Sebas no estaba infringiendo la ley. No. Durante una protesta se puede fotografiar, grabar y realizar cualquier clase de registro. Quienes están en las calles, en el espacio público, pueden gritar, utilizar carteles, lanzar consignas, llevar banderas y vestirse como quieran, siempre que se cumpla con la ley. Son derechos que están en la Constitución Política, en los artículos 11, 12, 20 y 37, entre otros.
Medellín, 23 junio de 2021.- Sebas, de apenas 15 años de edad, corrió con suerte. Apenas le propinaron unos 25 golpes en la cabeza, piernas y pecho. Afortunado, porque a otros se los llevan y los desaparecen. O los matan. A este niño no. Solo le aplicaron una paliza con tonfas, le asestaron una que otra patada, puños, insultos de grueso calibre y amenazas. Nada más. En su piel quedaron algunas evidencias, como moretones y contusiones. En su mente están las más crudas: un imborrable ataque a su integridad por parte de sujetos vestidos de verde oliva que deberían protegerlo y un incurable temor a la Policía. Ya no duerme en las noches y si lo logra, despierta sobresaltado. Muy normal en este país en el que parece un delito manifestarse, tomar fotos, hacer videos. Un país en el que la Policía castiga cuando quiere, sin consecuencias. Y casi siempre quiere.
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Sebas no estaba infringiendo la ley. No. Durante una protesta se puede fotografiar, grabar y realizar cualquier clase de registro. Quienes están en las calles, en el espacio público, pueden gritar, utilizar carteles, lanzar consignas, llevar banderas y vestirse como quieran, siempre que se cumpla con la ley. Son derechos que están en la Constitución Política, en los artículos 11, 12, 20 y 37, entre otros.
Pero la Policía y el Esmad, que solo pueden intervenir para aislar focos de violencia y responder de manera proporcional y racional ante los desmanes, no hacen distinción y proceden a disolver todas las protestas de manera arbitraria, violenta, disparando a todo lo que se mueve.
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Un disparo de esos alcanzó a Daniel Jaimes, de 20 años, quien fue víctima de una reacción brutal de la Policía. Este aprendiz de tatuador fue gravemente herido por el impacto de un proyectil lanzado por un agente del Estado el 1 de mayo de 2021, en horas de la mañana. Daniel salió de su casa para participar de una manifestación con la que pretendía lograr un cambio para los jóvenes. Fue una jornada pacífica la que transcurrió en el barrio Marichuela, de la localidad de Usme, sur de Bogotá. Pero al caer la noche comenzó el horror.
La Policía empezó a lanzar bolas de goma, gases y otros proyectiles. Daniel narró a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10 de junio, en su visita a Colombia, que entre el humo de los gases intentaba, con la ayuda de otra persona, mover un contenedor para refugiarse del ataque institucional. En ese momento levantó la cabeza y vio que un policía lo tenía entre ojos y sin piedad le disparó. Lo que sea que impactó su rostro le destrozó la nariz y los huesos de las mejillas, le reventó un ojo, le tumbó diez dientes y le desprendió el maxilar superior. Ya fue sometido a una cirugía de reconstrucción facial y faltan más. “Solo quería expresar que queremos un cambio, pedir que los jóvenes seamos escuchados, participar en jornadas pacíficas. Pero están tomando como rutina disparar a las personas”, dijo.
La Policía suele argumentar que sus hombres, muy entrenados y capacitados, son seres humanos que pueden actuar llevados por el impulso, presas del pánico, del temor, por el instinto de supervivencia. Pero el civil, el ciudadano, el que se manifiesta, el que marcha, sí debe conservar la calma cuando es atacado por la Policía, serenarse si le apuntan a la cara con un arma policial. Hacer como si nada pasara.
El niño de esta historia, Sebas, nombre que no es el suyo, pero que omitimos para protegerlo, participaba con su primo de una manifestación pacífica el miércoles 5 de mayo de 2021 en el barrio Sevilla, de la comuna 4 de Medellín, Aranjuez, calle 73 con carrera 51D, a unos metros del Parque de la Resistencia. La jornada transcurrió sin novedad. Sin embargo, al llegar la noche todo se puso feo. A eso de las 8 p.m. los primos se retiraron del tumulto que se formó y buscaron un lugar seguro para tomar fotos y hacer videos: era necesario, porque la Policía empezó a mostrar su lado oscuro, indecente, y a punta de golpes y gases intentó dispersar la protesta.
Como es sabido, en Medellín y el resto del país los ciudadanos han protestado desde el 28 de abril para exigir cambios y un futuro más digno para la población. Los jóvenes, por ejemplo, solicitan más y mejores empleos, pues la tasa de desempleo juvenil está en un 24 %.
Sebas, estudiante de bachillerato, y su primo, trabajador independiente, subieron por unas escaleras, se ubicaron en el puente que comunica a la estación Universidad de Antioquia con un centro comercial de la zona, sacaron sus celulares y empezaron a grabar. No pasaron desapercibidos. Varios policías, unos catorce, los vieron y los abordaron. Ellos no huyeron, pues no creyeron que estuvieran haciendo algo indebido.
