El procesado sería el segundo cabecilla de la estructura armada que delinque en Valle del Cauca y Cauca.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA (31 JUL 2024) – Diego Armando Riascos Angulo, alias Tura, presunto segundo cabecilla de la estructura urbana Manuel Cepeda Vargas e integrante del Frente Jaime Martínez que delinque en Valle del Cauca y Cauca, ha sido enviado a la cárcel. Las pruebas aportadas por un fiscal de la Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales (DECOC) permitieron que un juez tomara esta decisión.
Según la investigación, Riascos Angulo es responsable de varios atentados contra la fuerza pública, incluyendo uno efectuado al cantón militar Pichincha el pasado 4 de abril. Además, se le vincula con la coordinación de un atentado con un carro bomba en Cali y con el apoyo al resurgimiento del frente urbano Manuel Cepeda Vargas.
La Fiscalía cuenta con información que señala a Riascos Angulo como responsable del reclutamiento de jóvenes en Cali, quienes habrían sido entregados a las disidencias en la región del Naya.
El investigado fue capturado en cumplimiento de una orden judicial durante diligencias de registro y allanamiento en Santander de Quilichao (Valle del Cauca). En el operativo también fue capturada Iba Libia Esquivel, alias Camila, quien fue imputada por el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias y también enviada a un centro carcelario.
Un juez de control de garantías avaló los argumentos del ente investigador e imputó a Riascos Angulo el delito de terrorismo, imponiéndole medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.