Dos de los presuntos integrantes fueron judicializados y asegurados en centro carcelario. Se les atribuye la retención ilegal de un hombre el 12 de diciembre de 2024.
Bogotá, Colombia, 7 febrero de 2025.- La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Diego Hernando Bernal Romero y Juan Pablo Castillo Garzón, señalados de pertenecer a una organización delincuencial dedicada a los secuestros exprés y hurtos a conductores de plataformas de transporte en la capital.
Los dos sospechosos fueron capturados por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en operativos realizados en las localidades de San Cristóbal y Usme, al sur de Bogotá. Posteriormente, un fiscal Gaula de la Seccional Bogotá los presentó ante un juez de control de garantías, quien les imputó los delitos de secuestro simple y hurto calificado agravado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Modus operandi y hechos investigados
Las investigaciones establecieron que los imputados solicitaban servicios de transporte por aplicaciones móviles. Una vez el conductor llegaba y los recogía, lo intimidaban con armas y lo obligaban a conducir a zonas apartadas, donde lo despojaban de sus pertenencias.
Uno de los hechos más recientes ocurrió el 12 de diciembre de 2024, cuando la banda habría secuestrado a un hombre por varias horas y lo obligó a trasladarse a un sector despoblado de Ciudad Bolívar. Allí, la víctima fue golpeada, amordazada y despojada de sus objetos de valor antes de ser abandonada.
Con base en el material probatorio, el juez determinó que los procesados representaban un peligro para la sociedad, por lo que impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.
La Fiscalía continúa con las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de esta estructura criminal y evitar que más ciudadanos sean víctimas de estos delitos.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.