Unas 115 mil personas habitan la provincia cordobesa del Alto Sinú, constituida por los municipios de Tierralta y Valencia. Todas ellas se han visto afectadas por décadas por un conflicto que cambia de protagonistas, pero no de escenario.
La violencia que los acompaña se explica por el abandono en que el Estado los ha tenido por muchos años. El control social está en manos de los grupos armados al margen de la ley. En consecuencia, la presencia estatal se limita a la bota militar, que de poco o nada ha servido. Allí se promete en campaña y se incumple después de elecciones. Los campesinos, víctimas de ese abandono, se obligaron a sembrar hoja de coca para sobrevivir.
El Gobierno del presidente Santos les prometió que si cambiaban los cultivos ilegales, les garantizaba una asistencia técnica para proyectos productivos sostenibles de ganadería doble propósito, cacao, piscicultura, frutales y especies menores. Proyectos productivos que recibirían el apoyo de ese Estado y de la empresa privada y que les aseguraría no solamente su protección alimentaria sino una actividad lícita y rentable que mejoraría sus condiciones de vida. Pura poesía.
En Tierralta se estima que hay unas 2.700 hectáreas sembradas con hoja de coca. Dice el Gobierno actual que cerca de 3.800 familias, incluyendo cultivadores, no cultivadores y recolectores, están ubicadas en zonas ambientalmente protegidas y que eso ha hecho más complicado llegar a acuerdos. Un cuello de botella, aseguran en Bogotá, porque los campesinos están en una reserva forestal, por los resguardos indígenas Embera y por las zonas de cultivo en la represa de Urrá, una entidad público-privada.
Los labriegos aguantan hambre. Los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos que denuncian lo que sucede, son amenazados, desplazados y en el peor de los casos, asesinados.
Con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), definido en el Acuerdo Final de paz firmado entre el Estado y las Farc en noviembre de 2016, se les prometió calidad de vida. Pero les incumplieron. Otra vez les quedaron mal.
Por ello, desde el pasado 27 de febrero, los campesinos del Alto Sinú se han movilizado para pedirle al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos. Es una movilización pacífica, en uso legítimo de la protesta social. El Estado, con su bota militar, ha querido impedirla.
Que se cumpla con lo prometido. No piden otra cosa. Confían en que se pueda avanzar en la implementación total del acuerdo convenido y puesto en marcha para ese fin. “Confiamos en que, tras un hábil proceso de concertación entre el Estado Colombiano y nuestra organización campesina, se logren saldar las deudas y atrasos del PNIS para así avanzar decididamente hacia la construcción de un nuevo campo colombiano en el marco de la Reforma Rural Integral”, manifestó la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, Asodecas, en un comunicado.
Este domingo 10 de marzo, los campesinos saldrán de nuevo a la calle, a manifestarse pacíficamente, para exigir del Estado la celeridad en la implementación de los acuerdos del Pnis.
“Nos movilizamos, haciendo uso de la protesta social pacífica. El 6 de abril del 2017 se firmó un acuerdo en el municipio de Tierralta, Córdoba, reconociendo como beneficiarias a tres mil cuatrocientas cuarenta y cinco mil (3.445) familias (núcleos). Y no se ha cumplido. El campesinado en movilización social, hará resistencia al lado de la vía que conecta al municipio de Tierralta con Montería, a la altura de La Apartada del municipio de Valencia”, anuncia Asodecas en el escrito.
Aclaran que en desarrollo de la protesta “no han robado reses, no han quemado potreros, no han saqueado camiones y mucho menos han generado actos hostiles violatorios de los derechos humanos. Mucho menos se ha usado la fuerza y las vías de hecho por iniciativa propia, se ha respondido a actos de saboteo y provocación por parte de agentes del Estado”.
También denuncian que el alcalde de Tierralta, Fabio Leonardo Otero Avilés, les incumplió una promesa particular, una que hizo para lograr que los manifestantes desbloquearan la vía y continuaran su protesta a un lado de la carretera. “En el marco de la primera reunión de concertación, el alcalde Otero se comprometió a apoyar las condiciones sanitarias plenas del refugio humanitario como acuerdo de buena voluntad para desbloquear la vía y sostenerse al lado de la vía mientras se surtan los espacios de negociación. Hoy requerimos que ese compromiso se cumpla”, agrega el comunicado.
Para la movilización de este domingo 10 de marzo de 2019, la Asociación requiere y solicita el acompañamiento de la Personería Municipal, la Defensoría de Pueblo y los órganos policiales de control y acompañamiento del distrito cuatro.
“También requerimos que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, realicen el acompañamiento necesario con el fin de no criminalizar a los líderes y lideresas de nuestra movilización campesina y actuar acorde a la voluntad dispuesta y escrita en el acta 001 del 1 de marzo del 2019 en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo”, puntualiza el comunicado.
