Bogotá, 9 febrero de 2024.- Las tensiones políticas en Colombia han subido de nivel en los últimos días por las diferencias entre el presidente Gustavo Petro y el Poder Judicial, mientras crecen las voces que llaman a la cordura y al respeto a la instituciones tras el asedio al Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema, por manifestantes afines al Gobierno.
El incidente, que fue controlado antes de que pasara a mayores, trajo a la memoria de muchos la sangrienta toma en 1985 por la guerrilla del M-19 -en la que militaba Petro-, del mismo Palacio de Justicia, situado en el centro de Bogotá, y la violenta recuperación del edificio por el Ejército, con el resultado de 94 muertos, entre ellos 11 magistrados, decenas de heridos y 11 desaparecidos.
«No hay que sobredimensionar pero tampoco trivializar lo que pasó ayer y simplemente decir que fue un incidente aislado», dijo a EFE el abogado Jorge Iván Cuervo, profesor de la Universidad Externado de Colombia y experto en teoría de políticas públicas e instituciones políticas colombianas.
El bloqueo a la Corte Suprema fue condenado por diferentes partidos y organizaciones económicas y sociales, pero el propio presidente minimizó este viernes lo sucedido al señalar «que no hubo violencia en ninguna movilización en el país, contrario a lo que cierto relato periodístico falso intentó posicionar».
«Sé que se presentó un grupo de cuatro personas tratando de violentar una puerta durante 10 segundos que los mismos manifestantes impidieron», agregó Petro en su cuenta de X en la que señaló que «hubo fallas del protocolo de seguridad que debió desplegarse en el Palacio de Justicia» y que fueron corregidas.
Antípodas políticas
Parte de la opinión pública ha responsabilizado al mandatario de lo sucedido porque desde hace una semana alienta movilizaciones populares alegando que su Gobierno es víctima de una «ruptura constitucional» orquestada por el fiscal general, Francisco Barbosa, a quien también acusa de instigar un «golpe de Estado» para sacarlo del poder.
Barbosa y Petro, situados en las antípodas políticas, se han acusado mutuamente de violar la ley, rencilla agravada por el malestar del presidente con las investigaciones de la Fiscalía contra personas cercanas, entre ellos su primogénito, Nicolás Petro Burgos, procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Como la Corte Suprema tiene en sus manos la elección de la nueva fiscal -de una terna de mujeres presentada por Petro- porque Barbosa termina su periodo el próximo 12 de febrero, y ayer no hubo humo blanco, simpatizantes del Gobierno se congregaron frente al Palacio de Justicia para exigir un resultado cuanto antes, lo que acabó en desórdenes que obligaron a Petro a enviar la Policía.
«La Corte Suprema siempre contará con el apoyo del Gobierno», señaló hoy el mandatario, quien ha intentado desmarcarse de las movilizaciones frente al Palacio de Justicia.
Al no haber fiscal general electo, asumirá en calidad de encargada la vicefiscal general, Martha Mancera, que tampoco es del agrado del presidente, hasta que alguna de las tres candidatas obtenga los 16 votos requeridos entre los 23 magistrados de la Corte Suprema, proceso que en otras ocasiones ha durado meses.
«Estamos pasando por una situación de tensión política y de tensión institucional, no hablo de ruptura institucional porque eso sucede cuando se quiebra el Estado de derecho y dejan de funcionar las instituciones y nosotros no hemos llegado allá, pero hay decisiones de la Fiscalía, la Corte, el Consejo Nacional Electoral, la Comisión de Acusaciones de la Cámara y la Procuraduría, que han alterado el clima político», explica Cuervo.
Riesgos no calculados
Para el experto, «con ese panorama, había mucho riesgo de que la marcha de ayer saliera mal y en ese sentido al presidente le faltó un poco más de juicio» por alentar las manifestaciones convocadas contra la Fiscalía y de paso para presionar a la Corte Suprema a que elija fiscal general cuanto antes.
«El presidente tiene que ser consciente de que en una situación de tensión política e institucional hay que ser muy prudente, y a la Corte habría que pedirle que entienda el clima político y que, si desde septiembre tiene suficiente información (sobre las candidatas a fiscal) tome una decisión rápido, eso ayudaría», señala Cuervo.
En su opinión, «el fiscal no ha sido responsable, sobre todo últimamente, con declaraciones irrespetuosas sobre el jefe del Estado comparándolo incluso con Pablo Escobar», y al mismo tiempo «el presidente siente que el establecimiento no lo está dejando gobernar y responde al fiscal en términos que tampoco son los mejores», como cuando dijo que hay una «toma mafiosa de la Fiscalía».
«A Petro le ha costado entender con claridad el rol de jefe de Estado, que está por encima de las discusiones políticas. Eso significa que en la coyuntura actual tiene que darle garantías a la Rama Judicial para que tome decisiones y no involucrarse en la discusión como un actor más. Pelear con las instituciones siendo él la cabeza de las instituciones del Estado, es un contrasentido», concluye.
Jaime Ortega Carrascal
EFE
