GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA (16 FEB 2024) – En un importante golpe contra el crimen organizado en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, la Fiscalía General de la Nación anunció la detención y posterior encarcelamiento de dos personas, un hombre y una mujer, identificados como Marcela González Martínez y Néstor Enrique Gómez Tovar. La pareja fue sorprendida en posesión de armamento de uso restringido y una considerable cantidad de sustancias estupefacientes.
La captura de González y Gómez se produjo el pasado 1 de febrero, en el marco de operativos de registro y allanamiento liderados por un fiscal de la Seccional Valle del Cauca y ejecutados por efectivos de la Policía Nacional. Las diligencias tuvieron lugar en dos propiedades situadas en el corregimiento Pueblo Nuevo, dentro de la jurisdicción de este municipio.
Entre los hallazgos más significativos de las autoridades se cuentan 119 dosis de bazuco, 45 cartuchos, una escopeta acompañada de dos cartuchos adicionales, 599,5 gramos de marihuana y tres teléfonos celulares, evidencia que sustenta las acusaciones formuladas contra los detenidos.
La Fiscalía imputó a los implicados delitos que incluyen la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; la fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Pese a las serias acusaciones, González Martínez y Gómez Tovar no aceptaron los cargos imputados.
El juez encargado del caso ha ordenado que ambos imputados permanezcan en detención preventiva en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
