Norte de Santander, Colombia, 10 de abril de 2025.- La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres presuntamente involucrados en agresiones sexuales y físicas cometidas contra menores de edad en Cúcuta.
El primer caso fue asumido por un fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), quien judicializó a un hombre por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal o actos sexuales abusivos con incapaz de resistir. De acuerdo con la investigación, el pasado 7 de abril, el procesado, vecino de la víctima, habría ingresado sin autorización a la vivienda de una adolescente de 16 años y le realizó tocamientos de carácter sexual. El hecho fue detectado en flagrancia, lo que permitió su inmediata captura por las autoridades.
El segundo caso corresponde a la captura de otro hombre el 8 de abril, señalado de haber agredido física y verbalmente a su excompañera sentimental, una menor de 17 años, en hechos ocurridos el 14 de noviembre de 2024. Según la Fiscalía, la agresión se habría originado porque la víctima decidió no continuar con la relación. En este caso, el ente acusador formuló el escrito de acusación por el delito de violencia intrafamiliar, y el juez ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Ambos hombres no aceptaron los cargos formulados en su contra por la Fiscalía.
Estos resultados hacen parte del compromiso institucional para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, y garantizar su acceso a la justicia frente a cualquier forma de violencia.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.