El portal de noticias Análisis Urbano tuvo acceso a las cifras de violencia registradas por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios sobre Colombia. La realidad de Antioquia escandaliza con la presentación de 221 eventos de violencia durante el 2020, panorama que alerta sobre la dimensión y la complejidad en la seguridad del departamento y que se deteriora con el pasar de los días.
La situación es tan delicada que se han presentado 52 casos desde diversos actores que amenazan individual y colectivamente a la población, 52 combates, 25 homicidios intencionales cometidos contra personas protegidas, 13 personas que han resultado heridas, por los menos 12 desplazamientos individuales con ocasión de la imposición armada, 12 eventos de activación de minas antipersona, 12 enfrentamientos entre grupos no estatales, 11 casos de activación de artefactos explosivos improvisados y 10 masacres que han afectado de manera directa e indirecta a 41.686 personas.
Desde que las FARC-EP fueron reagrupadas en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación se abre un margen geográfico que es bien aprovechado por grupos paramilitares y disidencias de la agrupación guerrillera. Estas nuevas capacidades logísticas han sido aprovechadas por estos grupos armados al margen de la ley para afectar de manera directa los derechos de las comunidades y la situación humanitaria.
Son las poblaciones del Bajo Cauca y el Norte las que han tenido que soportar la ocurrencia de masacres, decapitaciones, desplazamientos masivos, confinamientos, casos de reclutamiento forzado, incidentes y accidentes con minas antipersonal y municiones sin explotar, pero también las amenazas y los homicidios de personas defensoras de derechos humanos.
En el 2019 disminuyó en 29 % la cantidad de cultivos ilícitos, sin embargo, los municipios de Valdivia, Tarazá y Cáceres siguen presentando grandes cantidades de producción que sirven de fuente de financiación para posteriormente hacer blanqueamiento de activos.
Durante el 2019 se registraron en Antioquia 15 eventos de desplazamientos masivos de 1.276 personas. OCHA ha registrado, durante el 2020, la afectación individual y colectiva de 2.213 personas por desplazamiento forzado; se recoge el caso de 43 profesores desplazados de varias veredas de Cáceres, el desplazamiento masivo ocurrido en Urrao el pasado 1 de mayo, los 73 excombatientes de Ituango por amenazas y falta de garantías de seguridad que salen hacia el ETCR de Mutatá y las 863 personas que salen desplazadas desde las veredas El Cedral, La Miranda, Las Arañas, Los Sauces, Quebrada del Medio y San Isidro hacia Ituango. Todas estas últimas retornaron.
En lo acontecido en el 2020, se presentaron 10 masacres en el departamento de Antioquia. El 12 de enero fueron asesinadas 3 personas en un mismo hecho en Caucasia, el 25 de enero el frente de guerra del Clan del Golfo hace una masacre y realiza un combate en Segovia; el 17 de enero, una incursión de un grupo armado deja 4 personas muertas en Tarazá; el 24 de enero, bandas criminales dejan un saldo de tres jóvenes muertos en Salgar; el 13 de febrero, un grupo armado ilegal masacra a 4 personas en Cáceres; el 15 de febrero ocurre una masacre en Medellín en el barrio Antonio Nariño de la comuna 13; en la misma fecha fueron masacrados recolectores de café en Andes; el 26 de febrero ocurre una nueva masacre en Salgar; el 7 de junio ocurre la masacre en la que resulta asesinado el hijo de un excombatiente de las FARC y el conductor de un bus escalera en Ituango; el 16 de junio se registra masacre en Ciudad Bolívar. Estas masacres dejaron el saldo 30 personas muertas.
El conflicto que se presenta en Antioquia proyecta que niños, niñas, adolescentes y población juvenil sean blanco de reclutamiento forzado en zonas donde son los actores armados quienes dominan información contemplada de las instituciones educativas urbanas y rurales. La desescolarización y la pobreza territorial aumentan todos los factores. En Norte, Nordeste y Bajo Cauca los casos parecen invisibles por la incapacidad de cuantificarlas, pero las condiciones sociales y económicas facilitan este delito de lesa humanidad que sigue ocurriendo. Los principales perpetradores de este crimen son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Caparrapos, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC-EP.
Las mujeres y las niñas son discriminadas en sus territorios y continúan siendo objeto de violencias basadas en género que se instalan en las dinámicas sociales.
La constante de confinar e impedir las libertades de las comunidades o los territorios es una demostración de la continua disputa territorial por controlar las economías ilegales, los corredores estratégicos que desatan constantes violaciones a los derechos de la población civil, su libre movilidad y la limitación del acceso a alimentos básicos. Indígenas de los resguardos de Chageradó y Murindó sufrieron del confinamiento de 475 familias; las comunidades indígenas de Amparradó Alto, Cañaverales fueron afectadas 37 familias, Genaturó 22 familias Amparradó Alto 87 familias. En las zonas urbanas las fronteras invisibles impiden la libre movilidad y el tránsito de la población.
La emergencia sanitaria provocada por el coronavirus ha mostrado peligrosas disposiciones de actores armados en algunos municipios de Bajo Cauca y Medellín, estos grupos buscan imponer por la fuerza el acatamiento de la cuarentena, a tal punto de confinar algunas zonas y desplazar habitantes bajo sospecha de estar contagiados de covid-19.
El mapa de terror no es nuevo y no deja de ser aterrador. Si nos remitimos a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, el panorama no cambia. ¿Por qué parece invisible esta violencia? ¿Qué están haciendo las autoridades para atender esta crisis? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Por qué tanto silencio de las autoridades?
En Análisis Urbano pensamos que hasta que no se lleve este debate a toda la sociedad antioqueña, mientras como país sigamos mirando para otro lado, mientras las autoridades estén más preocupadas por su imagen o rating positivos, será muy difícil que nos reencontremos con una postura colectiva de rechazo a la violencia. El marketing periodístico con el que se quiere dar atención a la pandemia no puede invisibilizar lo que está pasando en Antioquia; se debe actuar con contundencia y urgencia. Es una función de las autoridades. Ojalá cuando se den cuenta no sea demasiado tarde.
