Bogotá, 15 jun – El registrador nacional de Colombia, Hernán Penagos, aseguró este domingo que la próxima semana se pronunciará «de fondo» sobre el polémico decreto del presidente Gustavo Petro que convocó para el 7 de agosto, la consulta popular con la que busca que se apruebe su reforma laboral.
«En los próximos días, la Registraduría —entidad encargada de organizar las elecciones y votaciones en el país— se pronunciará de fondo respecto de esa solicitud», manifestó Penagos a periodistas.
Petro firmó el miércoles el decreto para convocar la consulta popular sobre su reforma laboral, una iniciativa que la oposición ha llevado a los tribunales al considerarla inconstitucional porque el Senado, que es quien tiene la competencia para hacerlo, ya rechazó esa posibilidad.
Por la misma razón, varios políticos advirtieron también a Penagos que no debe acatar la orden presidencial de organizar la consulta popular porque, en caso de hacerlo, incurriría en el delito de prevaricato y tendrá que responder también ante la justicia.
«La Registraduría está estudiando con todo su equipo jurídico, con el rigor debido, ese decreto, así como la decisión que adoptó el Senado de la República y que también fue comunicada a la Registraduría Nacional», explicó Penagos.
El funcionario añadió que a la Registraduría han llegado siete solicitudes de declaratoria de «excepción de inconstitucionalidad» al decreto firmado por Petro y su gabinete.
La «excepción de inconstitucionalidad» es una figura jurídica que permite a un funcionario no aplicar una norma de rango legal o inferior cuando ésta contradice la Constitución.
Igualmente, dijo que la entidad a su cargo tiene registro de 30 demandas ante el Consejo de Estado (máximo tribunal de lo contencioso administrativo) que piden la nulidad del decreto presieencial, y otras querellas ante la Corte Constitucional que buscan que no se apruebe el llamado «decretazo».
La Registraduría tiene que certificar que el decreto firmado por Petro cumple con los lineamientos de la Constitución o, de lo contrario, no puede avanzar en la organización de las votaciones para la consulta, según la opinión de juristas.
La semana pasada, la Procuraduría (Ministerio Público) abrió una indagación contra el gabinete de ministros de Gustavo Petro por haber firmado el Decreto 639, que es el que convoca la consulta popular.
EFE