A punto de cerrar el capítulo del laudo arbitral por la liquidación de la Ruta del Sol, y todavía con los coletazos de la decisión que dejó mal parado económicamente a Odebrecht y sus socios colombianos, en otro tribunal de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá empieza a coger fuerza el siguiente gran pleito en contra del Estado con protagonistas similares: el del contrato de Navelena. El 11 de julio de 2018, la empresa brasileña y su socio en el proyecto, Valorcon, presentaron la solicitud de convocatoria para que sea esta instancia la que establezca cómo se debe liquidar el negocio que buscaba la navegabilidad del río Magdalena, y cuyas pretensiones son de más de $348.000 millones.
Ambos pleitos son similares. No solo por la presencia de Odebrecht como socio mayoritario de las empresas que adquirieron los contratos, sino por la estela de presuntas acciones ilegales para la obtención de los proyectos y por la responsabilidad de funcionarios públicos en las supuestas irregularidades. Sin embargo, el caso del río tiene una diferencia fundamental: aquí, a diferencia del expediente de la Ruta del Sol, la justicia todavía no se ha pronunciado de fondo sobre si existieron pago de sobornos, aunque varios testigos de la Fiscalía y la Corte Suprema han señalado que lo que pasó en Navelena en 2014 fue el espejo de lo que ya había sucedido en 2010 con la Ruta de Sol.
El asunto del nuevo tribunal se remonta a finales de mayo de 2014, cuando el Gobierno abrió la licitación para comenzar uno de los proyectos de infraestructura más importantes de los últimos años: hacer del río Magdalena una vía de tránsito de grandes buques de transporte. Al concurso se presentaron tres empresas: Navega Magdalena S.A.S., Coderma y, por supuesto, Navelena. Dos meses después, con las propuestas en evaluación, la licitación se cerró y el único interesado que apareció para seguir con el proceso fue la sociedad de Odebrecht y Valorcon. Hasta hoy, es poco lo que se sabe sobre por qué fueron los únicos que continuaron en el proceso de contratación.
El 15 de agosto de 2014, Cormagdalena, la entidad responsable del estado del proyecto, le adjudicó el contrato a Navelena y le dio 18 meses, a partir del inicio del contrato, para acreditar cómo iba a financiar la obra (cierre financiero). En la búsqueda del dinero, el Banco Agrario le otorgó dos créditos por $120.000 millones, que se destinaron a pagar las obligaciones de la etapa de preconstrucción y que recibió la fiduciaria del proyecto, en cabeza del Banco de Occidente, del Grupo Aval. El plazo para presentar la propuesta se venció el 13 de junio de 2016 y, sin explicaciones suficientes, el 30 de ese mismo mes las autoridades declararon que se estaba incumpliendo el contrato.
Los esfuerzos para lograr el cierre financiero, sin embargo, continuaron. El 15 de diciembre de 2016, Navelena aseguró tener la solución al problema de la plata. Ese día explicó que por fin había encontrado al financiador del proyecto: Sumitomo Mitsui Banking Corporation, un grupo bancario japonés que había aterrizado en el país hacia 2015 tras comprar el 50 % de las acciones de la Financiera de Desarrollo Nacional (FND). Con los documentos al día, las autoridades declararon que Navelena había cumplido los requisitos de la financiación y podía seguir adelante con el proyecto. La dicha no les duró mucho.
Por esa época, el panorama en Brasil ya estaba de capa caída. Marcelo Odebrecht, el expresidente de la multinacional, había sido condenado en marzo de ese año a 19 años de cárcel por el escándalo de corrupción, y la justicia estadounidense estaba a meses de dar a conocer la acusación en su contra, un hecho que terminó de dar la estocada final a los intereses de los brasileños en América Latina y Estados Unidos. Justamente seis días después de que los japoneses entraran en el mapa de Navelena, el Departamento de Justicia del país norteamericano dijo que Odebrecht pagó US$11 millones en sobornos en Colombia, y ahí fue Troya.
