Antioquia, Colombia, 14 de marzo de 2025.- La Fiscalía General de la Nación, en un trabajo coordinado con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, llevó a cabo operativos en los municipios de Buriticá, Amalfi y Anorí, impactando significativamente las finanzas de redes criminales dedicadas a la explotación ilícita de minerales.
En Buriticá, las autoridades incautaron oro amalgamado, mercurio, seis motores, un taladro eléctrico y una motobomba, además de intervenir cinco plantas de energía que abastecían los socavones ilegales. Con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, fueron desconectados transformadores que suministraban electricidad a la zona. Se estima que estas actividades generaban rentas ilícitas superiores a los 15.000 millones de pesos mensuales para estructuras criminales como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y el Tren de Aragua.
En Anorí y Amalfi, los operativos se centraron en la explotación ilegal de oro en inmediaciones del río Pance. Las autoridades lograron la destrucción de seis retroexcavadoras y un motor industrial, con un valor aproximado de 3.000 millones de pesos. La investigación evidenció que estos frentes mineros ilegales generaban ingresos superiores a 930 millones de pesos mensuales para los frentes Capitán Mauricio y Héroes de Anorí del ELN, así como para el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
Además del impacto económico a estas estructuras criminales, se constató un grave daño ambiental derivado de la contaminación de fuentes hídricas con mercurio y cianuro, la alteración del terreno y la deforestación de grandes extensiones de tierra.
Las autoridades continúan con la investigación para identificar y judicializar a los responsables de estas actividades ilícitas.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.