VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA. (9 DIC 2024) – Ocho presuntos responsables de extorsionar a comerciantes de una plaza de mercado en Tuluá fueron judicializados gracias al material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación.
Los hechos
Según las investigaciones, los imputados habrían utilizado cuentas bancarias a su nombre para recibir los dineros producto de las extorsiones. En total, se les atribuyen más de 30 casos, donde las víctimas eran intimidadas a través de videollamadas y mensajes de texto. Las amenazas se realizaban en nombre del grupo criminal La Inmaculada, y las exigencias económicas oscilaban entre 80.000 y 2 millones de pesos.
Capturas y medidas
Los judicializados son:
- Kevin Andrés A.
- Juan Guillermo M. V.
- Jeferson Stiven A. B.
- Juan Camilo C. Q.
- Valentina G. T.
- Andrés Mauricio G. A.
- Francisco Javier Q.
- Leidy Julieth N. M.
Durante las diligencias de registro y allanamiento, las autoridades incautaron celulares y un arma traumática.
Un juez de control de garantías les imputó el delito de extorsión agravada. Aunque ninguno de los procesados aceptó los cargos, se les impuso medida de aseguramiento en sus respectivos domicilios.
Justicia para los comerciantes
La Fiscalía destacó la importancia de denunciar este tipo de delitos para frenar las actividades extorsivas que afectan la economía local y generan zozobra en la comunidad. Las investigaciones continúan para determinar si los procesados están relacionados con otros hechos similares en la región.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.