El Bajo Cauca hace parte de las denominadas Zonas Industriales Mineras –ZIMAS–, que no es más que una estrategia estatal que busca satisfacer las demandas de los mercados internacionales, especialmente europeos, quienes consideran a Colombia, un país clave para la exportación de materias primas, como el oro. A través de esta estrategia se busca reordenar el territorio y criminalizar la minería artesanal e informal, que es desarrollada en muchos casos por familias pobres, que no cuentan con los requisitos necesarios para legalizarse de acuerdo a la normatividad existente en el país, lo que en últimas termina beneficiando a las grandes empresas mineras.
Por esta demanda del mercado internacional, el territorio ha venido siendo expoliado aceleradamente, muestra de ello es el incremento de las explotaciones de oro, mientras que para 2010, registró 13.201 kilogramos, para 2016, esta fue de 15.287 kilogramos. En tal caso el Bajo Cauca aporta a Antioquia el 60% del oro que se produce y el 31 % de la plata.
El contexto de pobreza y despojo del Bajo Cauca, ha conllevado a que campesinos y campesinas se hayan tenido que dedicar al cultivo de la hoja de coca. En el reciente Informe de Monitoreo de Territorios con Presencia de Cultivos de Uso Ilícito de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), presentado en agosto del 2019, se menciona una reducción en Colombia de tan solo el 1.2% con respecto al año 2017.
El aumento registrado en el Bajo Cauca es del 4.2% para el 0.88% del área total sembrada del territorio. El 56.3% de los cultivos de uso ilícito del departamento de Antioquia están en la zona del Bajo Cauca.
Municipios como Tarazá tienen sembradas 3.728 hectáreas, Cáceres 1.826. Los municipios en donde más crecieron los cultivos son: El Bagre, Zaragoza y Nechí con 36.2%, 35.8% y 28.3% respectivamente.
El aumento de la siembra de cultivos de coca, contrasta con la pobre implementación del Acuerdo de Paz en los territorios, y en especial del Programa de Sustitución de Cultivo de Uso Ilícito – PENIS y los Programas de Desarrollo con EnfoqueTerritorial‐ PDET.
En la actual Política de Seguridad y Defensa del gobierno de Duque, se considera “legal y legítimo” reprimir y perseguir, los procesos organizativos que se dedican a luchar por la sustitución concertada de cultivos, esto bajo el concepto de seguridad nacional, que considera una amenaza a las organizaciones que se movilizan en torno a este tema, sosteniendo que estas hacen una defensa de las economías ilegales.
En el caso del Bajo Cauca donde existen procesos como el de Asociación Campesina del Bajo Cauca‐ ASOCBAC y la COCAM, es factible que en este periodo de tiempo se presenten agresiones y judicializaciones contra los líderes y lideresas, que participan en el programa del PNIS.
Ahora bien, desde 2017, el BajoCauca ha visto aumentarla militarización de los municipios, esto bajo la excusa del combate a los grupos armados ilegales que operan en la zona. En esta subregión viene implementándose la estrategia policial Agamenón II, que llevó 3.000 nuevos efectivos (RCN Radio, 2018), y tiene como finalidad desmantelar a los grupos paramilitares AGC y Caparrapos, lo que tras casi dos años de implementación no ha sucedido y por el contrario, estas estructuras han aumentado su poderío.
Durante 2017 ‐ 2019 la presencia de los grupos armados ilegales en el Bajo Cauca ha variado. Ha aumentado la presencia de los Caparrapos, AGC y el Ejército de Liberación Nacional‐ELN; ha aparecido como nuevo actorterritorial, las disidencias de las FARC, y han salido de la zona Los Triana, Los Rastrojos y Águilas Negras, que tuvieron presencia hasta 2017.
Desde 2013 carteles mexicanos (Los Zetas, Sinaloa, Jalisco – Nueva Generación) y brasileros, están trabajando en municipios de la subregión con las estructuras paramilitares. Estos carteles cumplen una función clave en la red del crimen transnacional.
Esta recomposición y actual disputa territorial, ha generado el aumento de los homicidios y el desplazamiento forzado. En 2018, se presentaron 399 asesinatos y en lo corrido de 2019 (mayo), 150. En lo que respecta al desplazamiento forzado en 2018, 12.006 personas tuvieron que abandonar sus casas y huir a otros municipios de Antioquia u otros departamentos, de estas 8.631, pertenecían a Cáceres y Tarazá (UARIV 2019), epicentros de la disputa paramilitar. Para el primer trimestre 2019 se reportaron 1.897 personas desplazadas, lo que evidencia la crisis humanitaria que atraviesa esta subregión.
Entre enero de 2016 y el 8 de Julio de 2019, ocurrieron en Antioquia 1.068 agresiones. El 20% de éstas en el Bajo Cauca. Es la segunda zona del departamento con más agresiones (208 casos) después de Valle de Aburrá (321 casos). El 63.4% fueron amenazas, 18.3% desplazamientos, 12% homicidios; además se registraron cinco casos de amenazas colectivas, tres detenciones arbitrarias, dos señalamientos colectivos, un herido, un atentado y una agresión individual.
Además, se logra establecer que el 65.9% de los ataques ocurrieron contra hombres y el 29.8% contra mujeres. Hubo dos ataques contra líderes y lideresas de la población LGBT.
El sector sobre el cual se concentraron el 70.67% de las agresiones fue el campesinado; 14% ocurrieron contra las y los líderes indígenas. En lo que respecta a otros sectores, se tiene: ocho casos fueron contra el movimiento de víctimas, ocho contra los comunitarios, seguido en menor escala contra integrantes de organizaciones mineras, de derechos humanos, sindicalistas, población LGTBI, periodistas y el sector juvenil.
Los municipios donde se reportan la mayor parte de las agresiones son: Tarazá 53.8%, seguido por Cáceres 31.7% y El Bagre 8.2%. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo quien ha emitido alrededor de cinco Alertas Tempranas, AT No. 020–19 de Inminencia que cobija las veredas y corregimientos del municipio Tarazá; ATI 009‐2018 (Cáceres), ATI 027‐18 (Tarazá), AT 031‐18 (Caucasia) ATI 003‐19, (El Bagre, Zaragoza y Caucasia), la zona, se encuentra en crisis humanitaria, su población en el máximo de riesgo de vulneración y las y los defensores en el peor escenario para ejercer su labor.
El derecho a defender los derechos humanos está totalmente restringido, las organizaciones hoy ven limitadas sus posibilidades de aportar a la construcción de la paz territorial, pese a esto, los líderes y lideresas insisten en seguir defendiendo su participación en la vida pública, además de clamar como tantos miles de colombianos y colombianas: ¡Qué la Paz No Nos Cueste la Vida!