El exviceministro de Transporte Gabriel García Morales fue el primero en hablar y confesó que, en efecto, había recibido una coima de US$6,5 millones para que Odebrecht se quedara con el contrato de la Ruta del Sol en 2010. El siguiente fue el exsenador Otto Bula, quien relató que había recibido pagos de parte de los brasileños para interceder por ellos en varias licitaciones. Hoy hay por lo menos 78 personas investigadas, de las cuales al menos 10 son o fueron congresistas. Además de las investigaciones por las irregularidades en los contratos, las autoridades ya investigan otra arista del caso: el supuesto ingreso de dineros ilegales a campañas presidenciales.
Ante la conmoción por los hallazgos de los estadounidenses, todo lo que tuviera el sello de Odebrecht empezó a oler mal. Con las evidencias de los sobornos, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) pidió anular el contrato de la Ruta del Sol. Y sobre el proyecto del río Magdalena, lo primero que hizo Cormagdalena en 2017 fue preguntar a los japoneses si, a raíz del manto de sospechas que caía sobre la empresa mayoritaria del proyecto, todavía querían seguir apoyándolo. Su respuesta fue un no rotundo. De nuevo, Navelena se quedó sin la estrategia para lograr su cierre financiero.
A finales de febrero de 2017 se reactivó el trámite para declarar la caducidad del contrato, la vía que había quedado pactada en 2014 si Navelena no cumplía con los requisitos del proyecto (en el caso de la Ruta del Sol fue diferente, pues ahí sí hubo sobornos y, en el camino pactado por las partes, la caducidad no estaba permitida). Para octubre de ese año, la obra estaba más que hundida. Cormagdalena firmó el acta de terminación y liquidación del contrato durante ese mes, y para enero del año siguiente la Superintendencia de Sociedades ordenó la terminación de Navelena como sociedad. El encargado del caso fue el hoy alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila.
Sin más remedio que acabar el contrato, la pelea entonces radicó en cómo se debía liquidar. La misma cuestión que no se pudo resolver amigablemente en el expediente de la Ruta del Sol y terminó en el laudo del pasado 6 de agosto. El interventor de la obra le presentó a Cormagdalena una tasación de las deudas que el Estado tenía que reconocer a Navelena, que no les gustó para nada. Para ellos, el monto tasado era bastante inferior a lo que calcularon que les debían pagar. Por un lado, la cifra que la nación estuvo de acuerdo con pagar fue de $233.904 millones, mientras para Navelena el pago debe ser de mínimo $347.000 millones.
Sin que pudieran llegar a un acuerdo, el pasado 11 de julio llegó a la Cámara de Comercio la demanda que busca, precisamente, que el Estado reconozca la cifra de Navelena. Según sus argumentos, el problema es que el interventor del proyecto no tuvo en cuenta en sus cálculos conceptos como el pago a terceros, los costos de los estudios y diseños del proyecto, la compra de maquinaria, los intereses del crédito que entregó el Banco Agrario, entre otros. Aunque todavía no se conoce la defensa del Estado, este caso promete ser otro round en la pelea con Odebrecht y sus reiterados planes de recuperar el dinero invertido en Colombia, pese a sus cuestionadas actuaciones.
Se trata de una pelea quizás igual de intensa a la que se vivió con el caso de la Ruta del Sol. Aunque en el expediente por Navelena no hay ni una persona condenada ni se sabe a ciencia cierta qué pasó, en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia reposan varios testimonios que podrían darle un nuevo giro a esta historia. Por ejemplo, el exsenador Otto Bula, todavía preso, le ha dicho a la justicia que la firma brasileña tuvo un especial interés en quedarse con el proyecto del río Magdalena y que para hacerlo dividió su estrategia en dos partes. La primera estaba enfocada en pagar al senador para que consiguiera un socio extranjero para financiar la obra.
La segunda, según la revista Semana, involucraba a un grupo de senadores y funcionarios públicos que se encargaron de “abrir las puertas de varias entidades financieras, incluyendo allí el fondo que contiene el dinero de la venta de Isagén”. Bula agregó que sí existieron congresistas que mediaron para lograr el préstamo para el cierre financiero, pero que lo mismo hicieron varios funcionarios del Gobierno. En esta misma línea, el exviceministro García Morales, ya condenado por haber recibido un soborno, ha declarado que hacia mediados de 2016 se reunió con el expresidente de Odebrecht en Colombia Eleuberto Martorelli.
