Detalles del operativo en Copacabana
ANTIOQUIA, COLOMBIA. (12 AGO 2025) – En un operativo articulado entre la Policía Nacional, a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), fueron aprehendidas 36.587 unidades de confecciones de origen extranjero, cuyo valor supera los 2.440 millones de pesos.
La acción se desarrolló en el marco del Plan Operacional Anticontrabando (POAC), durante un control aduanero en la vía pública, sector del peaje de Copacabana, en la ruta que conecta Medellín con Bogotá. En el procedimiento, unidades de la División de Control Operativo Medellín interceptaron un camión que transportaba mercancía sin la documentación que acreditara su ingreso legal al país.
Además de las confecciones, las autoridades incautaron el vehículo de carga, avaluado en 380 millones de pesos, y capturaron en flagrancia a tres personas —dos de ellas extranjeras— por el delito de favorecimiento y facilitación del contrabando, contemplado en el artículo 320 del Código Penal.
Las autoridades señalaron que este resultado fortalece las investigaciones contra estructuras multicrimen dedicadas al contrabando, contribuyendo a la protección de la economía formal y la seguridad en Antioquia.
La Policía Nacional reiteró su compromiso en la lucha contra el ingreso y distribución irregular de mercancías, e invitó a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa a través de la línea anticontrabando 159, el número de WhatsApp 321 394 2169 o el correo polfa.anticontrabando@policia.gov.co, garantizando la reserva de la información.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.