Bogotá, Colombia, 5 febrero de 2025.- La Fiscalía General de la Nación logró la identificación y judicialización de cinco presuntos integrantes de una red dedicada al tráfico de estupefacientes en las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa, al sur de Bogotá.
Modus operandi y estructura del grupo
Según la investigación adelantada por la Seccional Bogotá de la Fiscalía, en articulación con la Sijín de la Policía Nacional, la organización utilizaba menores de edad para camuflar y transportar sustancias ilícitas a diferentes zonas del sur de la ciudad.
Las pruebas recaudadas permitieron a la Fiscalía imputarles los delitos de uso de menores de edad para la comisión de delitos y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los procesados no aceptaron los cargos.
Las evidencias señalan que la red generaba ganancias ilícitas superiores a 10 millones de pesos semanales mediante la venta de cocaína y sus derivados bajo la modalidad de domicilio. Además, una vivienda ubicada en el barrio La Estrella, en Ciudad Bolívar, era utilizada como centro de acopio y dosificación de las sustancias ilícitas.
Capturados y medidas judiciales
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron dosis de cocaína listas para su distribución, junto con elementos utilizados para su dosificación.
Los capturados fueron identificados como:
- Luisa Fernanda González Pineda
- Kevin Felipe Celeita Caicedo
- Daniel Eduardo Rodríguez Casallas
- Jhon Freddy Noreña Rivera
- Juan Sebastián Gamboa Mera, señalado como uno de los principales articuladores del tráfico local.
Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Además, un menor de edad que presuntamente participaba en la actividad ilegal fue aprehendido.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.