La Jurisdicción Especial para la Paz es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Es una jurisdicción que, como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición busca, ante todo, la satisfacción de los derechos de las víctimas, en particular el derecho a la justicia, pero también contribuir a garantizar sus derechos a la verdad, la reparación y la no repetición, así como contribuir a la consolidación de la paz.
En este video, a través de las historias de Sebastián Arismendy (hijo de un diputado de la Asamblea del Valle, que fue asesinado por las Farc cuando estaba secuestrado) y Soraida Muñoz (cuyo hijo fue asesinado en un “falso positivo»), se muestran cómo funciona la Jurisdicción Especial para la Paz y cuál es la ruta que siguen las víctimas para satisfacer sus demandas.
Es la primera vez que un gobierno y un grupo armado ilegal crean en un acuerdo de paz un sistema de rendición de cuentas ante un Tribunal nacional para investigar, juzgar y sancionar las conductas cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado, en particular los delitos más graves y representativos. En este acuerdo se acepta que hay delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado que son tan graves que no pueden ser objeto de amnistías e indultos, y que la transición del conflicto armado a la paz en Colombia se hará garantizando el derecho de las víctimas a la justicia.
La reparación a las víctimas comprende medidas de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y no repetición. Dentro de estos componentes, el acuerdo de paz hace énfasis en la adopción de medidas para reconocer y atender los daños causados por el conflicto a las comunidades, grupos y organizaciones, mediante el fortalecimiento de los procesos de reparación colectiva territorial y los planes nacionales de reparación colectiva. Igualmente se desarrollarán estrategias adicionales de rehabilitación comunitaria para la reconstrucción del tejido social.
Adicionalmente, el acuerdo comprende la puesta en marcha de programas de retornos y reubicación de personas en situación de desplazamiento que se articularán con los programas de desarrollo con enfoque territorial y los procesos de restitución de tierras.
