Antioquia, Colombia, 8 marzo de 2024.- Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, fue liberado tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que concluyó que había cumplido más de las 3/5 partes de su condena y había demostrado buen comportamiento. Ramos había sido sentenciado en 2021 a siete años y nueve meses de cárcel por su asociación con grupos paramilitares entre 2000 y 2001. Esta asociación incluía vínculos con los líderes de los bloques Metro y Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes habían contribuido financieramente a sus campañas políticas.

La liberación se produjo después de que la Corte revocara un fallo anterior del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, que inicialmente había negado la libertad condicional a Ramos por la gravedad de su conducta. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que, además de haber cumplido el tiempo necesario en prisión, Ramos había mostrado un comportamiento ejemplar durante su reclusión, incluyendo estudios sobresalientes en creación literaria.

Durante su tiempo en prisión, Ramos logró cumplir 59 meses y 1 día, superando los 57 meses necesarios para cumplir con las 3/5 partes de su condena. Además, su dedicación al estudio y la ausencia de infracciones a las reglas penitenciarias fueron factores clave para su liberación.

La sentencia original de Ramos en 2021 se basó en evidencia que demostraba su relación con figuras clave de las AUC y su participación en actividades criminales que promovían y perpetuaban la violencia en Antioquia y Colombia. Testimonios de exjefes paramilitares, incluyendo a alias Ernesto Báez, Don Berna, y Alberto Guerrero, detallaron encuentros con Ramos donde se discutieron modificaciones legislativas para favorecer a las AUC.

Además de este caso, Ramos enfrenta acusaciones por irregularidades en la adjudicación de la construcción de la hidroeléctrica de Ituango, conocida como Hidroituango. Se le acusa de haber manipulado el proceso de selección para beneficiar a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y asegurarles el contrato de construcción y operación del proyecto.

A.U.

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