuiría, pero no, los espacios que dejó las Farc hoy están en disputa como ya hemos denunciado en este portal de noticias y el Estado, no genera estrategias para desmantelar los grupos armados que violan los derechos humanos constantemente.