Estrasburgo (Francia), 8 junio.- El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, dijo este martes que Afganistán «no puede convertirse en un refugio seguro para el terrorismo internacional», ante el avance de los talibanes para el control del país, cuando tiene lugar la retirada de las tropas internacionales.
Durante un debate en la Eurocámara, Borrell aseveró que «un Afganistán fracasado no nos interesa» porque «sería terrible para los derechos humanos» y «podría generar una nueva oleada internacional de terrorismo, nuevos flujos de inmigración irregular y un incremento del narcotráfico».
En poco más de un mes, coincidiendo con la retirada de las tropas extranjeras de Afganistán -que se prevé culminar antes del 11 de septiembre de este año-, los talibanes han tomado el control de once distritos, un número récord en dos décadas.
Esta toma del territorio tiene lugar en un contexto de aumento de la violencia, que ha sembrado dudas sobre la capacidad de las fuerzas de seguridad afganas de resistir los ataques de los insurgentes.
El alto representante dijo que Afganistán «está hoy en una encrucijada, en un momento crítico para salvaguardar los logros del pueblo afgano» en los últimos veinte años de presencia internacional en el país, y, en este sentido, aseguró que «no hay alternativa a un acuerdo político negociado» entre el Gobierno afgano y los talibanes.
Se espera que ambos bandos retomen pronto en Catar las negociaciones de paz, estancadas desde hace poco más de cinco meses, para tratar de poner fin a una guerra que dura veinte años.
«Todos tenemos interés en un Afganistán estable», dijo Borrell, quien afirmó que la UE va a «redoblar» la cooperación con los países de la región para relanzar el proceso de paz.
«No hay mucho margen para el optimismo», aseguró el exministro español, que aun así afirmó: «Tenemos que continuar con nuestro compromiso con el pueblo afgano», en especial, con las mujeres, «que han salido de la época medieval en que vivían bajo el régimen talibán».
«Continuaremos con el apoyo financiero y político», comentó el alto representante, pero condicionó la ayuda, que cifró en 3.500 millones de euros, a que se preserven «los logros democráticos y de los derechos humanos en el país».
