Boric promete «justicia y reparación» para las víctimas del estallido social

FECHA:

Santiago de Chile, 24 de mayo de 2022.- El presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró este martes que hará «todos los esfuerzos» para garantizar «justicia, verdad y reparación» a los manifestantes que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad durante la ola de protestas de 2019.

«Como jefe de Estado uno no se puede conformar hoy en día con la vergüenza o la indignación, sino que tenemos el deber y la obligación de dar respuesta», dijo el mandatario progresista.

La senadora Fabiola Campillai, víctima de violencia policial, habla este 24 de mayo de 2022 con el presidente de Chile, Gabriel Boric, durante un acto de reparación a víctimas del Estado en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés

En un acto con víctimas emblemáticas del estallido social, Boric anunció la presentación de un «proyecto de ley para asegurar la persecución penal especializada en derechos humanos» y una «mesa de reparación integral», que se conformará en julio y analizará posibles indemnizaciones a las víctimas.

La mesa estará liderada por la senadora Fabiola Campillai, una de las víctimas más simbólicas de la brutalidad policial que se empleó en Chile para sofocar las protestas de finales de 2019 y que fue denunciada por organismos como ONU y Amnistía Internacional.

Campillai, de 39 años, recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro cuando se dirigía a su trabajo en la comuna de San Bernardo, en la periferia de la capital, y se quedó ciega, sin gusto y sin olfato por culpa del disparo.

«La reparación es para todas las víctimas de ese Gobierno nefasto», afirmó Campillai, en referencia a la anterior Administración presidida por Sebastián Piñera (2018-2022).

El caso de Campillai es uno de los más emblemáticos y uno de los pocos que está registrando avances judiciales.

La senadora Fabiola Campillai, víctima de violencia policial, habla este 24 de mayo de 2022 con el presidente de Chile, Gabriel Boric, durante un acto de reparación a víctimas del Estado en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés

El juicio contra el expolicía Patricio Maturana, acusado de disparar contra la actual senadora y para quien la Fiscalía pide 12 años de cárcel, arrancó el pasado 10 de mayo entre gran expectación.

Las revueltas, que empezaron como una protesta contra el alza en el precio del boleto de metro y derivaron en un clamor por un modelo económico más justo y derechos sociales, fueron las más graves desde el fin de la dictadura (1973-1990), con una treintena de muertos y miles de heridos, entre ellos muchos con traumas oculares.

«A veces los laberintos burocráticos del Estado nos hacen demorarnos más de lo que quisiéramos, no se imaginan cómo eso nos frustra, pero vamos a romper cada una de esas barreras», reconoció Boric, quien hace una década era un destacado líder estudiantil y durante la crisis de 2019 apoyó las manifestaciones.

El proceso constituyente en el que está inmerso Chile surgió como la vía política para calmar las protestas y la convención, la primera paritaria del mundo y formada en gran parte por independientes de tendencia progresista, tiene hasta julio para redactar una nueva Constitución que podría sustituir la actual, heredado de la dictadura.

«Cuenten con nosotros (a las víctimas). No están solos», añadió el gobernante.

EFE

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