Brutalidad policial: Prisión para oficial de Policía acusado de asesinato en protestas

Imagen de El Nuevo Diario.
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Bogotá, 18 junio de 2021.- Un juez colombiano envió a prisión al mayor de la Policía Jorge Mario Molano Bedoya, acusado del asesinato de Santiago Murillo, quien recibió un disparo en el pecho durante una manifestación en Ibagué, capital del departamento del Tolima.

“Jorge Mario Molano Bedoya, mayor de la Policía Nacional, actualmente suspendido de sus funciones en la Metropolitana de Ibagué, en la madrugada de este viernes fue enviado a un centro carcelario de manera preventiva”, expresó la Fiscalía en un comunicado.

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Santiago Murillo es uno de los rostros más visibles de las violaciones de derechos humanos por las que es acusada la Policía de Colombia, responsable, según organizaciones civiles, de actuar con fuerza desmedida contra los ciudadanos que protestan desde el 28 de abril en varias partes del país.

Las protestas dejan, según organizaciones de derechos humanos, unas 74 víctimas mortales, al menos 20 de ellas por disparos de la Policía, mientras que la Fiscalía vincula a las manifestaciones 20 fallecidos.

Con el paso de los días, grupos de jóvenes bloquearon carreteras en puntos estratégicos lo que ocasionó en algunas ciudades desabastecimiento de bienes básicos y medicinas y afectó a la economía y a las empresas.

IMPUTACIÓN CONTRA MOLANO

La Fiscalía imputó al mayor Molano como presunto responsable del delito de homicidio agravado del que fue víctima Santiago Murillo Meneses, asesinado el pasado primero de mayo.

Agentes del cuerpo antimotines se enfrentan a manifestantes el 5 de mayo de 2021, en Bogotá (Colombia). La violencia policial en América es una enfermedad que parece insalvable y que ha penetrado en toda la región pese a las llamadas permanentes al control y al respeto por los derechos humanos. Países como Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Colombia o Chile, han sido escenario de episodios de extremo uso de la fuerza, dejando tras de sí decenas de víctimas. Las protestas en Colombia llevan en los últimos años el nombre de Dilan Cruz, Javier Ordóñez y en estos últimos días el de Marcelo Agredo o Santiago Murillo. Muertos todos ellos en el marco de las manifestaciones que debían ser pacíficas o por la acción de la Policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). EFE/ Juan Páez

“El material de prueba expuesto por el fiscal del caso, entre el que se encuentra el dictamen balístico, evidencia que el proyectil que impactó a la víctima habría sido disparado por el arma del oficial imputado, para entonces comandante de la Estación Policía Norte”, agregó la información.

Según los testimonios recogidos por la Fiscalía, el mayor Molano al parecer estuvo en el lugar de los hechos cuando Murillo se dirigía a su casa.

“También afirman haber presenciado cuando un grupo de personas le pidieron a Molano Bedoya que ayudara a la víctima herida pero habría hecho caso omiso. En el marco de la audiencia se compulsaron copias para investigar presuntos actos de corrupción que se podrían haber presentado”, detalló la Fiscalía.

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, saludó hoy “este avance de la Fiscalía en uno de los homicidios cometidos por la policía durante el paro nacional”.

“Garantizar justicia es clave para garantizar que estos abusos no se repitan”, dijo en Twitter.

EL CASO DE DILAN CRUZ

Por otra parte, la Corte Constitucional decidió hoy que el caso del joven Dilan Cruz, fallecido el 25 de noviembre de 2019 por un proyectil disparado por un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía durante una manifestación pacífica en Bogotá, será juzgado por la justicia ordinaria y no por la Justicia Penal Militar.

“Esta es una decisión que estamos buscando desde diciembre de 2019 cuando la Justicia colombiana remitió el caso a la mal llamada Justicia Penal Militar. Desde entonces, como familia, hemos tenido que padecer obstáculos para que el proceso avance”, expresó la hermana del joven, Denis Cruz, en un video publicado en sus redes.

Cruz, de 18 años, murió por las heridas sufridas en la cabeza por el disparo de un agente del Esmad con una escopeta calibre 12 cuya munición era una bolsa con “múltiples perdigones de plomo”, según un informe forense que consideró el caso como “homicidio” violento.

La muerte de Cruz, ocurrida durante el paro nacional de 2019 contra las políticas económicas del Gobierno colombiano y la violencia, ha motivado múltiples protestas en contra de la brutalidad policial y la impunidad en su caso, así como a favor de las manifestaciones pacíficas. 

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