Un preocupante balance hizo este jueves el Comité Internacional de la Cruz Roja, durante la presentación oficial de su informe anual. Hablar de posconflicto en el país es lejano e ilusorio. En medio del reordenamiento de grupos armados, se han fortalecido las dinámicas de violencia que el país soñaba con dejar atrás después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, entre las Farc y el Gobierno.
“La realidad es que en Colombia no se puede hablar de posconflicto: actualmente, no hay uno, sino al menos cinco conflictos armados en el país (cuatro de ellos entre el Estado colombiano y grupos armados organizados, a saber, el ELN, el EPL, las AGC y las estructuras de las FARC-EP del antiguo Bloque Oriental que no se acogieron al proceso de paz, y el quinto, que enfrenta al ELN con el EPL). Estos conflictos armados, sumados a la violencia ejercida por grupos de distinta naturaleza en el campo y en las ciudades, siguen marcando el día a día de millones de colombianos”, sostuvo Christoph Harnisch.
La Unidad de Víctimas, por ejemplo, registró un significativo aumento de desplazamientos masivos. El número de personas afectadas ha aumentado en los últimos siete años, de acuerdo con el seguimiento de las Unidad para las Víctimas. El incremento es enorme. El aumento entre 2017 y 2018 es del 90%. Se pasó de un registro de 14.594 a 27.780 personas.
Así como el número de víctimas de minas antipersonal y de artefactos explosivos se triplicó. Por ejemplo, en una entrevista previa Harnisch detalló que en 2018 la Cruz Roja Internacional registró 221 víctimas por artefactos explosivos. Un incremento del 287,7 % respecto a las víctimas registradas en 2017. Estos artefactos explosivos están afectando más a civiles que a militares. “Esta es una tendencia nueva muy negativa. Son herramientas que matan de manera silenciosa, porque muchas de estas víctimas son muy desconocidas. Es la población humilde de las zonas donde tienen presencia los actores armados”, aseguró.
“A esta tendencia, se suma una vergonzosa lista de abusos que parecen lejos de acabarse: homicidios selectivos, amenazas, desapariciones, violencia sexual, uso de menores de edad por parte de todos los actores armados, irrespeto a la Misión Médica, entre otros”, dice el informe y cuenta que solo el año pasado, la CICR ayudó a más de 170 familias a cubrir los gastos fúnebres de su ser querido fallecido en medio del conflicto. “Si bien mantendremos el apoyo y la orientación a las víctimas en la medida de nuestras capacidades, el Estado debe actuar con diligencia para detener este caudal incesante de violencia”, menciona.
La desaparición forzada continúa
Desde la firma del Acuerdo Final de paz, en noviembre de 2016, el CICR ha documentado un nuevo caso de desaparición relacionado con el conflicto y con la violencia armada cada cuatro días. “Pudimos constatar que todos los actores armados presentes en el país aún utilizan la desaparición en el marco de sus acciones. Nuestros datos representan solo una pequeña parte de lo que sucede en todo el territorio nacional”, agrega el documento. El fenómeno es enorme, ya que solo el Centro Nacional de Memoria Histórica ha registrado 80.000 personas dadas por desaparecidos en el conflicto armado.
El enorme desafío de migrar con dignidad
“La niña se me murió en los brazos”, dice Moisés, un migrante venezolano entrevistado por CICR, al relatar el momento más duro de su ruta en Colombia. Cuando caminaban por el páramo de Berlín (Norte de Santander), la nieta de una de las migrantes con quienes viajaba falleció de hipotermia. Hoy, trabaja como voluntario en un refugio que llega a recibir hasta 200 personas por día. El relato dimensiona la realidad humana de miles y miles de migrantes que necesitan de forma urgente atención. En especial, acceso a la salud, a la higiene y al agua. “A lo largo de la ruta, se ven expuestos a múltiples riesgos –como la extorsión, la explotación laboral o sexual, los abusos y las amenazas físicas y psicológicas–, así como a la presencia de grupos armados. Algunas personas han perdido el contacto con sus familiares; otras quedan separadas en el camino”, informa el CICR.
Crisis carcelaria
Otra de las alarmas del CICR está puesta en la honda carcelaria que enfrenta el país. “Lamentablemente, en 2019 debemos reconocer que los avances no han sido suficientes. El hacinamiento, el deficiente acceso a la salud, los escasos proyectos de resocialización y las deplorables condiciones de numerosos establecimientos son apenas la punta del iceberg”, mencionan y reconocen que “sin una clara voluntad política y si no se superan posiciones ancladas en el punitivismo desproporcionado, el país difícilmente alcanzará un marco normativo e institucional coherente y eficaz”.
En conclusión, las promesas de una vida mejor suenan muy lejanas para los habitantes de la Colombia que aún vive la violencia o migran por necesidad. Por eso el CICR recomienda que es muy importante que el Estado “tenga una presencia integral, más allá del pie de fuerza, en las regiones donde más se lo necesita. Los portadores de armas, por su parte, deben asegurar que sus integrantes respeten a la población civil y la mantengan al margen de las hostilidades”. Definitivamente, para que la situación cambie, se necesita el compromiso y la voluntad del Estado, de los grupos armados y de la sociedad civil en su conjunto. “Colombia puede, y debe, ser un país donde el temor y la violencia no condicionen el día a día de millones de sus habitantes”, aseveró el director en Colombia del CICR.
Tomado de El Espectador Colombia2020