La violencia fue el personaje del 2021 en Colombia, así lo reportamos desde este portal de noticias – Análisis Urbano – a principios de enero del 2022, y también denunciamos, un aumento de las acciones violentas durante el presente año.
Aunque hubo una alerta previa por parte de la ONG CORPADES y la Agencia de Prensa Análisis Urbano, nadie se esperaba que, en el 2022, la violencia tuviera unos niveles tan altos. Los permanentes vacíos institucionales demuestran la falta de medidas de protección para los líderes sociales y para las comunidades de varias zonas del país.
En lo que va del año 2022, van 21 líderes sociales asesinados, han ocurrido ocurrieron 18 masacres, más de 200 homicidios selectivos, 3 firmantes de la paz asesinados y por lo menos 16 desplazamientos forzados masivos. Esas realidades violentas, son de nuevo el paisaje de los campos colombianos.
Buenaventura es un fiel ejemplo de eso, la repetición de la violencia en el marco de la “Paz con Legalidad” del gobierno de Iván Duque, tienen sometida a la población en una grave crisis en la que siempre pierde la sociedad civil.
Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, al menos 2.800 personas han sido desplazadas de Buenaventura por la difícil situación de violencia. Muchas de las víctimas han debido abandonar todo lo que tienen y partir hacia la ciudad de Cali para salvar sus vidas.
Esas 2.800 personas pertenecientes a las comunidades de Las Colonias, La Esperanza, San Isidro y la comunidad negra de La Brea en Buenaventura, han tenido que irse de sus territorios luego del homicidio de dos integrantes del Consejo Comunitario del Bajo Calima, pero también por las frecuentes incursiones armadas por las disputas territoriales entre las AGC y el ELN, que causan un pánico general. Además de la emergencia, algunas de estas comunidades presentan restricciones a la movilidad.
En diferentes zonas rurales de Buenaventura se han presentado incursiones armadas y enfrentamientos entre grupos criminales. Acciones que afectan principalmente a la población indígena y afrodescendiente, exponiéndola a riesgos constantes.
La Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas registra que, entre noviembre de 2021 y enero de 2022, se viene incrementando la violencia contra la población en esta zona del país.
En noviembre de 2021 tras la incursión armada y la gran presencia de grupos delincuenciales hubo un confinamiento de 800 personas (140 familias) de la vereda de San Isidro y de 140 personas (35 familias) en la vereda Trojita de Buenaventura, las cuales pertenecen a la Comunidad Negra de la Cuenca Baja del Río Calima.
Así mismo, días después, fueron desplazadas 413 personas de la Comunidad Indígena Wounaan Nonam y de la Comunidad Negra de la Cuenca Baja del Río Calima. Este hecho fue ocasionado por constantes enfrentamientos entre grupos armados con interposición de la población civil. Y en diciembre, nuevamente los diferentes grupos armados restringieron la movilidad de estas mismas comunidades.
Cabe mencionar también, que el 10 de enero de 2022 se presentó otra incursión armada en las mismas veredas, los grupos amenazaron e intimidación a toda la comunidad.
El pasado 29 de enero del 2021 la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana N° 003-21 por el inminente riesgo sobre la situación de derechos humanos para el Distrito de Buenaventura, en especial para los barrios de la cabecera municipal ubicados en las comunas 7, 10, 11 y 12 y el Corregimiento 8.
Según la Defensoría del Pueblo en la zona hay frecuentes disputas por el control territorial entre AGC, ELN, las Disidentes, Los Shotas, Los Espartanos y la denomina La Local.
La ruptura interna «La Local» configuró la división de dos estructuras ilegales: Los Shotas y Los Espartanos. Estas se encuentran enfrentadas por el dominio del territorio, desde el pasado 30 de diciembre del 2020 y mantienen en un alto riesgo a la población civil.
Además, se presentan hechos como el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, desplazamiento forzado, extorsión, secuestro, violencia basada en género, amenazas, homicidios selectivos, enfrentamientos con interposición de la población civil, desaparición forzada y posibles hechos como masacres. El control real está en manos de la criminalidad.
Durante el año 2021 ocurrieron 193 muertes violentas en Buenaventura con una tasa de 43.1 casos por cada cien mil habitantes. 189 fueron hombres, 4 mujeres. El drama de estas comunidades trae a la memoria de sus habitantes la situación que vivían en las peores épocas de la violencia del país.
En el país se desvanece la paz. Las cifras de la violencia así lo indican: 1.303 defensores de derechos humanos asesinados desde la firma del acuerdo de paz, 902 casos durante el mandato de Iván Duque.
El Gobierno de Iván Duque Nacional se muestra completamente indolente con la situación del país. Cada uno de los años 2020 y 2021 dejan más de 90 masacres y seguimos siendo el país con más desplazamientos forzados del mundo.
Desplazamientos en Colombia 2020 y 2021
Cada año es más alta la cifra de víctimas en el país, y aún no hay estrategias contundentes para brindar protección y garantías y así frenar estos ríos de sangre. A Duque realmente no parece importarle la realidad que viven los colombianos, aquí asesinan defensores de derechos humanos constantemente y no pasa nada, además las masacres son un riesgo latente que alerta a la comunidad.
Los índices de violencia que dejará el gobierno de Iván Duque, son dramáticos por haber hecho trizas los acuerdos de paz como un día lo prometió. Duque deja un país en guerra, sin una política clara de seguridad para la no repetición de la violencia y completamente entregado a la criminalidad.
Además, en territorios como Arauca, Chocó, Catatumbo, Putumayo, Nariño, Vichada, Caquetá y, por supuesto Buenaventura, seguirán produciéndose víctimas fatales de una violencia que el Gobierno no quiso atender con toda la seriedad.
Desde Análisis Urbano hemos dado suficientes puntadas para la superación del conflicto a través de leyes aterrizadas para el sometimiento de las estructuras armadas y la democratización de la seguridad en el país, pero parece que hay sectores poderosos interesados en prolongar una guerra que es necesaria para mantenerse en el poder.
En palabras del gran Jesús Abad Colorado “El silencio de los fusiles hizo que escucháramos el ruido de la corrupción, por ello, vuelven a sonar los fusiles, para silenciar la corrupción”.
Mientras tanto, estos hechos de violencia solo seguirán siendo las cifras del paisaje.
#SosBuenaventura
APUNTE URBANO-RURAL
- La Fiscalía General de la Nacion advierte que el municipio de Buenaventura es el de mayor riesgo en materia de delitos electorales y de seguridad.
- Según Fabio Gómez Cuama líder comunitario, en Buenaventura se concertaron 10 obras PDET con las comunidades. De estas el Gobierno Nacional dijo que solo se implementarían 8, pero solo hay una con avance real. ¿Gobierno no le apuesta a la Paz en Buenaventura?