Una familia campesina de Cimitarra (Magdalena Medio) pidió que le devolvieran la finca que tuvo que vender en los años 90, cuando un posible testaferro de un capo del cartel de Medellín se las compró escoltado por hombres armados. Años después, la finca terminó en manos de Incarare, y el Tribunal solicita que la Fiscalía indague a esa compañía.
Existe una empresa muy importante en Santander: Inversiones del Carare S. A. S. (Incarare). Su negocio es la ganadería, incluyendo la cría de ganado bovino y bufalino, y hace parte de un conglomerado corporativo vital para la economía regional, en cabeza de Incubadora Santander, cuya punta de lanza es una marca muy reconocida por los santandereanos: Huevos Kikes. En el listado de propiedades de Incarare figura una finca de 72 hectáreas llamada Villa Javier, en Cimitarra, municipio del Magdalena Medio, propiedad que acaba de perder en un proceso de restitución de tierras.
Según la demanda presentada por la Unidad de Restitución de Tierras, Misael Gutiérrez Cadena vivió en Villa Javier desde 1969, primero con un tío —quien falleció— y luego con Gloria Moreno Mosquera, su compañera y madre de sus cinco hijos. Allí sembraban cultivos de pancoger como yuca, plátano y maíz. La tierra les daba lo que necesitaban para vivir. Sin embargo, en los años 80, la violencia del país se instaló con fuerza en el Magdalena Medio y los Gutiérrez Moreno fueron testigos de ello. Primero, con la guerrilla, que al pasar por su propiedad les exigía comida.
Luego apareció el grupo MAS (Muerte A Secuestradores): integrantes suyos empezaron pidiéndole a Misael Gutiérrez que les abriera espacio para dormir en su finca y terminaron exigiéndole que desocupara la casa. Gutiérrez prefirió su vida y la de su familia e hizo caso. En los años 90, los paramilitares eran amos y señores de la región: no en vano Puerto Boyacá se autoproclamaba como la capital antisubversiva de Colombia. “La familia comenzó a ver cadáveres que bajaban por el río Carare”, anotó la Unidad de Restitución, que reconoció los ataques indiscriminados de estos grupos a la población civil.
La finca de Misael Gutiérrez, como tantas otras a lo largo y ancho del país, no estaba oficialmente a su nombre. Era un colono. En 1994, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) se la adjudicó “ante el cumplimiento de los requisitos legales”. Pero, también por esa época, ya un hombre identificado como Gustavo López se movía por toda la zona como intermediario de personas interesadas en comprar tierras en el Magdalena Medio. “El patrón”, le dijo López a Misael Gutiérrez, había comprado los terrenos colindantes y quería también Villa Javier. Él se negó. López le ocupó ilegalmente un pedazo.
“Me va a vender la finca o qué vamos a hacer”, contó Misael Gutiérrez que le dijo Gustavo López, acompañado de hombres encapuchados y armados. Misael Gutiérrez aceptó entonces vender su finca por $70 millones. López le dijo que le daría $40 millones: “Tómelos o déjelos”. En 1998, la propiedad se transfirió a nombre de Sociedad Ganados S. A., cuyo representante legal era López. En la escritura pública quedó registrado que el negocio se hizo no por $40, sino por $30 millones. “Misael se desplazó con su familia para Puerto Araújo, donde tenían un lote con una modesta vivienda”, le dijo la Unidad de Restitución a la justicia.
Cuando llegó el turno de explicar su compraventa de Villa Javier, Incarare invocó “buena fe exenta de culpa”. Les dijo a los jueces que adquirió la propiedad en 2009, “después del presunto desplazamiento y que en ese momento no concurría elemento alguno que le permitiera siquiera inferir que había preexistido causa que atentara contra la validez del contrato de compraventa que celebró con Ganados S. A.”. Asimismo, que era “era ajena (…) a las situaciones de violencia que se vivieron en la época, de lo que coligió que no había nexo causal entre el conflicto armado y el negocio jurídico celebrado”.
