Se incautaron motores, motobombas y maquinaria usada para extracción ilegal
Giraldo y Santo Domingo, Antioquia. 03 de Agosto de 2025. – La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional ejecutó dos operativos en contra de la minería ilegal en el occidente antioqueño, los cuales, según las autoridades, habrían golpeado las finanzas del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y contribuido a la protección del medio ambiente.
El primero de estos operativos se llevó a cabo el 31 de julio de 2025 en el municipio de Giraldo, donde los uniformados intervinieron una unidad minera ilegal. En el lugar fueron incautados cuatro motores y una motobomba, equipos empleados para la extracción ilícita de metales preciosos.
Ese mismo día, en el municipio de Santo Domingo, las autoridades desarrollaron un segundo operativo en el que decomisaron e inutilizaron un motor utilizado para apoyar la misma actividad minera ilegal.
De acuerdo con el reporte oficial, estas intervenciones afectaron directamente a la subestructura Edwin Román Velásquez del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), estructura criminal conocida erróneamente como “Clan del Golfo”.
Además del impacto sobre las finanzas ilegales, las operaciones permitieron evitar la deforestación de casi dos hectáreas de bosque tropical, lo que equivale, según estimaciones técnicas, a la preservación de unas 500 toneladas de oxígeno.
El valor total de los elementos incautados supera los 20 millones de pesos. Las autoridades remarcaron que estas intervenciones no solo debilitan economías ilícitas, sino que también favorecen la protección de los ecosistemas en la región.
La Policía Nacional afirmó que continuará desplegando acciones de control. Su objetivo es frenar la minería ilegal, proteger los recursos naturales y garantizar la seguridad en Antioquia.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.