El procesado es señalado de entregar el arma y coordinar la huida del sicario
San José del Guaviare, Guaviare. 08 de Julio de 2025. –La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías enviara a la cárcel a Alberto Antonio Araújo Rivera, ciudadano venezolano, por su presunta participación en el atentado contra el periodista Gustavo Chicangana Álvarez, ocurrido el pasado 5 de julio en San José del Guaviare.
Según el medio de la FGN. Araújo Rivera contactó al autor material del ataque y le ofreció dos millones de pesos para que ejecutara el crimen. Además, le entregó el arma de fuego horas antes del atentado.
El día de los hechos, el periodista y su esposa estaban frente a su vivienda, a bordo de una motocicleta. En ese momento, el sicario los atacó con el arma. El comunicador sufrió heridas en el hombro, el tórax y el cuello. Su esposa también resultó lesionada, con un disparo en la mandíbula.
Después del ataque, Araújo Rivera esperó al agresor en un punto previamente acordado y lo ayudó a escapar del lugar.
La Fiscalía imputó al detenido los delitos de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Durante las audiencias, Araújo Rivera no aceptó los cargos. La orden de captura se ejecutó en una vivienda del barrio Primero de Octubre, donde las autoridades encontraron el arma utilizada en el ataque.
El pasado 7 de julio, la Fiscalía ya había judicializado a Wilmer Alexander Perea Babativa, presunto autor de los disparos. Un juez ordenó que ambos fueran trasladados a cárceles fuera de San José del Guaviare.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.