Las investigaciones sobre los contratos para atender la pandemia –en los que ya se han invertido sumas superiores a los 15 billones de pesos– tienen una nueva vertiente a la que le están poniendo la lupa los organismos de control y la sociedad civil: la de financiadores de campañas políticas que, en medio de la emergencia, han obtenido millonarios contratos.
Hace cuatro días, las cabezas de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía advirtieron de esta práctica, que no es irregular a menos que los donantes hayan aportado más del 2 por ciento a una campaña, obliga a los organismos de control a averiguar si a esos contratistas de kits de alimentos, salud, servicios y logística se les entregaron estos negocios por ser los más idóneos y cumplir con todos los requisitos o si la razón fue otra.
El diario El Tiempo conoció reportes que muestran cómo algunos aportantes han obtenido más del 1.600 por ciento de sus donaciones. La Procuraduría, por ejemplo, encontró 252 contratos en los que personas o empresas habían donado a campañas políticas unos 3.307 millones de pesos y ahora en la pandemia recibieron contratos por 79.822 millones de pesos.
La mayoría de contratos a financiadores se han encontrado en las alcaldías (102), los Concejos (78) y la Cámara de Representantes (24). La Procuraduría también reportó que en Bogotá evidenció que 25 donantes que entregaron 1.350 millones de pesos para campañas políticas recibieron $ 67.832 millones. En La Guajira hubo tres particulares que dieron $ 18 millones y este año lograron la adjudicación de tres contratos por $ 513 millones. Y en Caquetá, tres donantes que entregaron un millón de pesos, ahora consiguieron contratos por 42 millones.
Aunque estas alarmas deben ser investigadas para determinar si hay algo irregular o no, según el procurador Fernando Carrillo, los hallazgos “demuestran una cartelización de la contratación que coincide con quienes invierten dinero en las campañas para convertir lo público en trinchera de sus intereses particulares, con una gran rentabilidad de inversiones en la política que les permite cooptar al Estado”.
El reporte de la Contraloría evidenció menos casos. El organismo revisó 39.898 contratos en los que encontró que por lo menos 44 de ellos eran de aportantes que tienen relación directa con el ente territorial que los contrató. Esos donantes entregaron en total 545 millones de pesos y ahora en las alcaldías recibieron contratos por $ 1.578 millones; en las gobernaciones, por $ 3.705 millones y en las juntas administrativas locales, por $ 38 millones.
Algunos de los que suman contratos más altos frente al nivel de sus aportes están en Caquetá, con dos contratistas que recibieron negocios por 1.602 millones. Y en la gobernación de Vichada, un contratista aportó 40 millones y recibió un contrato por 1.700 millones de pesos. En la alcaldías, la Contraloría detectó casos como el de Puerto Rico, Caquetá, en donde hubo aportes de 3 millones de un particular y el contrato que obtuvo fue de 385 millones. O el de la JAL de Soacha, en donde hubo un aporte de 200.000 pesos y hoy hay un contrato de 38 millones.
Ante esta situación, el contralor Carlos Felipe Córdoba afirmó que “la financiación de campañas no se puede volver la cuota inicial de futuros contratos con los que retribuyen indebidamente esa inversión”.
Estos reportes se suman al primero que lanzó las alertas, el de la ONG Transparencia por Colombia, que hace una semana reveló que al menos 117 particulares y empresas que aportaron 4.769 millones de pesos a campañas en las pasadas elecciones han obtenido contratos por 12.553 millones en la emergencia, es decir, tres veces más de lo entregado.
Frente a estos hallazgos, el fiscal general, Francisco Barbosa, le dijo a este diario que con lo encontrado por la Contraloría y la Procuraduría se abrirán investigaciones que ya están en despachos de la dirección anticorrupción. “Ni privilegios ni privilegiados con la corrupción”, señaló.
Los contratistas
En la lista de la Procuraduría de financiadores que hoy son contratistas aparece la firma Ingeniería de Vías, que aportó a campañas $ 20 millones y obtuvo contratos por 33.564 millones de pesos, por lo que, según el Ministerio Público, pudo haber tenido un retorno del 1.678 por ciento.
También aparece Javier Osvaldo Ramírez Martínez, que donó dos millones y obtuvo contratos por 281 millones. O Twity S. A., la cual se especializa en la confección de prendas, aportó 10 millones y, según el informe, tiene contratos por 1.295 millones de pesos.
