Las familias de fallecidos por la violencia en Bolivia recibirán el equivalente a unos 7.238 dólares, un monto relativamente importante en el país, en virtud de un decreto promulgado este jueves que también garantiza el apoyo a los heridos.
EL DECRETO DE RESARCIMIENTO
«Nuestro Gobierno ha promulgado el decreto supremo que autoriza otorgar asistencia humanitaria e indemnización a los familiares de los fallecidos en los hechos de violencia», aseguró la presidenta interina Jeanine Áñez, en un acto en el Palacio Quemado en La Paz.
La mandataria aseguró que se ha tenido la voluntad de «atender cada uno de los casos», que han sido identificados «plenamente» y que son en una demanda de la población tras aquellos días de «luto y dolor».
El monto de 7.238 dólares para las familias de los fallecidos equivale casi a 25 salarios mínimos en el país.
Aunque no se dio un número exacto de muertos y heridos, entidades como la Defensoría del Pueblo han llevado una cuenta de 35 decesos y 832 heridos en sucesos violentos que comenzaron después de las elecciones del pasado 20 de octubre y que se extendieron hasta el 24 de noviembre.
El decreto dispone además «asistencia médica, alimentaria, social y psicológica» a los afectados, aseguró en su discurso el ministro interino de Justicia, Álvaro Coimbra.
Sobre el resarcimiento económico, la autoridad explicó que se realizará en un pago «global y único» que proviene de recursos del Tesoro General del Estado y de procesos como la incautación de bienes al narcotráfico.
EL DECRETO QUE SE ANTICIPA A UNA LEY
Este decreto supremo se adelanta a un proyecto de ley planteado por el Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales, con mayoría en el Legislativo, que contiene aspectos parecidos.
El proyecto que se debate este jueves en la Cámara de Diputados alienta también la reparación económica a las familias y el apoyo integral a los heridos.
Además busca evitar la persecución de anteriores autoridades, parlamentarios y líderes sociales a los que se vincula con hechos de violencia durante la crisis social y política en Bolivia.
Este último aspecto fue observado por el Gobierno de transición, que adelantó que no promulgará esa ley por considerar que alienta la impunidad de exautoridades que como Morales tienen acusaciones por supuesto terrorismo y sedición.
LAS JORNADAS DE VIOLENCIA
Las protestas sociales comenzaron un día después de las elecciones generales entre acusaciones de fraude electoral a favor de Evo Morales, que resultó ganador para un cuarto mandato en primera vuelta.
A partir de entonces se reportaron los primeros fallecidos, que protestaban contra Morales y fallecieron en hechos bajo investigación en enfrentamientos con afines al entonces mandatario.
Sin embargo, los hechos más dramáticos se produjeron tras anunciar Morales su renuncia el 10 de noviembre, denunciando un golpe de Estado para derrocarlo, luego de que la Organización de Estados Americanos advirtiera de «graves irregularidades» en la elección.
Los pasados 15 y 19 de noviembre en Sacaba y El Alto murieron por disparos diez civiles partidarios de Morales en cada una de esas ciudades, en operativos militares y policiales, que según el Ejecutivo de Áñez fueron para restaurar el orden público.
El Gobierno transitorio de Bolivia siempre ha argumentado que las muertes no fueron por proyectiles de armas reglamentarias de las fuerzas del orden, sin que hayan trascendido los resultados de investigaciones judiciales al respecto.
EFE
