Los secuestradores exigieron a la hija de la mujer $60 millones por su liberación
Medellín, Antioquia. 03 de Julio de 2025. –Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a prisión a Diego Alexander Flórez, Jorge Alberto Toro Valencia y Eliceth Cristina Ruiz. Son señalados de secuestrar a una mujer en el centro de Medellín.
Según el medio de la FGN. La hija de la víctima denunció que su madre llegó desde Vegachí (Antioquia) el 21 de junio. Viajó para entregar una cantidad de mercurio, valorada en 55 millones de pesos. Dicha sustancia ya había sido pagada por un socio de Diego Flórez.
La transacción se realizó en el barrio Los Colores. Tras verificar el producto, el comprador determinó que no era original. Entonces, con ayuda de los otros dos investigados, habría decidido retener a la mujer.
Los tres implicados trasladaron a la víctima a una vivienda del centro. Allí la mantuvieron bajo custodia mientras presionaban a la hija para recuperar el dinero.
A través de llamadas, le exigieron 60 millones de pesos. Amenazaron con hacerle daño a la víctima y a su familia si no entregaban el dinero a las 11 de la mañana del día siguiente.
El 22 de junio, agentes del CTI adscritos al Gaula Militar, junto al Ejército Nacional, acompañaron a la hija durante una entrega controlada. En el procedimiento lograron liberar a la mujer y capturar en flagrancia a los tres presuntos responsables.
Durante la diligencia, las autoridades incautaron tres celulares, un cuaderno con apuntes mineros y un paquete que simulaba contener el dinero exigido.
En las audiencias, los procesados no aceptaron los cargos por secuestro extorsivo agravado. La defensa apeló la decisión del juez de enviarlos a prisión.
La Fiscalía reiteró que continuará actuando con firmeza contra el secuestro y la extorsión, delitos que atentan contra la libertad y la seguridad de la ciudadanía.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.