San Salvador, 15 de noviembre de 2022.- Un grupo de campesinos de la zona del Bajo Lempa, en el oriente de El Salvador, exigió este martes en la capital la liberación de cientos de sus familiares detenidos «arbitrariamente» y rechazó la octava prórroga del régimen de excepción, vigente desde finales de marzo.
«Rechazamos rotundamente el régimen de excepción. Esta es la medida que ha venido a violentar los derechos de la población en el país y en el Bajo Lempa», dijo a EFE Salvador Ruiz, representante de los afectados.
Indicó que el régimen, lanzado por el Gobierno de Nayib Bukele como medida contra las pandillas y que ha dejado a más de 57.000 detenidos, ha dejado sin defensa a los detenidos.
Tras una escalada de homicidios a finales de marzo, el Congreso aprobó la medida que suspende varios derechos constitucionales y que se espera se prorrogue este martes por octava vez.
Ruiz lamentó que «mientras el régimen persista, los familiares van a estar ahí sin información» y «sin que los abogados puedan hacer nada».
«Hemos escuchado de los familiares que desde que empezó el régimen no saben si los detenidos están desaparecidos, están muertos, en qué circunstancias los tienen», indicó.
Advirtió que, de seguirse prorrogando el régimen de excepción, la situación de los derechos humanos «seguirá agravándose en el país» y señaló que solo en su comunidad son más de 300 detenidos y han presentado 111 hábeas corpus a la Corte Suprema.
Ruiz llamó a «cambiar la política represiva» del Gobierno, dado que «no son efectivas» y afirmó que las supuestas violaciones a derechos humanos atribuidas a las fuerzas de seguridad y el Gobierno es «violencia del Estado».
Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reafirmó su preocupación por las «detenciones masivas y presuntamente arbitrarias» en el marco de este régimen de excepción, que a siete meses de vigencia ha dejado más de 57.000 detenciones y 7.400 denuncias de atropellos.
La CIDH también recalcó su preocupación por la muerte de personas detenidas durante el régimen de excepción y «las denuncias de tortura y malos tratos en centros bajo custodia del Estado».
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, dijo la semana pasada que la muerte de unas 90 personas detenidas es «normal» y negó que en la prisiones se den torturas en el marco del régimen de excepción.
EFE