Otro contratista es Fabián Octavio Jaimes, quien según la Procuraduría donó $ 24 millones en campañas y obtuvo contratos por $ 676 millones. Jaimes le dijo a EL TIEMPO que solo donó dos millones de pesos y un vehículo a un candidato de la alcaldía de Valledupar que no ganó en las elecciones, y que sus contratos no tienen ninguna relación con aportes a campañas pues siempre ha licitado y en su historia está la ejecución de más de 1.000 contratos.
Uno de los casos que más llamaron la atención de la Procuraduría es el de ARC Análisis S. A. S., que es la firma con mayor concentración de contratos. Por ejemplo, dice la Procuraduría, financió la campaña del alcalde de Cajicá y hoy tiene 46 contratos por $ 4.051 millones.
Otros organismos le advirtieron al diario El Tiempo de más casos, como el de Vichada, en donde el particular Jorge Eliécer Forero Gaitán aportó 40 millones y obtuvo un contrato por 1.714 millones de pesos. Y Transparencia por Colombia tiene otros reportes en el Valle, en donde siete contratistas fueron aportantes y hoy tienen 14 contratos por $ 741 millones. Entre ellos aparece Ana Rosa Pimienta Serrano, que entregó 4 millones y tiene un contrato por 95 millones, o la firma Equiro Scout de Emergencia, que donó 2 millones y tiene un contrato por 131 millones.
Aunque hasta ahora las investigaciones apenas empiezan, como la pandemia ha permitido flexibilizar la contratación está claro que por los próximos meses los nexos de financiadores con contratos públicos seguirán en la mira de los organismos de control, que deberán valorar si fueron entregados a empresas idóneas y que cumplían los requisitos legales o si de por medio hubo favores políticos.
¿Por qué esta práctica genera alertas?
Sandra Martínez, de Transparencia por Colombia, dice que en estos casos no se está cuestionando la financiación de particulares en campañas, ya que es algo permitido y de entrada no tiene consecuencias penales. El riesgo, dijo, es que a veces los aportes no se entregan como una donación para apoyar, sino con “una expectativa de retorno o trato especial”, y es allí en donde hay que prestar atención. Afirma que han encontrado en las últimas campañas que uno de cada tres financiadores luego tiene un contrato.
Esa relación de donantes con contratos no genera por sí sola una irregularidad, explicó, pues en cada caso se deben valorar dos aspectos. El primero es que, según el Estatuto Anticorrupción, si alguien entregó más del 2 por ciento de lo que costó una campaña, queda inhabilitado para contratar.
En segundo lugar, aunque muchos de los contratos relacionados con covid-19 se hacen por urgencia manifiesta, lo que permite la contratación directa, sin licitación, se debe respetar la elección objetiva del más idóneo y comparar precios.
Van siete alcaldes apartados del cargo
Los alarmantes sobrecostos que han encontrado los organismos de control en contratos de la emergencia han llevado a la Procuraduría a suspender a funcionarios, a la Fiscalía a imputar cargos y a la Contraloría a abrir investigaciones fiscales por el mal uso del erario.
En la Procuraduría se han abierto 813 procesos disciplinarios a 27 gobernaciones y 396 alcaldías por contrataciones de todo tipo, que no tienen que ver con financiadores de campañas, sino con presuntas irregularidades en las compras que se están haciendo en general en medio de la pandemia.
Los casos en la Procuraduría que ya están en juicio son los del gobernador de Arauca, el de Vichada y tres funcionarios de Quindío. También han sido suspendidos de sus cargos al menos siete alcaldes.
En la Fiscalía General hay abiertas por lo menos 177 indagaciones por presuntos hechos de corrupción en los 32 departamentos. Por hechos de peculado, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales o interés indebido en contratos, la Fiscalía les imputó esta semana cargos a los alcaldes de Necoclí y Barbosa (Antioquia), a los de San José de Miranda (Santander) y El Charco (Nariño). También anunció imputación de cargos contra el suspendido gobernador de Chocó, Ariel Palacios.
Y la Contraloría, que ha vigilado contratos por más de 3,9 billones de pesos relacionados con la pandemia, ha emitido 340 alertas por irregularidades y detectado sobrecostos por 484.000 millones de pesos.
Esta semana, el organismo abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el gobernador de Tolima, José Ricardo Orozco, por un presunto detrimento de 2.212 millones de pesos en tres contratos.
El otro gobernador investigado por ese organismo es el de Guainía, Juan Carlos Iral Gómez, por un presunto daño al erario de 112 millones. También hay un proceso fiscal contra el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, por un posible detrimento de 193 millones.
Tomado de El Tiempo
