Habrían participado en la suplantación del alcalde y la tesorera para transferir ilegalmente 1.400 millones de pesos que correspondían a recursos públicos de un programa de construcción y adecuación de carreteras rurales.
Norte de Santander, Colombia, 12 de mayo de 2025.- Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a cuatro personas presuntamente involucradas en un sofisticado robo informático a la Alcaldía de Cáchira, ocurrido en varias fechas entre el 18 y el 25 de abril de 2024.
Los investigados son Hugo Miguel Hazbún Reyes, quien habría recibido la mayor cantidad de dinero, Juan Carlos Domínguez Medina, Laura Vanesa Escamilla García y Ruth Marleny Medina Díaz. Estas personas son señaladas de prestar sus cuentas bancarias para recibir las transferencias ilícitas de fondos públicos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos, les imputó el delito de hurto por medios informáticos agravado, aunque los imputados no aceptaron los cargos.
Según las investigaciones, los acusados habrían participado en la suplantación del alcalde y la tesorera de Cáchira, accediendo a las plataformas bancarias del municipio mediante información privilegiada. De este modo, se realizaron cinco movimientos financieros fraudulentos, logrando desviar aproximadamente 1.400 millones de pesos.
El dinero correspondía al programa gubernamental ‘Colombia Rural’, destinado a la financiación de obras de construcción y mejora de carreteras veredales en la región.
Las autoridades continúan con las indagaciones para establecer si hay más personas vinculadas a esta red delictiva y para recuperar los recursos públicos desviados.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.