El Bajo Cauca está que arde. Constantes denuncias de la ciudadanía, de distintos líderes sociales e incluso de la Defensoría del Pueblo no han sido suficientes para calmar los constantes combates en esta región, que se dan entre los distintos grupos armados y los efectivos de la Fuerza Pública, con la población civil en el medio. A finales de agosto salió de Medellín una caravana humanitaria para conocer de primera mano la situación y darle una voz de esperanza y de tranquilidad a la ciudadanía de esta subregión.

Desde la firma del Acuerdo Final entre la guerrilla de las Farc y el Estado colombiano el territorio fue vaciado por los efectivos de la antigua guerrilla solo para ser copados por otros actores que se afirmaron de las rentas ilegales y siguieron aterrando a la ciudadanía. Por culpa de esto los acuerdos no han tenido el suficiente impacto positivo que se esperaba en esta zona, doloroso y desalentador reconocer que solo pasó de una guerra a otra.

En el Bajo Cauca hay presencia afirmada de varios grupos armados que se disputan los territorios. Los principales son el grupo de Los Caparros, Caparrapos o Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA); las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), las disidencias de las Farc y el Eln, además del crimen trasnacional con rostro mexicano y recientemente brasileño.

Los Caparrapos tienen presencia en los municipios de Caucasia, Cáceres, Tarazá y Zaragoza. Las AGC están presentes en Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Zaragoza y Tarazá. El Eln tiene efectivos en Cáceres, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza. Por su parte, las disidencias de las Farc están presentes en Tarazá.

Dentro de este panorama se destaca como uno de los puntos más complejos el corregimiento La Caucana, del municipio de Tarazá, donde hacen presencia las AGC, los Caparrapos y las disidencias de las Farc. Según reportes, en este lugar hay fronteras denominadas invisibles y una constante amenaza de desplazamiento y desaparición forzada, al igual que los asesinatos para la ciudadanía.

En los mencionados municipios se reportaron 185 homicidios en el primer semestre de 2019, lo que representa una alta cifra que denota la dureza del conflicto en esta zona.

Para entender la importancia de esta zona hay que tener en cuenta que esta región tiene un fuerte impacto de la cadena del narcotráfico, y que por lo tanto es apetecida por el crimen urbano y rural, además de crimen trasnacional. Junto con la región del Naya, el Bajo Cauca es el territorio dónde se estima que hay más concentración de cultivos ilícitos, laboratorios de procesamiento y rutas. Aquí se concentran todos los eslabones de la cadena del narcotráfico.

Esto lo hace una zona que en la actualidad es muy codiciada por los grupos armados, pues estos saben que puede llevar a cabo sus actividades delictivas sin que las autoridades los puedan siquiera llegar a frenar. Las rentas de otros negocios ilegales también representan un atractivo para las estructuras criminales que el Gobierno Nacional ha denominado como Los Grupos Armados Organizados, GAO.

No solo cocaína y otros estupefacientes se mueven por estos territorios. Se sabe que en el Bajo Cauca también hay movimiento de distintos minerales provenientes de la minería ilegal, que representan un alivio económico para los grupos armados cuando las rentas del narcotráfico no son suficientes o cuando las autoridades sorprenden cargamentos con estupefacientes. Todo esto le da un colchón a los grupos armados con el que se pueden seguir financiando de manera permanente, y así se le da combustible al conflicto.

Los principales damnificados por toda esta dinámica son los habitantes de los pueblos, veredas y corregimientos del Bajo Cauca. No solo están personas inocentes en medio del fuego cruzado, sino que los grupos armados usan a la población como insumo de guerra. Distintas denuncias han llegado a la Defensoría del Pueblo sobre extorsiones que se cobran en este lugar, con el añadido de que son acompañadas por amenazas que pueden ser de muerte.

Por si fuera poco, en ocasiones la gente se ve enfrentada a una gran encrucijada a la que llegan por las disposiciones de los grupos armados con las extorsiones. Se sabe de casos en los que un miembro de la población civil, inocente y sin filiaciones dentro del conflicto, recibe una extorsión por parte de un grupo armado y a las horas o días es amenazado por una facción contraria por haber pagado la extorsión.

Pagar una de estas extorsiones puede significar para una persona un señalamiento por parte de otra de las facciones como colaborador o incluso afiliado a la banda que cobró la extorsión en primer lugar. Esto es un caso de revictimización y un ciclo de violencia que no se cierra.

Otra manera como los grupos armados utilizan a la población de mala manera es directamente con asesinatos, que se usan como estrategia de guerra. Se han conocido casos en los que los grupos armados asesinan a un individuo en particular con el único objetivo de que la Fuerza Pública se haga presente en la zona y frenen el avance de una facción contraria. Esta es una estrategia de guerra territorial que permite a los grupos armados continuar con sus actividades.

Esta compleja situación donde criminalidad, violencia, violaciones a los derechos humanos y desidia oficial son la constante fue la razón principal para que organizaciones sociales y de derechos humanos organizaran la Caravana Humanitaria por el Bajo Cauca, que salió desde Medellín y arribó al Bajo Cauca.

En el comunicado público emitido por las organizaciones participantes es diciente lo que hallaron: “Encontramos tres países: uno donde viven los gobernantes, otro donde vive el común de la gente y uno más donde viven los de a pie, en las peores condiciones de vida, porque a este territorio no ha llegado el Estado Social de Derecho. Evidenciamos la presencia y el control territorial y social por parte de todos los actores armados ilegales”.

Por esta razón, la Agencia de Prensa Análisis Urbano entrevistó a Oscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos y uno de los coordinadores del Proceso Social de Garantías en Antioquia, PSG. Zapata relató cómo fue el periplo que la “Caravana Humanitaria al Bajo Cauca por la Paz y la Vida” realizó y lo que encontró en estos territorios que parecieran estar abandonados o con poca presencia institucional, a pesar de que se observa mucha fuerza pública, como Ejército Nacional y Policía Nacional.

En menos de una semana asesinaron a once personas en Tarazá, siete en Caucasia y siguen en aumento las cifras de desplazamientos y reclutamientos forzados de niños. Esto evidencia el alto grado de abandono estatal que termina siendo funcional a la barbarie y el despotismo militar y paramilitar.

Asimismo, los combates se registran casi a diario en medio de la población. El más reciente ocurrió en la vereda El Toro, municipio de Caucasia, en el que perdieron la vida cuatro integrantes del Ejército Nacional. Igualmente, los hostigamientos del Ejercito Liberación Nacional, Eln, y los posteriores cierres de la vía a la Costa Atlántica que ponen en riesgo no solo los viajeros si no la población asentada a lo largo de la vía.

De acuerdo está Análisis Urbano con que este escenario de violencia requiere y exige del Estado una intervención en lo social, en oportunidades educativas y laborales, culturales, deportivas, políticas y no solo en la dimensión militar, que debería ser la de menor peso porque, entre otras cosas, ha demostrado ser la menos efectiva.

Comunicado número 1.

Comunicado número 2.