García relató que en ese encuentro el empresario le comentó sobre una serie de compromisos que la multinacional había adquirido. Se trataba de un acuerdo para apoyar a candidatos del Partido de la U y “asumir deudas de las campañas presidenciales, a cambio de la adjudicación de Navelena”. El exfuncionario agregó que en esa misma reunión el brasileño le había dicho que, en cuanto lograran el cierre financiero, el paso siguiente era añadir una nueva obra al contrato: la esclusa de Calamar. Según Semana, se trataba de un proyecto “que estaba dentro de la estructuración del Canal del Dique y que se venía trabajando con el Fondo de Adaptación”.
Pese a estos testimonios, que ya cumplen dos años en los anaqueles de los investigadores, es poco lo que se conoce al respecto. Las únicas pesquisas que han avanzado sobre el episodio de Navelena son las que ha hecho la Procuraduría. En junio de este año, el Ministerio Público sancionó a 11 exmiembros de la junta directiva del Banco Agrario pues encontró que los créditos que entregaron fueron aprobados de manera irregular. De acuerdo con la decisión, los pagos se aprobaron sin hacer una investigación y los análisis que hubieran podido advertirles a los ejecutivos quién iba a recibir el dinero: nada menos que la empresa de un hombre que ya estaba condenado por corrupción.
La Procuraduría agregó que los sancionados “participaron en el trámite, estudio y aprobación del crédito, pese a que sobre el socio mayoritario había un claro y evidente riesgo reputacional”. Solo dos días antes de esta determinación, el Tribunal Superior de Bogotá estableció que en el caso de los créditos no se había cometido ningún delito y archivó la investigación penal que existía contra seis exdirectivos de la entidad financiera. Para tomar la decisión, los magistrados tuvieron en cuenta el hecho de que el dinero prestado a Navelena fue devuelto al banco en octubre de 2017. En esta relación con el Banco Agrario hay un capítulo más, con sus propios protagonistas.
Según una declaración de Yezid Arocha, abogado de Odebrecht, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, Corficolombiana, del Grupo Aval, fue la encargada de estructurar la propuesta financiera de Navelena. El grupo financiero ya era un viejo conocido de la multinacional pues, a través de la empresa Episol, se había aliado en 2010 para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol. Este caso ha causado todo tipo de enfrentamientos ya que existen documentos oficiales del banco que dan cuenta de que el exfiscal Néstor Humberto Martínez fue asesor de la entidad y nunca se declaró impedido en los casos que por esta historia ha tenido que conocer el ente investigador.
Quien hizo pública la documentación fue el senador Jorge Enrique Robledo. En su defensa, Martínez ha explicado que ese papel debe ser falso y además ha demostrado con sus propios documentos que nunca tuvo relación laboral con el Banco Agrario. El enfrentamiento entre el congresista y el exfiscal llevó a que este último presentara una querella por injuria y calumnia. Pero en julio de 2017, ante la Corte Suprema, ambos llegaron a una conciliación. Sin embargo, ni Robledo se retractó de lo dicho, ni Martínez negó los señalamientos.
Además de este lío, la periodista María Jimena Duzán reveló hace dos años que la Contraloría había encontrado problemas con el pago de los créditos y que, en efecto, el Estado sí había perdido plata. Según la columnista, de los $160.000 millones de los créditos del banco, $50.000 millones se embolataron y fueron utilizados por Navelena para saldar una deuda que tenía con el Banco de Occidente, el mismo responsable de la fiducia del proyecto, cuyo dueño es el Grupo Aval, al igual que de Corficolombiana. Según el ente fiscal, el propósito del pago fue que la entidad bancaria “redujera su exposición de riesgo crediticio con el grupo empresarial Odebrecht”.
El caso de Navelena hasta ahora está comenzando. La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia tienen en sus manos testimonios que podrían ser claves para entender qué sucedió en la etapa de adjudicación del contrato y qué tan parecido es este caso con el de la Ruta del Sol, en cuanto a los sobornos que se pudieron pagar para que Odebrecht se quedara con el proyecto. Fuentes de la Procuraduría consultadas por este diario señalaron que este proceso será la siguiente prioridad del Ministerio Público y para el país en la lucha en contra de la corrupción.
