En el municipio de Riosucio, Chocó, zona del Urabá en el Darién chocoano, fue asesinado por grupos paramilitares el líder social indígena embera Aquileo Mecheche Baragón. El hecho ocurrió en la noche de este viernes 12 de abril.
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, Mecheche había recibido amenazas y desde noviembre de 2018 había solicitado protección a la Unidad Nacional de Protección, UNP.
En un comunicado, la UNP señaló que apenas tuvo conocimiento de las amenazas en contra de los hermanos Julio y Aquilo Mechece, inició el trámite de urgencia, que terminó en la concertación con ellos para que abandonaran Riosucio y se instalaran en otro lugar del país donde sus vidas no corrieran peligro. A finales de marzo se conformó una comisión, de la que hizo parte la Defensoría del Pueblo, para sacar de la zona de Riosucio a los hermanos Mecheche. La Unidad se ofreció para evacuarlos de la zona en helicóptero.
Asimismo, la UNP agregó que el 3 de abril, el señor Aquileo Mecheche reclamó el subsidio de reubicación a través de Bancolombia. “Por la forma lamentable en que evolucionaron los acontecimientos, se deduce que Aquileo continuó en Riosucio. Su hermano, en cambio, atendió la medida de la reubicación y se encuentra bien».
La Onic respondió a la UNP diciendo que lo que pretende esa entidad es dar a entender que adoptó medidas de urgencia tan pronto tuvo conocimiento de las amenazas contra el señor Aquileo y así dar la impresión de eficiencia y eficacia en su proceder. “Ante esto debemos manifestar que en el mes de noviembre de 2018, aproximadamente cuatrocientas personas pertenecientes a los Pueblos Embera Katío, Dobida, Eyabida, Wounan y Zenú de los municipios de Riosucio y Carmen del Darien en el departamento del Chocó, en el marco del ejercicio de la Minga llegaron a Bogotá a denunciar la crítica situación de seguridad por la que están atravesando los Pueblos Indígenas como consecuencia de la presencia de grupos armados ilegales en sus territorios, dentro de otra serie de vulneraciones de las que han venido siendo víctimas”.
Añadió la Onic que “la UNP omitió su deber legal de establecer las medidas de emergencia por el procedimiento establecido en la norma, omitió darle un trámite célere y eficaz y adicionalmente ahora le miente al pueblo colombiano diciendo que apenas tuvo conocimiento de los hechos inició el trámite de urgencia”.
Las autoridades indagan sobre los responsables y los móviles del crimen.