CÚCUTA, COLOMBIA (24 NOV 2024) – Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Édgar Uriel R. G., alias «La Máscara», tras ser señalado como presunto responsable del asesinato de dos habitantes de calle en Cúcuta.
Los hechos ocurrieron la noche del pasado 15 de noviembre en las inmediaciones del canal de aguas conocido como Bogotá, donde dos personas en condición de calle fueron atacadas con arma de fuego, perdiendo la vida en el lugar.
Gracias a actividades investigativas, las autoridades identificaron a «La Máscara», de 39 años, como uno de los presuntos autores del crimen. El hombre fue capturado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional mientras transitaba por la Avenida Gran Colombia de Cúcuta.
Según las investigaciones adelantadas por un fiscal seccional, el ataque habría sido motivado por rencillas anteriores entre el procesado y las víctimas. Alias «La Máscara» fue imputado por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Durante las audiencias preliminares, el juez determinó que el procesado debía permanecer bajo medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. Este fallo representa un avance significativo en la lucha contra los crímenes que afectan a las poblaciones más vulnerables de la ciudad.
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional reiteraron su compromiso de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluyendo los habitantes de calle, y de llevar ante la justicia a los responsables de delitos que atentan contra la vida y la seguridad de la comunidad.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.