Incarare sostuvo que el hecho de que la guerrilla y los paramilitares hubieran permanecido tanto tiempo en la zona, sumado a que “los peticionarios utilizaban el mismo río por donde transitaban estos grupos y se encontraban restos mortales”, era suficiente para concluir que “que pese a la situación que se vivía en la zona, si fuera cierta, el motivo de la venta fue ajeno a la presencia de estos grupos armados”. No obstante, tanto los jueces como la Procuraduría refutaron el manto de duda que puso Incarare sobre la barbarie guerrillera y paramilitar que azotó al Magdalena Medio por décadas.
“(Está) acreditado que el orden público en el municipio de Cimitarra estuvo gravemente afectado por la presencia de grupos armados al margen de la ley”, señaló el agente del Ministerio Público designado al caso. El funcionario admitió que no había más prueba que la versión de la familia Gutiérrez Moreno, pero señaló que, aun así, se cumplían los requisitos de los que habla la Ley de Víctimas para reconocer un despojo. Expresó, también, que Incarare no tenía relación con los hechos violentos, pero que esa no era excusa para desconocer el contexto del Magdalena Medio. “Le faltó diligencia y cuidado”.
“Una averiguación menos superficial con los pobladores de la zona le habría permitido constatar que ahí se vivieron situaciones relacionadas con el conflicto armado y en especial las que afectaron directamente a la familia Gutiérrez Moreno”, dijo la Procuraduría. Aun así, este organismo pidió que se reconociera la buena fe exenta de culpa de Incarare y que, si no era así, el bien pasara al Fondo de la Unidad de Tierras para utilizarse “en su objeto social”. La justicia, sin embargo, no estuvo de acuerdo con esa postura de la Procuraduría. Mucho menos con la de Incarare.
Con base en documentos de la misma Unidad, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cúcuta describió la dinámica de la violencia en el Magdalena Medio y en Cimitarra: a partir de 1965 predominaron tres frentes de las Farc, en los años 70 surgió la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam) “como fachada para manejar diversas estrategias del paramilitarismo”.
Y continuó: “el MAS y los paramilitares tejieron nexos profundos con el Ejército, luego llegaron el mercenario israelí Yair Klein y el esmeraldero Víctor Carranza. En 1987, 19 comerciantes fueron desaparecidos —caso por el que la Corte Interamericana ya condenó a Colombia— y, en 1990, fueron masacrados tres integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare en el bar restaurante La Tata, uno de los más populares de Cimitarra, junto a la periodista Silvia Duzán. Entre los años 80 y los 90, los jefes paramilitares Ramón Isaza, Henry y Gonzalo Pérez y Carlos Castaño eran los verdaderos mandatarios de la región”.
Los pobladores del área donde está Villa Javier declararon que Gustavo López era un “agente” de un narcotraficante del cartel de Medellín —en el Magdalena Medio estaba también la famosa hacienda Nápoles, de Pablo Escobar— y que ambos se beneficiaron de la violencia del MAS y de los paramilitares. Luego, dijo el Tribunal, en la finca colindante funcionó una sociedad de la que hacía parte Gustavo Tapia Ospina, conocido como Techo o Alejandro, antiguo integrante del cartel de Medellín que, según el periodista Daniel Coronell, fue condenado en Estados Unidos a once años de prisión.
Después de comprobar el drama que vivieron miles de habitantes de Cimitarra, el Tribunal de Cúcuta ordenó que la Unidad de Tierras les dé a los Gutiérrez Moreno “un inmueble rural o urbano por valor equivalente”. Incarare, que adquirió 1.569 hectáreas en la región, pidió compensación o ser reconocida como segundo ocupante; el Tribunal dijo no y pidió que el bien pasara al Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras, cuya entrega material deberá hacer Incarare en compañía de la fuerza pública. A la Policía le dejó una tarea especial: garantizar la vida de estos campesinos; y a la Fiscalía, indagar si Incarare incurrió en algún delito al adueñarse de Villa Javier.
Tomado de El Espectador
