La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), rechazó la masacre perpetrada este viernes 17 de enero de 2020 en horas de la mañana, al parecer por integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC o Clan del Golfo, en el corregimiento Guaimaro, municipio de Taraza, Bajo Cauca antioqueño.
En esta masacre fueron asesinados 5 campesinos: Luis Alberto Villegas Martínez, Danilo Montalvo, Wilmar Alexander San Pedro Posada y Carlos Andrés Chavarria Posada, los dos últimos hacían parte del Programa Integral de Sustitución (PNIS) y además eran miembros de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guaimaro.
Un día después fue hallado el cuerpo sin vida del quinto campesino desaparecido desde el mismo momento de la masacre. Se trata del señor Jorge Eliécer Rodríguez Monsalve. A la masacre atribuida a las AGC o Clan del Golfo se suman las denuncias del campesinado de la región en torno a saqueos de ganado a fincas campesinas, retenes ilegales y desplazamientos forzados, adelantados por grupos armados al margen de la ley.
Este tipo de hechos violentos han venido siendo monitoreados por el campesinado de la región, registrando para 2018, 112 homicidios en Tarazá, 5 desplazamientos masivos entre La Caucana y La Acacia, desplazamientos selectivos que han sido imposible monitorear y un desaparecido en La Caucana.
En 2019 se registraron 62 homicidios en Tarazá, 4 desplazamientos y dos desaparecidos (un campesino de la vereda La Esmeralda, corregimiento La Caucana, quien fue desaparecido en el Barrio Buenos Aires del casco urbano de Taraza y el padre de una lideresa campesina desaparecido en el Corregimiento El Doce). La masacre, denunciada por Anzorc en un comunicado, se suma a la multiplicidad de actuaciones contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario por parte de grupos armados ilegales en esta región del país. Actos que han aumentado desde el desarme de las Farc-Ep.
Así lo recoge la entrevista realizada en diciembre de 2019 por El Espectador, a Gladys Miguel – Alcaldesa del municipio de Tarazá: “(…) las disputas son entre el Clan del Golfo y los Caparros, porque desde que está en proceso la implementación de los acuerdos de paz, con el tema de la erradicación de drogas se despejaron muchas tierras en las que no reposan de manera formal derechos de propiedad, y al ser estos unos “terrenos baldíos de nadie, se perfilan como lugares muy apetecidos para ejercer control”.
Preocupa a la Anzorc que el Gobierno Nacional no haya adelantado las medidas y acciones necesarias para frenar la sistematicidad de los ataques contra la vida e integridad de campesinas y campesinos que le apostaron a la sustitución de los cultivos declarados de uso ilícito. Omisión que se ha dado pese a que diversos informes de derechos humanos de La Defensoría, Marcha Patriótica, Naciones Unidas, etc., han identificado que un alto porcentaje de las personas asesinadas en el país desde la firma del Acuerdo Final de Paz son personas que le apostaron a la sustitución en el marco del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
