MEDELLÍN, ANTIOQUIA (23 NOV 2024) – Un juez de control de garantías de Medellín dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Kevin Aníbal C. C. (27 años) y Daniel Santiago R. A. (41 años), señalados de participar en un ataque armado que resultó en la muerte de dos ciudadanos extranjeros y dejó heridas a dos mujeres, también extranjeras.
Detalles del caso
Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 30 de octubre, cerca del Centro Administrativo La Alpujarra en Medellín. Según la investigación liderada por un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de la URI, apoyado por la Sijin de la Policía Nacional, las víctimas se desplazaban en un vehículo particular cuando fueron interceptadas y atacadas por los procesados.
Los presuntos agresores utilizaban una motocicleta, supuestamente conducida por Kevin Aníbal, y un taxi manejado por Daniel Santiago para cometer el atentado.
Cargos imputados
La Fiscalía les imputó los delitos de:
- Homicidio agravado
- Tentativa de homicidio agravado
- Porte ilegal de armas de fuego de defensa personal agravado
Ambos acusados no aceptaron los cargos durante las audiencias preliminares.
Captura y judicialización
Los dos hombres fueron capturados en Medellín gracias al trabajo coordinado entre las autoridades. El juez determinó que deberán permanecer en un centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial.
Compromiso de las autoridades
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional reiteran su compromiso de esclarecer este tipo de ataques que afectan la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, además de llevar a los responsables ante la justicia.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.