La mayoría de policías no son sociópatas, solo que a las manifestaciones envían a los que sí lo son. Si estás en una marcha o estás grabando una manifestación y se te acercan más de dos policías, ya es demasiado tarde. Y en ocasiones ni se acercan, porque tienen armas para actuar desde lejos.
Los agentes arremetieron contra los dos jóvenes y les exigieron que entregaran los celulares. Al primo mayor se lo llevaron a un rincón y le revisaron el celular. No encontraron videos ni fotos. El joven pidió que por favor le devolvieran el celular para llamar a un policía amigo, para que les explicara que él, el primo, era un muchacho bueno. “No podés llamar a ningún pirobo, hijueputa, malparido policía. A mí no me vas a amenazar”. En ese momento se le ocurrió al primo mirar con detenimiento a los presuntos agentes. Tenían uniformes de Policía, pero estaban cubiertos con un chaleco anti accidentes de una marca de un club de motos, sin escarapela, sin identificación y no portaban casco ni tapabocas.
Ya lo iban a agredir con las tonfas cuando de otro rincón, más abajo, se escuchó un grito. Los otros agentes le encontraron el celular al niño. “Tenía el celular metido entre las güevas”, dijo uno de ellos. Lo estrujaron y metieron sus manos en las partes íntimas del menor. “Desbloquéelo y muestre los videos” le gritaron.
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Después de ver los videos, los policías empujaron por las escaleras a los primos y los atacaron en el piso con sus tonfas. No hubo diálogo previo. La tonfa es un arma proveniente de China, que reemplazó a la porra o bolillo de los policías. Actualmente es la herramienta que usan los uniformados, debido a la aceptación que las instituciones hicieron de estas armas de defensa y ataque y cuya “efectividad” fue demostrada por expertos en artes marciales para la defensa personal.
Polibanda en acción
De pronto, llegó un policía al que todos saludaron con reverencia. Gracias a él se detuvo la golpiza. El recién llegado les ordenó que dejaran ir a los primos. “Yaper”, dijo uno de los catorce policías agresores, refiriéndose a que “ya perdieron”, pues no les entregaron los celulares, ni la plata, ni sus pertenencias.
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El hecho fue puesto en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación. Y la denuncia por abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto (artículo 416 del Código Penal) fue interpuesta en la Fiscalía del barrio Caribe. Los afectados tienen fotos, un video y mucho dolor.
Medicina Legal examinó a los jóvenes y tras verificar los golpes en sus cuerpos, al menor le dio 22 días de incapacidad y al otro 16 días; las incapacidades son evidencia suficiente de la cobarde golpiza policial que recibieron.
Gas, bolillo y plomo…
Esa parece ser la orden. Tan solo habían transcurrido seis días desde el inicio de las protestas en Colombia el 28 de abril y ya las acciones policiales dejaban 1.190 casos de violencia, 92 personas lesionadas, 26 asesinatos, 672 detenciones y 12 víctimas de agresiones oculares. La Defensoría del Pueblo entregó un reporte el 4 de mayo de 2021, seis días después, en el que señalaba que eran 16 las muertes y 254 los civiles heridos. Sin más detalles.
En un comunicado, la ONG Temblores asegura que hasta el 16 de junio pasado, en cincuenta días de protestas escenificadas en el país, se han registrado 4.285 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública, sin incluir casos de desapariciones. Según la ONG, este año 2021, entre el 28 de abril y el 16 de junio, se verificaron 43 homicidios cometidos presuntamente por miembros de la Fuerza Pública. Pero además, hay sospechas de otros 21 asesinatos. El listado de Temblores señala que 215 personas fueron víctimas de disparos de arma de fuego, 1.832 manifestantes fueron detenidos arbitrariamente, setenta (70) personas fueron objeto de agresiones oculares y que 41 ciudadanos sufrieron afecciones respiratorias relacionadas con el lanzamiento de gases lacrimógenos. En esta compilación no están las 75 personas heridas este 21 de junio en Usme, las 10 agresiones oculares ni la muerte de Fandiño y mucho menos los hechos ocurridos entre el 16 y el 20 de junio en todo el país.
Los artículos 155 y 156 de la Ley 1801 de 2016, conocida como Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, permiten al personal uniformado de la Policía Nacional retirar de un sitio, de un lugar público o abierto al público, “cuando sea necesario” a la persona que altere la convivencia y desacate una orden de Policía dada para cesar su comportamiento, “sin perjuicio de la utilización de otros medios”…
Asimismo, los policías podrán trasladar “por protección” a cualquier persona cuando la integridad de esta o de terceros esté en riesgo o peligro.
Con base en estos dos artículos, que dan lugar a múltiples interpretaciones, la Policía Nacional interviene en las manifestaciones a su antojo, desconociendo el derecho fundamental consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política que reza: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”.
