Un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia contra el exdirector de Inteligencia del DAS Laude José Fernández Arroyo, como presunto determinador y autor de una serie de escuchas ilegales.

Durante las audiencias concentradas, el fiscal del caso imputó los delitos de: concierto para delinquir agravado, violación de datos personales e interceptación ilícita de comunicaciones, cargos que no fueron aceptados por el procesado.

Parte de la evidencia contra Fernández Arroyo fue obtenida con ocasión de las auditorías a las salas de interceptaciones de la Fiscalía ordenadas desde el despacho del Fiscal General de la Nación, en septiembre de 2018, dentro de la investigación contra el coronel en retiro Jorge Humberto Salinas Muñoz, judicializado por su supuesta participación en una red de interceptaciones ilegales.

En las verificaciones, el grupo de policía judicial del CTI constató que el coordinador de la Sala Diamante de la entidad, Luis Carlos Gómez Góngora; y el fiscal Fabio Augusto Martínez Lugo, habrían ordenado irregularmente controlar las comunicaciones de directivos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), como el capitán Julián Pinzón; del presidente para Colombia del Grupo Enel, Lucio Rubio Díaz; el abogado Felipe Jaramillo y otros empresarios.

Los indicios recaudados darían cuenta que Laude José Fernández Arroyo, como representante de una empresa que ofrecía servicios de inteligencia corporativa y asesoría estratégica en litigios, habría cooptado a los mencionados funcionarios y a otras fuentes humanas para que accedieran a las comunicaciones de personas que sostenían disputas judiciales con sus clientes.

En ese sentido, Fernández Arroyo, al parecer, recibió información privilegiada producto de las escuchas ilegales, fotografías y datos íntimos de las víctimas de las interceptaciones y sus familias, y presuntamente les dio un manejo indebido para sacar provecho económico.

Situación que configuraría una clara violación a la ley que protege el tratamiento de datos personales.

El material en poder de la Fiscalía General de la Nación también permitió conocer que el hoy procesado, a través de su engranaje criminal, era enterado del avance de las indagaciones en su contra, de tal manera que se anticipaba a cualquier procedimiento.

Al respecto, la Fiscalía insistió en medida de aseguramiento en centro carcelario ante el inminente riesgo de obstrucción a la justicia; sin embargo, el juez de control de garantías dispuso la detención domiciliaria por dos de los tres delitos imputados (violación de datos personales e interceptación ilícita de comunicaciones).

Antecedentes
La auditoría interna ordenada por la Fiscalía General de la Nación como parte de la investigación contra el coronel en retiro Jorge Humberto Salinas Muñoz, también procesado por presuntas interceptaciones ilegales, ha permitido identificar y capturar a otras fichas que estarían involucradas en la cadena criminal.

El 17 de diciembre de 2018, fue capturado Luis Carlos Gómez Góngora, coordinador de la Sala Diamante de la Fiscalía General de la Nación, quien se convirtió en el primer exfuncionario de la entidad en recibir una condena por escuchas ilegales. Esta persona aceptó su responsabilidad en los delitos de: fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y falsedad en documento público; y recibió una pena de ocho años y cuatro meses de prisión.

El fiscal 32 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, Fabio Augusto Martínez Lugo, fue capturado el 8 de mayo del año en curso, y cobijado con medida de aseguramiento por los delitos de: concierto para delinquir, prevaricato por acción, fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones, y utilización ilícita de comunicaciones.

A las citadas detenciones y a la del exdirector de Inteligencia del DAS Laude José Fernández Arroyo, se suman otras diligencias judiciales realizadas y versiones juramentadas recibidas en el curso de las investigaciones.