La caravana humanitaria que realizan las organizaciones de Derechos Humanos del proceso social de garantías, mediante comunicado invita a participar de la caravana que se realiza en Segovia y Remedios, municipios del Nordeste antioqueño, bajo el contexto de la grave situación en materia de Derechos Humanos que padecen tanto sus cabeceras municipales como sus zonas rurales.
“Por la vida y la permanencia en el territorio ante los constantes riesgos y amenazas que padecen las comunidades mineras y campesinas de Segovia y Remedios, se hace la invitación”, indica el escrito.
Según la organización defensora de DD.HH., los constantes homicidios y amenazas que ocurren en el territorio “sin que las autoridades den respuestas contundentes a prevenir y brindar protección a las comunidades, pero más que ello, a dar una solución real al contexto de violencia que vive esta subregión.
“Con un panorama nacional alarmante en donde ejercer los liderazgos sociales y la defensa de los derechos humanos es ponerse en alto riesgo, Segovia y Remedios no son ajenos al panorama nacional y son latentes las amenazas contra la vida e integridad de las y los líderes comunitarios y mineros, lo cual ha conllevado a una profunda preocupación en la población y un silenciamiento de los diferentes liderazgos”, señala el comunicado.
La Caravana destaca que en Segovia y Remedios sus pobladores son personas trabajadoras, honestas y alegres, que viven en medio de grupos armados al margen de la ley, grupos sucesores del paramilitarismo, sin contar otros factores que tienen en vilo su tranquilidad. “La presencia de una empresa multinacional que desde hace aproximadamente 43 años se empeña en hacer desaparecer a los pequeños y medianos mineros, en un pleito que no parece tener fin, deja a centenares de pobladores sin su único sustento económico: la extracción minera, abriendo las puertas para que se desencadene la persecución y judicialización de los mineros tradicionales”, resalta el texto.
Y prosigue: “Además, es alarmante que el Ejército Nacional siga realizando patrullajes y operativos con personas encapuchadas dentro de los caseríos en la zona rural generando miedo, zozobra e incertidumbre en la población civil, pero ahondando más en ese temor hacia las comunidades campesinas y mineras que se encuentran en constante alerta por una posible intervención a las minas, esto debido a la progresiva llegada de efectivos militares del Ejército Nacional a la zona. Mineros artesanales y pequeños mineros que sobreviven gracias a esta labor que históricamente han realizado en la región, pero que han sido perseguidos y judicializados injustamente por continuar con la tradición minera. Desde la institucionalidad se dice trabajar para avanzar en la legalización de las minas, pero las leyes están diseñadas a la medida de las grandes empresas y no para los campesinos y mineros tradicionales”.
Para la organización, “además, esta situación para las comunidades se agudiza aún más con los enfrentamientos armados que se han presentado por grupos ilegales en la cabecera municipal, y la insurgencia del ELN con el Ejército Nacional en la zona rural de los dos municipios, hechos que vienen ocurriendo cerca de los caseríos de las veredas. Así que, la comunidad como en años anteriores vuelve a estar en el medio del conflicto armado en un contexto actual de posacuerdo. El aumento del nivel de riesgo y amenazas hacia la población tiende a complicarse aún más con las acciones que vienen realizando la fuerza pública con los presuntos operativos contra la pequeña minería en la zona”.
Finalmente, señala: “En ese contexto surge la caravana humanitaria que realizan las organizaciones de derechos humanos del proceso social de garantías para visibilizar, a través del arte y la cultura, la situación descrita. También tiene la intención de recopilar casos de vulneración de derechos humanos que se han presentado en la zona para que sean expuestos en la audiencia pública que será realizada el 29 de noviembre en el corregimiento de Mina Nueva”.
