Dacca, 17 de agosto de 2022.- La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, concluyó este miércoles una visita oficial a Bangladesh preocupada por la situación de los refugiados rohinyás en el país y las denuncias de violación de los derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura.
«Reconocer los desafíos es siempre el primer paso para superarlos», indicó Bachelet en una rueda de prensa con la que ponía fin a su visita de cuatro días al país asiático.
La alta comisionada de la ONU expresó su preocupación a las autoridades bangladesíes por las denuncias que llevan años registrando organismos como el Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), en relación a supuestas denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura.
«Expuse mi profunda preocupación por estas graves acusaciones a los ministros del Gobierno y destaqué la necesidad de una investigación imparcial, independiente y transparente de estas acusaciones, acompañada de una reforma del sector de la seguridad», señaló.
En este sentido, Bachelet animó al Gobierno de Bangladesh a crear «un mecanismo independiente y especializado que trabaje en estrecha colaboración con las víctimas, las familias y la sociedad civil para investigar las denuncias de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales».
DERECHOS HUMANOS
La denuncia de Bachelet y su petición a las autoridades para abrir una investigación creíble que ponga fin a este tipo de violencia en el país se producen después de que varios defensores de los derechos humanos sacaran a la luz presuntos casos de abusos por parte de las autoridades del país.
Es el caso de Human Rights Watch (HRW), que junto a otras ocho organizaciones internacionales aprovecharon para instar a Bachelet a pedir el «fin inmediato de los abusos graves, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las desapariciones forzadas» durante su estancia en Bangladesh.
Desde que la primera ministra, Sheikh Hasina, asumió el poder en 2009, se registraron casi 600 desapariciones forzosas, y mientras unas personas eran puestas en libertad o presentadas ante los tribunales al poco tiempo, otras se han convertido en víctimas de ejecuciones extrajudiciales que se ha hecho pasar por muertes en tiroteos, según HRW.
Aunque el Gobierno ha negado sistemáticamente estas afirmaciones, Estados Unidos impuso el pasado diciembre sanciones económicas contra la controvertida unidad de élite de la Policía, el Batallón de Acción Rápida (RAB), y siete altos rangos del cuerpo actuales y pasados, entre ellos el ahora jefe de Policía de Bangladesh, por presuntos abusos contra los derechos humanos.
CRISIS ROHINYÁS
La agenda de Bachelet en Bangladesh ha estado centrada en conocer más a fondo la situación de los refugiados rohinyás. Es por ello que ayer visitó los campamentos de Cox’s Bazar y sostuvo conversaciones con varios ministros de Bangladesh, defensores de los DDHH trabajadores de ONG y funcionarios gubernamentales, incluida la primera ministra.
«Lo que escuché en mis conversaciones con mujeres, jóvenes, líderes religiosos y otros refugiados rohinyá en los campamentos fue una esperanza rotunda de que podrán regresar a sus aldeas y hogares en Birmania (Myanmar), pero solo cuando las condiciones sean adecuadas», afirmó hoy después de su visita a Cox’s Bazar, en el suroeste de Bangladesh.
A su vez, la alta comisionada dijo estar preocupada «por el aumento de la retórica antirohinyá en Bangladesh, los estereotipos y los chivos expiatorios como la fuente del crimen y otros problemas».
Durante su reunión con la primera ministra de la nación, Bachelet manifestó su deseo de aumentar las oportunidades de educación y trabajo en los campamentos rohinyás, una propuesta que Hasina dijo que solo podría llevarse a cabo en la remota isla de Bhasan Char, adonde ya se han trasladado más de 20.000 refugiados.
Bangladesh acoge a cerca de un millón de rohinyás huidos de Birmania. Entre ellos, unos 774.000 que escaparon al país durante la ola de violencia del ejército birmano en 2017, una operación que la ONU calificó de limpieza étnica y posible genocidio.
A medida que los campamentos de Cox’s Bazar comenzaron a saturarse, las autoridades de Bangladesh establecieron un campamento alternativo en la isla de Bhasan Char, ubicada en la bahía de Bengala y de unos 40 kilómetros cuadrados de extensión, para reubicar inicialmente a unos 100.000 rohinyás.
En octubre de 2021, el Gobierno bangladesí firmó un acuerdo con la ONU para brindar ayuda humanitaria a los rohinyás en la isla con el objetivo de mejorar su nivel de vida y prepararlos para un posible regreso a su país.
Azad Majumder
EFE