Una ciudad gaseada
El día oscurecía este martes 22 de junio de 2021. Quienes caminaban por la Avenida La Playa, antes de llegar a Junín, sintieron un ardor en los ojos. Eran casi las seis de la tarde y el frío viento del norte de Medellín llegaba al centro de la ciudad cargado de clorobenzilideno malononitrilo (CS), más conocido como gas lacrimógeno. El tapabocas “anti Covid 19” no logró frenar el paso del aire contaminado y esa irritación se sintió también en la nariz.
Nadie, ninguno de los circunstanciales transeúntes, sabía qué ocurría ni cuál era el origen de ese químico perturbador, cuyo uso le ha sido prohibido recurrentemente por los jueces de la República al Gobierno Nacional. Además de los desprevenidos, el gas también lo sintieron los médicos, enfermeras y pacientes de los hospitales cercanos, como la Clínica León XIII o Policlínica, por ejemplo, los meseros, los mecánicos, los conductores, las amas de casa del centro, de Prado y de Moravia, los niños, los abuelos de los balcones, los vendedores ambulantes, los carreteros, los reverendos, los isleros, los cristianos, los ateos, los blancos, los negros, los indígenas. Si en algo es equitativo el Estado es en eso, en atacar a sus administrados sin compasión.
La explicación de esa cruel gaseada estaba en otro lugar de la ciudad. A esa hora, en el Parque de los Deseos, denominado recientemente “el Parque de la Resistencia” por quienes quieren otro país, ubicado entre las calles 71 y 73 y carreras 52 (Carabobo) y 53 (Avenida del Ferrocarril), culminaba una de las marchas que con motivo del Paro Nacional se vienen realizando en Medellín, y en todo Colombia, con el objeto de manifestar el inconformismo con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, por la falta de oportunidades, por la represión policial y por la muerte de Jaime Alonso Fandiño, asesinado al parecer por el Esmad en la localidad de Usme, en Bogotá, este lunes 21 de junio.
Precisamente el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía -Esmad- intervino la manifestación en el Parque de la Resistencia y con gases lacrimógenos -prohibidos por la justicia colombiana e internacional- trató de dispersar la multitud al terminar la tarde del martes. Más de lo mismo, opresión, desmedida coacción estatal, violencia institucional, intervención arbitraria, más manifestantes heridos. ¿Más jóvenes desaparecidos?
Investigan dos casos de desmembrados ligados a la protesta
Hay un rumor macabro. Jóvenes pertenecientes a la Primera Línea de resistencia y que habían sido reportados como desaparecidos, son los mismos que fueron hallados desmembrados el fin de semana anterior en el Valle del Cauca y Risaralda. “Es muy prematuro lanzar conjeturas tan grandes como las que he visto en redes sociales, donde se afirma que estos cadáveres pertenecen a la Primera Línea”, señaló al respecto John Jairo Gómez Aguirre, alcalde de Tuluá, municipio del Valle del Cauca en el que fue encontrado uno de los cuerpos.
El sábado 19 de junio de 2021, en horas de la noche, un sujeto motorizado llegó hasta el corregimiento Agua Clara, del municipio de Tuluá, y en el sector conocido como Callejón del Delirio, dejó abandonada una bolsa negra. Luego escapó. Las autoridades descubrieron que la bolsa contenía una cabeza humana. Medicina Legal pudo establecer que se trataba de la cabeza de Santiago Ochoa, un joven de 22 años que horas antes, en la mañana, salió en su bicicleta. Que el Esmad lo abordó, aseguran en redes sociales. La Policía desmintió esa afirmación y dijo que, al parecer, el hecho estaría relacionado con el negocio de las drogas.
El coronel Jorge Urquijo Sandoval, comandante del Departamento de Policía en el Valle del Cauca, lamentó el hecho, rechazó las acusaciones y ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables de este asesinato. De las otras partes del cuerpo de Santiago no se tienen noticias. Su familia no cree en la nueva versión de la Policía y asegura que el muchacho era buen hijo, buena persona, trabajador y no estaba involucrado en malas prácticas.
El otro caso es el de Kevin Andrés García, conocido como la Chinga, de 15 años de edad. Su cuerpo fue hallado desmembrado y embolsado en el municipio de La Virginia, departamento de Risaralda. Fue asesinado de tres puñaladas en el corazón y ya muerto fue que lo mutilaron, dijo Medicina Legal.
Kevin vivía en el barrio La Milagrosa, en La Virginia, era estudiante y no se conocían amenazas en su contra.
En redes sociales se aseguró que estos dos jóvenes pertenecían a la Primera Línea de resistencia en el Valle del Cauca y Risaralda. La Policía ha desmentido esta versión y, por el contrario, asegura que se trata de hechos ligados con el narcotráfico. Permítannos concluir que en Colombia, según las autoridades, solo hay dos causas de muerte: el que se enferma muere de Covid y al que asesinan es por narcotráfico.
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