CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA (21 JUN 2024) – La Fiscalía General de la Nación ha judicializado a dos hombres por su presunta responsabilidad en el porte ilegal de armas de fuego en hechos distintos ocurridos en la zona metropolitana de Cúcuta. Ambos individuos han sido imputados y enviados a la cárcel como medida de aseguramiento.
El primer caso involucra a José Estiven Lindarte Tarazona, quien fue capturado durante una diligencia de registro y allanamiento realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional. En el operativo, se encontraron un arma de fuego, cartuchos y varias dosis de marihuana y cocaína, presuntamente en su propiedad. Por estos hechos, Lindarte Tarazona fue imputado por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
En un segundo caso, la Policía Nacional capturó a Diego Armando Ortiz Acevedo durante labores de control y registro en Villa del Rosario. Ortiz Acevedo portaba una pistola calibre 9 mm, un proveedor y munición para la misma. Al momento de su captura, intentó identificarse con una cédula venezolana para evitar ser reconocido como ciudadano colombiano, pues era requerido por las autoridades debido a una condena previa por homicidio. Un fiscal de la Seccional Norte de Santander le imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargo que no aceptó.
En ambos casos, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad en establecimientos carcelarios, subrayando el compromiso de las autoridades de Norte de Santander en la lucha contra el porte ilegal de armas y la delincuencia.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
