La Fiscalía logró incautar con fines de comiso una millonaria suma confiscada durante las capturas.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
MEDELLÍN, ANTIOQUIA (14 AGO 2024) – Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Dayana Hincapié Valencia y Carlos Andrés Cardona Hernández, por su presunta responsabilidad en el hurto de más de 180 millones de pesos en monedas virtuales a dos ciudadanos turcos. Los delitos imputados incluyen hurto calificado, acceso abusivo a un sistema informático y transferencia no consentida de activos, todas las conductas agravadas.
Los hechos ocurrieron el 5 de julio de 2023 en un apartamento del barrio El Poblado, en Medellín. Las víctimas, dos hombres de nacionalidad turca, habrían contactado a dos mujeres a través de una plataforma de citas. Según la investigación, las mujeres les habrían suministrado una bebida que los dejó inconscientes durante dos días. Durante ese tiempo, los implicados habrían sustraído pertenencias valoradas en 19 millones de pesos y accedido a las aplicaciones de los teléfonos de las víctimas, transfiriendo criptomonedas por un valor de más de 165 millones de pesos a billeteras virtuales.
Las capturas de los procesados fueron realizadas por la Policía Nacional en el municipio de Dosquebradas, Risaralda. Durante el operativo, se incautaron ocho celulares y se recuperaron 150 millones 650 mil pesos en efectivo. El juez ordenó la incautación con fines de comiso del dinero recuperado.
En el mismo operativo fue capturada Jenifer Leandra Toro, quien fue imputada por los mismos delitos, pero quedó en libertad por decisión judicial. No obstante, continúa vinculada al proceso.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.